Por: Dr. Edgar León
En una era donde la tendencia global apunta hacia administraciones gubernamentales más ágiles, tecnológicamente avanzadas e interconectadas, Puerto Rico parece moverse en dirección contraria, expandiendo una burocracia que sofoca tanto el servicio público como el desarrollo económico de la isla.
Mientras muchas naciones avanzan hacia modelos de gobierno más reducidos y eficientes, donde los datos fluyen libremente entre departamentos permitiendo una respuesta rápida a las necesidades ciudadanas, Puerto Rico continúa atrapado en un ciclo de centralización que sólo ha conseguido alargar los tiempos de espera para servicios básicos. Esta estructura pesada no sólo entorpece la gestión pública, sino que desvía recursos que deberían destinarse directamente al beneficio de la población.
El presupuesto gubernamental se concentra cada vez más en mantener una red de funcionarios y posiciones administrativas que parecen existir más para perpetuar el sistema que para servir al ciudadano. Esta distribución desproporcionada de recursos ha creado una administración donde el medio se ha convertido en el fin, olvidando su propósito fundamental: el servicio público.
La centralización excesiva del poder y la toma de decisiones ha generado un efecto asfixiante sobre la economía puertorriqueña. La innovación y el emprendimiento se ven constantemente obstaculizados por procesos burocráticos interminables que desalientan la inversión y el desarrollo. Esta estructura rígida ha demostrado ser terreno fértil para la corrupción, donde algunos funcionarios reciben compensaciones desproporcionadas mientras los indicadores de bienestar social continúan en declive.
Es imperativo reconocer que esta situación no es simplemente producto de ineficiencias aisladas, sino de una cultura institucional que resiste el cambio y se aferra a modelos obsoletos de gestión pública. La ignorancia colectiva sobre alternativas más eficientes, combinada con el deseo de mantener estructuras de control centralizado, ha sumido a la isla en un ciclo de incompetencia administrativa que perpetúa la pobreza.
La tecnología ofrece soluciones inmediatas para muchos de estos problemas. La implementación urgente de sistemas digitales interconectados permitiría reducir drásticamente los tiempos de espera, eliminar redundancias administrativas y crear transparencia en la gestión de recursos públicos. Plataformas de gobierno electrónico, análisis de datos y automatización de procesos rutinarios podrían transformar radicalmente la experiencia del ciudadano con las instituciones públicas.
El verdadero progreso para Puerto Rico no vendrá de expandir estructuras gubernamentales ya sobrecargadas, sino de reimaginar fundamentalmente la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Un modelo descentralizado, potenciado por la tecnología y orientado al servicio, no sólo mejoraría la eficiencia administrativa sino que liberaría el potencial económico de la isla, actualmente atrapado en las redes de una burocracia excesiva.
