Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña urgió al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a denegar el aumento en la tarifa básica que solicitó Luma Energy y que podría alcanzar los $40 mensuales por ser especialmente injusto, ya que impone una carga pesada a las y los residentes, negocios e instituciones en el país.
El Comité Diálogo Ambiental, El Puente de Williamsburg, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida argumentaron que no se debe penalizar a los abonados por la incapacidad de Luma de cumplir los objetivos de mejorar el servicio, reducir costos operacionales y modernizar la red con fondos federales.
“El Negociado debe evaluar si el proceso de privatización ha cumplido el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reducir los costos de la tarifa, particularmente ante las reiteradas deficiencias en la coordinación entre Luma, Genera y la AEE”, declararon en comentarios públicos emitidos el 18 de diciembre ante el Negociado. “…Surge del récord de las vistas evidenciarias, particularmente de empleados de Luma, que a pesar de la disponibilidad de fondos federales para modernizar la red eléctrica y cubrir proyectos que Luma propone sufragar con dinero de los abonados, la empresa ha demostrado una falta sistemática de planificación y manejo de la gestión de dichos fondos”, aseveraron las organizaciones. Añadieron que lo que sucede es que el operador carece de procesos claros y tiene deficiencias administrativas.
En los comentarios, los grupos presentaron serias preocupaciones por hallazgos que surgieron de las vistas evidenciarias como el hecho de que la privatización ha resultado en más apagones, fallas operativas persistentes, un incremento de gastos e ineficiencias que afectan a los clientes y provocan retrasos en proyectos esenciales, limita el acceso a fondos federales y erosiona la confianza ciudadana.
Denunciaron que Luma pretende que las personas prepaguen costos de trabajos y mantenimiento que se pueden cubrir con fondos federales pudiendo provocar una doble compensación. “Esto es éticamente inaceptable y contrario al deber de Luma de proveer un servicio asequible, eficiente y confiable. Por lo tanto, el NEPR debe rechazar cualquier intento de trasladar costos a los abonados y exigir que Luma maximice el uso de fondos federales antes de aprobar aumentos tarifarios, garantizando así transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos energéticos del país”, reza el escrito de Resumen de Comentarios Públicos.
Afirmaron que el Negociado debe rechazar una propuesta de Luma para eliminar la supervisión del ente rector sobre enmiendas presupuestarias y reasignaciones superiores al cinco por ciento de cualquier partida lo que le habría permitido que Luma mueva fondos a su antojo y altere los presupuestos aprobados. Dijeron que tanto Luma como Genera han mostrado patrones de ineficiencia y sobrecostos, por lo que la falta de control facilitaría desvíos de fondos y justificación de aumentos tarifarios. Rechazaron la petición del operador de reducir los informes trimestrales a tres, por ser contrario a los valores de transparencia y adecuada supervisión de las actuaciones del operador. Asimismo, aseveraron que el Negociado debe negar otra solicitud de Luma para que no haya análisis y seguimiento adicional de datos porque limitaría los procesos de fiscalización y monitoreo. “Fue precisamente la falta de fiscalización y monitoreo uno de los factores que contribuyó al mal manejo y a reformas fallidas en el pasado”, puntualizaron.
Las organizaciones solicitaron que el Negociado incluya criterios para priorizar y evaluar proyectos que requieran fondos del gobierno federal o del pago de los clientes que se distancien de la Política Pública Energética de Puerto Rico que implica el mandato de que el 100 por ciento de la energía se produzca de fuentes renovables para el año 2050.
Plantearon que el Negociado no debe retroceder en el cierre de las Unidades 7-10 de la Central Termoeléctrica de San Juan—proyecto previamente rechazado también por el Departamento federal de Energía —porque reactivarlas implicaría una obra altamente onerosa e injustificada estimada en $125 millones. Mencionaron además que la estructura administrativa de Genera crea un conflicto de interés al beneficiarse directamente de la compra de gas metano “mientras se obstaculiza y retrasa la transición hacia energía renovable”.
“De no atender estas preocupaciones, los abonados seguirán asumiendo cargas financieras u operaciones de una red eléctrica obsoleta. Las organizaciones indican que, a través de este caso el NEPR, debe asegurarse que los abonados tengan acceso a energía confiable, asequible y resiliente. Reiteraron que un estudio de Queremos Sol de Cambio y el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) confirmó que es posible maximizar el uso de techos para conseguir 75% de energía mediante generación distribuida (placas solares en techos en conjunto con baterías) sin la dependencia de combustibles fósiles que elevan las facturas y contradicen el mandato de Política Pública.
Exigen más vistas públicas:
Los grupos objetaron el hecho de que el Negociado sólo se proponga efectuar cinco vistas públicas—excluyendo áreas claves como el sureste, todo el oeste, el centro y las islas municipio de Vieques y Culebra— ante un tema tan medular para el pueblo que afecta y la economía.
Las vistas públicas se llevarán a cabo la primera semana de febrero en los siguientes pueblos: 2 de febrero (Vega Alta), 3 de febrero (Cidra), 4 de febrero (Fajardo), 5 de febrero (San Juan y virtual) y 6 de febrero (Yauco).
Las organizaciones exhortaron a la ciudadanía a participar de las vistas y someter sus comentarios en o antes del 6 de marzo, que es la fecha límite dispuesta por el Negociado. Para hacerlo, pueden acceder a la plantilla oprimiendo el siguiente enlace: https://linktr.ee/QueremosSolPR. Es importante que quienes quieran participar en la vista híbrida deben registrarse el día anterior (4 de febrero).
Las organizaciones cuentan con el apoyo legal de la organización Earthjustice, la licenciada Ruth Santiago y Pedro Saadé Llorens.
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Nota: se incluye enlaces a varias vistas evidenciarias del Negociado que fueron transmitidas por YouTube, que ocurrieron en noviembre y diciembre.
