Veredicto: INSOSTENIBLE
Por Luis Alberto González | Centro de Periodismo Investigativo
La gobernadora Jenniffer González dio a conocer que solicitó a la rama ejecutiva estadounidense que retire la Reforma de la Policía de Puerto Rico, un acuerdo judicial que existe desde 2013 “para asegurar que la PPR ofrezca servicios policiacos que respeten los derechos civiles”.
“Yo le pedí a la administración del Presidente [Donald] Trump, a su Casa Blanca y a su directivo [del Departamento] de Justicia [federal] que sacaran a Puerto Rico de la Reforma de la Policía. Y hay otros pleitos que pudieran estar ahí, pero este, obviamente, es más importante para nosotros”, dijo González en conferencia de prensa. Hizo estas expresiones en el contexto del anuncio de la administración de Trump de no continuar con los acuerdos, investigaciones o supervisión de más de 20 departamentos policiales acusados de violaciones de derechos civiles.
El Acuerdo para la reforma sostenible de la Policía de Puerto Rico se firmó en 2013 y contiene 301 requerimientos con los que el Gobierno tiene que cumplir para modificar cómo se trabajan asuntos como el “uso de fuerza excesivo”, “uso de fuerza irrazonable y otra conducta impropia dirigida a suprimir el ejercicio de libertad de expresión” y “registros y allanamientos irrazonables”, todos en violación a la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico.
Sin embargo, la solicitud de la Gobernadora para eliminar el acuerdo no contempla que el caso local ante el juez Francisco Besosa en la Corte de Distrito federal ya terminó desde el 18 de julio de 2013 y se encuentra en la etapa de cumplimiento, según explicó al CPI el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés), Fermín Arraiza. En 2012, la ACLU presentó una demanda por violaciones de derechos civiles después de «muchas denuncias de parte de distintos grupos, incluyendo inmigrantes que eran objeto de intervenciones basadas en un perfil racial, y los casos de registros y allanamientos ilegales en Loíza, Villa Cañona y otros barrios». La organización de derechos civiles se mantuvo en el pleito como amigo de la corte hasta 2019.
Tras ese recurso judicial, el Departamento de Justicia federal presentó su demanda, que dio paso a la actual reforma policial. La ACLU solicitó desistir de su caso y permaneció como amigo de la corte hasta el 2019, cuando se retiró «por serias diferencias con el juez Gustavo Gelpí».
“La Gobernadora está haciendo alusión a las expresiones que ha hecho el Presidente Trump con relación a otros acuerdos y otros pleitos que están pendientes sobre reformas de la policía en varias ciudades. Pero muchos de ellos son pleitos que están pendientes en los tribunales, donde no hay un acuerdo con un consent decree [acuerdo de consentimiento]”.
“En este caso, quien tiene la autoridad para evaluar el cumplimiento y determinar si se debe cerrar el caso o no, porque se ha cumplido con el acuerdo que se suscribió entre el Departamento de Justicia federal y el Negociado de la Policía de Puerto Rico, es el juez Besosa en este momento”, añadió.
Arraiza sostuvo que “si la Gobernadora pretende dejar sin efecto un acuerdo judicial, pues ella se lo va a tener que plantear al Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, que es el que tiene la última palabra. La última palabra en esto no la tiene el Presidente de Estados Unidos, la tiene el Tribunal Federal”.
El CPI solicitó el viernes a La Fortaleza una reacción, para saber si González conocía que es el juez Besosa quien tiene la última palabra para terminar el acuerdo; si va a hacer una petición directa al tribunal o a esperar que lo haga el Presidente Trump o Justicia federal; y qué pasos, si alguno, va a seguir tras la solicitud sometida por González. Al cierre de este chequeo de datos, La Fortaleza no había contestado.
Sin embargo, el Comisionado de la Policía, Joseph González, reconoció este sábado que la determinación está en manos del juez federal a cargo de velar por el cumplimiento del acuerdo.
“El acuerdo va a ser revisado, puede ser que quede cancelado como modificado, pero al final del día es una determinación del Departamento de Justicia [federal] si va a seguir con eso y una determinación del juez que está a cargo del caso, que es el juez de Besosa”, afirmó González.
Añadió que, mientras tanto, “en la Policía de Puerto Rico vamos a seguir cumpliendo con todo lo que tiene que ver con la Reforma. La Reforma ha traído cosas buenas en cuestiones de derechos civiles, en cuestiones de trainings (adiestramientos), en cuestiones de tecnología. Si la Reforma se va, eso no indica que nosotros de un día a otro vamos a dejar de hacer eso”.
El acuerdo establece que la Policía tendría 10 años para crear los mecanismos de cumplimiento y, luego de eso, podría solicitar su terminación demostrando que la agencia “se encuentra en pleno y efectivo cumplimiento de este acuerdo y que se ha mantenido cumpliendo por un período mínimo de dos años consecutivos”.
Pero en ninguno de los once informes que ha emitido el monitor federal impuesto tras el caso judicial se ha demostrado cumplimiento a cabalidad con los 301 requerimientos. El CPI intentó obtener una reacción por vía telefónica del Monitor federal pero, según su oficina, no emiten comentarios a la prensa sin que medie una autorización del juez Besosa. Un correo electrónico para solicitar la autorización no fue respondido al cierre de esta historia.
En su más reciente resumen ejecutivo, publicado en septiembre de 2024, el monitor evaluó 177 de los 301 renglones de cumplimiento. La Policía incumplió con 22 de estos; cumplió parcialmente con 99, y «sustancialmente o en su totalidad» con 51 de las exigencias del acuerdo.
El acuerdo judicial define «cumplimiento pleno y efectivo» como “una exigencia de cumplimiento sostenible de todos los requerimientos de este acuerdo, o un mejoramiento sostenible y continuo de las prácticas policíacas constitucionales, demostrado conforme a lo dispuesto en las mediciones de resultados del acuerdo”.
“Estamos muy lejos de esa etapa [de cumplimiento total para pedir la terminación del acuerdo]. Yo sé que hay grupos que han criticado la Reforma con mucha razón. A mí me parece que es un mecanismo muy útil en un principio donde se lograron por lo menos redactar todas estas órdenes generales para establecer un marco de comportamiento policíaco para poder aspirar a tener una policía comunitaria. Eso nunca se ha logrado y definitivamente, aunque la Reforma no sea perfecta, en caso de que se elimine…, Puerto Rico estaría dando para atrás más de una década en términos de logros y de reconocimiento de unos derechos civiles que necesitamos en el momento en que nos enfrentamos con las autoridades”, afirmó Arraiza.
Debido a que el caso ante el juez Besosa está cerrado y se encuentra en etapa de cumplimiento del acuerdo judicial que establece que la Policía tiene que evidenciar que todos los requerimientos han sido cumplidos para poder terminar el acuerdo con autorización del magistrado, la afirmación de que el ejecutivo federal pueda sacar a Puerto Rico de la Reforma de la Policía a solicitud de la Gobernadora resulta INSOSTENIBLE.
