La Comisión de Gobierno que preside el senador Ángel A. Toledo López y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, llevaron una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 127 que busca crear “Ley Especial de Retiro Incentivado y Garantías de Pensión Justa a Empleados Esenciales” donde tres agencias del gobierno presentaron posiciones y recomendaciones a la medida.
En la audiencia pública presentaron una ponencia conjunta el licenciado Luis Roberto Rivera en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF); la licenciada Angélica Ruíz Sánchez subdirectora de la Junta de Retiro del Gobierno y Zulma Canales López de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
El senador de mayoría y autor del proyecto, Gregorio Matias Rosario, dijo que escuchó la ponencia que dice que el plan final o la estipulación final prohíbe hacer leyes que vayan en contra de la estipulación. “Pues yo le voy a decir que el plan final fue en febrero del 2024. La Ley 112, ¿saben cuál es? es sobre las máquinas tragamonedas para los policías. Fue en julio del 2024. Esa establece que se va a buscar un dinero adicional para darle a los policías. Y la aprobó la Junta. Quiere eso decir que en febrero del 2024 decían que no podían haber leyes que fueran en contra de la estipulación, pero en julio ya firmamos una. Firmamos una ley que dice que va a haber dinero para los policías. Necesitamos que ustedes como agencias estén dispuestos también a luchar con la JSF”, sostuvo el senador Matias.
El Proyecto del Senado 127 tiene como propósito crear la “Ley Especial de Retiro Incentivado y Garantías de Pensión Justa a Empleados Esenciales” para reconocer y reivindicar el derecho de retiro incentivado de manera preferente a los empleados esenciales excluidos de la Estipulación Final ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, entre el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, bajo PROMESA, para la implementación parcial de la Ley 80-2020.
La pieza legislativa establece como mecanismo para llenar la vacante que deje el empleado esencial, a través de tres alternativas. “Como primera opción se considerará a empleados de la misma agencia. En segundo lugar, se permitirá el uso del mecanismo de traslado del Empleador Único en el servicio público. De no poderse cubrir un puesto esencial mediante dichos mecanismos, y como última opción, se permitirá a la agencia efectuar la correspondiente reingeniería de funciones de su personal para garantizar la prestación de este servicio necesario”, cita el proyecto.
Rivera de AFFAF dijo que no quieren tener los mismos procesos del 2020 con la Ley 80. “En esta ocasión lo queremos hacer bien. Y nuestra postura es presentar aquí cuál es el panorama, cuál es el marco jurídico, financiero, que eso es impuesto por promesa, no es impuesto por nosotros. Y por eso es que estamos aquí, con la mejor disposición de ayudar. Por eso, nuestro planteamiento, hemos tomado nota y, como ha dicho aquí la distinguida amiga presidenta de la Comisión de Hacienda, que esto es un proceso que puede continuar con otras vistas, pues estamos dispuestos a continuar discutiendo para asegurar que nuestros servidores públicos tengan mayores beneficios”, manifestó el deponente añadiendo que a la medida le falta la fuente de financiamiento.
De su parte, Toledo López dijo que la ponencia presentada tiene unas afirmaciones pero carece de evidencia que no permite afirmarlas. Carece de evidencia cuantitativa y fiscal que nos pueda decir por qué. “Lo que les digo es que las personas que están detrás de ustedes, que representan a miles de empleados públicos de Puerto Rico, ya dieron el sudor y el esfuerzo. Nos toca a nosotros darlo por ellos ahora. Nos toca a nosotros sudar para que ellos puedan ir a descansar. Yo lo único que estoy pidiendo desde esta posición como presidente de la Comisión de Gobierno, y estoy seguro que la compañera Migdalia Padilla, estaría de acuerdo, es que tengamos ese compromiso serio con estas personas que están aquí presentes y que vinieron precisamente para respaldar una medida como esta”, afirmó Toledo López.
En la misma línea, Padilla Alvelo expresó si las agencias concernidas retirarían las expresiones de la ponencia presentada “desacertadas porque han dicho que están en contra y porque estamos en el inicio de la discusión del proyecto”. Rivera respondió que “no se usó el término en contra. En este momento a base de la información que tenemos no estamos en posición de endosar la medida tal y como está redactada. Porque no tenemos los elementos como el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y otros documentos para no que pase como lo sucedido con la Ley 80. Nos referimos a la medida tal y como está redactada”.
A preguntas de la senadora de mayoría Nitza Moran, la deponente Canales de la OGP expresó indicando que “quiero dejar claro que vamos a trabajar y que estamos en la mejor disposición. Los estimados de ingreso los provee el Departamento de Hacienda. En OGP es velar porque las proyecciones de gasto no vayan por encima del presupuesto. La Ley 80 en su fase uno tiene unos cumplimientos federales. En eso nos encontramos laborando en proyectos para futuros beneficios de retiro”.
Por su parte, el senador de mayoría del distrito de Guayama, Wilmer Reyes Berríos, abogó por comenzar las conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre esta medida. “Es inevitable que ya tenemos que comenzar las conversaciones con la Junta sobre este proyecto. Reyes preguntó si pueden tener el apoyo de las tres agencias y el compromiso de iniciar las conversaciones con la Junta sobre este proyecto para apoyarlo y aprobarlo. “Siempre estamos en la mejor disponibilidad de trabajar con la legislatura y con la Junta de Supervisión Fiscal, para trabajar por el retiro digno de los empleados públicos. No tenemos ningún problema con eso”, respondió Ruíz Sánchez de la Junta de Retiro del Gobierno.
A preguntas de la senadora de mayoría y coautora de la medida, Marissa Jiménez Santoni, el deponente de AFFAF expresó que no están hablando de la JSF. “Nosotros venimos a hablar aquí a base de la política pública de nuestra administración, la Gobernadora, que busca también beneficiar a nuestros servidores. Nuestro rol de agencia fiscal es presentarles a ustedes cuál es el derecho vigente, cuáles son los estatutos, cuáles son las órdenes vigentes del tribunal que no podemos descartar. Esa es nuestra responsabilidad. No hacer eso, pues sería no cumplir con nuestro deber ministerial. Y para beneficios de esta Comisión es que nosotros estamos haciendo esto. No estamos hablando en nombre de la Junta para que quede claro”, dijo Ruíz.
En su turno, el senador de mayoría, Juan Oscar Morales, hizo un llamado a los deponentes. “Les pido que pensemos en que tenemos que hacerle justicia a ese pequeño grupo de empleados que faltan. Muchos de ellos trabajan con condiciones médicas…no es cerrar las puertas desde ahora, tenemos que hacer todo lo necesario para hacerle conciencia a la JSF. En este Senado vamos hacer un frente y devolver lo que le quitaron a los empleados públicos en el pasado. Espero colaboración de AFFAF, OGP y Retiro”.
En su turno, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueños, María de Lourdes Santiago, preguntó si el número de empleados esenciales es mayor que el número de no esenciales. Tomando como base el número de 6,774. Ruíz de Retiro respondió que hay que verificar los empleados esenciales que siguen en el gobierno laborando. “Nuestro estimado es que hay alrededor de tres mil y pico de empleados que siguen en el gobierno. Aquí están incluidos empleados del municipio lo que quedaría en 2,200 empleados esenciales”.
