La senadora del Distrito de Mayagüez-Aguadilla, Karen Román Rodríguez, presentó la Resolución del Senado 336 para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones actuales de las instituciones correccionales ubicadas en el Oeste, específicamente el Centro de Detención del Oeste en Mayagüez y la Institución Correccional Guerrero en Aguadilla.
La medida busca examinar el estado físico y estructural de las instalaciones, la calidad de los servicios médicos y alimentarios, el nivel de salubridad e infraestructura, así como las condiciones en que se realizan las visitas familiares. Román Rodríguez destacó que el propósito de esta investigación no es señalar culpables, sino garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas recluidas en el sistema penal.
“He recibido denuncias preocupantes sobre las condiciones que enfrentan confinados en el área oeste, incluyendo deficiencias en servicios esenciales y limitaciones para recibir visitas de sus familiares. Estas instituciones deben operar con respeto a la vida, la salud y la rehabilitación de cada ser humano. Mi deber es asegurar que el sistema cumpla con su función social y constitucional”, expresó la senadora Román Rodríguez.
La resolución faculta a la Comisión a realizar vistas públicas y ejecutivas, visitar los establecimientos, requerir informes al Departamento de Corrección y Rehabilitación, y citar testigos para obtener una radiografía completa de la situación.
Román Rodríguez enfatizó que el Senado tiene la obligación moral y constitucional de velar por el funcionamiento adecuado del sistema correccional, y que los hallazgos de esta investigación podrían derivar en recomendaciones legislativas y acciones correctivas inmediatas.
“El Oeste también merece instituciones seguras, limpias y humanas. Queremos que los confinados tengan acceso a servicios médicos adecuados, alimentos dignos y condiciones que les permitan rehabilitarse verdaderamente”, concluyó la senadora.
La Comisión deberá rendir un informe con hallazgos y recomendaciones dentro de un término de 90 días a partir de la aprobación de la medida.
