La exsenadora por Mayagüez Aguadilla, Migdalia González Arroyo, autora de la ley de feminicidio y transfeminicidio el pasado cuatrienio, reaccionó sorprendida ante la decisión emitida ayer viernes por tres jueces del Tribunal de Apelaciones declararon inconstitucional un aub-inciso del delito de feminicidio por encontrar que alegadamente vulnera el debido proceso de ley de un acusado por el asesinato de su esposa, en Villalba.
González señaló que en dicho caso, la hija de la fallecida había declarado, en la vista preliminar del caso, que era víctima de un patrón de violencia doméstica. “Como autora de la Ley 40-2021, levanto mi más fuerte indignación ante la insólita
decisión de un panel del Tribunal de Apelaciones que declara inconstitucional parte del Artículo 93(e)(5) del Código Penal. Esto es terrible para las mujeres. Como ciudadana comprometida con la erradicación de la violencia de género, hay que levantar la voz ante una mala, malísima determinación”
La también doctora en Recursos Humanos expuso que “los hechos acaecidos hoy lo confirman con crudeza: en Mayagüez un joven de 18 años llegó a la comandancia con el cuerpo de su pareja asesinada, una joven de 22 años identificada como Glerys Marie del Valle Valentín. En Guayama, otro caso reportado como feminicidio-suicidio cobró la vida de Glenmarie Fonseca Olavarría, de 26 años y su pareja Kelvin Anaya Torres de 34 años. ¿En qué país están viviendo estos jueces?”, cuestionó González Arroyo.
Para la exsenadora, estos acontecimientos demuestran que la crisis de feminicidios y trans feminicidios está cobrando más vidas, y que cualquier debilitamiento de las medidas legislativas es un grave revés para la protección de las mujeres en Puerto Rico. La cláusula del Artículo 93(e)(5) que fue declarada en parte inconstitucional por los jueces, porque alegadamente vulnera la presunción de inocencia y elimina el debido proceso.
“Más bien, se reconoce que muchas víctimas de violencia de género no denuncian al agresor y se permite que los tribunales evalúen otros indicios de violencia previa. Esta disposición fue instaurada en respuesta a múltiples informes que documentaron patrones de violencia no denunciados. Por ello, hago un llamado al Departamento de Justicia de Puerto Rico para que recurra la decisión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico con carácter de urgencia y preserve íntegramente la ley. No se puede permitir que la protección del Estado frente a feminicidios sea debilitada por una interpretación restrictiva”, finalizó la ex senadora.
