A casi tres meses de completar el primer semestre escolar, el programa de Educación Especial adscrito al Departamento de Educación (DE), desconoce cuando podrá comenzar el proceso de evaluación de los estudiantes, debido a que todavía los instrumentos de evaluación que fueron comprados, por error en inglés, no se han traducido al español.
Esta situación se remonta a junio 2023 cuando Educación compró instrumentos de evaluación sicológica en inglés y español ibérico con un costo ascendente a $9.4 millones.
Las pruebas llegaron en octubre del 2023 y estaban destinadas a comenzar a utilizarse el semestre pasado. Se compraron 15 instrumentos de medición, de los que tres estaban en otro idioma.
Por la naturaleza de las normas de evaluación, según los profesionales de salud mental, la traducción no es una opción a la hora de evaluar un estudiante. Por lo tanto, Educación tiene que incurrir en un gasto adicional para que las pruebas sean traducidas por completo.
El DE tiene la responsabilidad de ofrecer anualmente aproximadamente 75,630 servicios de terapia sicológica y más del 35% de la matrícula regular de las escuelas pertenece al programa de Educación Especial.
Hasta el momento, el DE cuenta con 857 puestos de carrera de sicólogos escolares, sufragados con fondos estatales del Programa de Educación Especial. De estos, se han logrado reclutar 751, quienes brindan servicios tanto a corriente regular como del programa.
Al presente, todavía quedan 106 vacantes disponibles.
Las expresiones se emitieron en la vista pública de la Comisión para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial que preside la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.
El DE había mencionado en la pasada vista del 5 de junio, que desconocían la fecha del error en el pedido de las pruebas en inglés, así como también aceptaron que las pruebas no se cotejan tan pronto llegan a las Oficina Regionales para distribuirlas de acuerdo con las edades de los estudiantes, sino que esperan a que el sicólogo sea quien haga el chequeo previo a sus evaluaciones sicológicas.
Dada a esta negligencia, hay pruebas que fueron por ejemplo enviadas a escuelas elementales con pruebas sicológicas para estudiantes de escuela intermedia.
El DE aceptó que fue un error de ellos a la hora de realizar el pedido y no de la compañía Pearson, quien es el contratista principal de las pruebas en el DE.
Mientras que, Betances Profesional Services and Equipment, es el suplidor de las pruebas sicológicas de Puerto Rico que se compran a Pearson.
“La realidad es que cuando se hizo el proceso de mirar lo que se necesitaba, miraron que la prueba fuera estandarizada en poblaciones latinas que incluyeran a Puerto Rico… Lamentablemente se perdió la perspectiva de que en Puerto Rico no administramos pruebas en inglés sino en español”, expresó la doctora Beverly Morro Vega, subdirectora de Asuntos Académicos del DE.
“¿Pero quién lo perdió de perspectiva? Estas personas tienen que tener un responsable con nombre y apellido”, cuestionó la senadora Santiago Negrón.
“La persona encargada del plan y los proyectos estaba enfocada en la estandarización en aspectos culturales. Es la doctora Cibes y el equipo de trabajo que la estaba apoyando. Lamentablemente estos errores a veces ocurren, no estoy dando excusas, estoy reconociendo que estas omisiones en el ejercicio de nuestras labores con tanto trabajo pueden ocurrir…:”, se defendió Morro Vega.
La persona a la que hacen referencia es la Dra. Regina Cibes Silva, directora del Programa Sicológico de Ámbito Escolar del DE.
Ahora, la falla sistemática podrá costar $5,000 para traducir todos los documentos.
“Ellos suplieron lo que se les pidió. Hubo un fallo en el proceso de evaluación y esto es algo que no lo podemos pincelar o tapar porque si no, no tuviéramos que ejecutar esta acción (de traducir las pruebas). Esta es una lección aprendida para el DE que ahora va a requerir más inversión en fondos públicos. No nos sentimos orgullosos por eso, pero con una inversión tan grande, ahora con una inversión pequeña, tal vez salvamos el proyecto”, sostuvo Morro Vega.
Por su parte, Noelia Cortés, secretaria asociada del programa de Educación Especial, fue ambigua con las respuestas que emitió a la Comisión e insistió en que solo lleva 11 meses en su puesto.
“Entendemos que es pequeña (la inversión) porque teníamos un aproximado de $5,000, pero yo pienso que es hasta menos…”, dijo ante el costo por traducción de las tres pruebas sicológicas.
Tras el DE estar contra el reloj, la secretaria Yanira Raíces Vega suscribió en su ponencia entregada al Senado algunas alternativa para remediar la falla. Raíces Vega envió la ponencia, pero no asistió a la vista pública y tampoco se excusó.
La primera alternativa es ofrecerle a los sicólogos escolares una jornada parcial los sábados para realizar evaluaciones a los estudiantes referidos por el Centro de Evaluación y Terapia de Educación Especial.
Para Santiago Negrón, la primera opción no es ejecutable, ya que no todas las escuelas están aptas para ofrecer los servicios. Además, afectaría que muchas familias no puedan beneficiarse del servicio por falta de transportación gratuita.
Según trascendió en la vista, de ser esta la opción a llevar a cabo, serían 40 sábados viables. Utilizando 10 meses del año como máximo a un turno de seis horas.
“En el mundo real hay corporaciones que administran pruebas en 90 minutos, cuando ese estudiante necesitaría cuatro, cinco, seis horas. Lo digo por experiencia propia. Diagnosticar a un niño dentro del espectro de autismo por ejemplo, no se hace en 45 minutos…”, indicó la senadora.
La segunda alternativa es utilizar escuelas como centros de evaluación para los sicólogos que deseen, de manera voluntaria, los referidos que sean realizados por los Centros de Servicios de Educación Especial. Todo esto sin que el sicólogo escolar no reciba referidos de estudiantes que se encuentren recibiendo los servicios de terapia por el mismo sicólogo.
La tercera alternativa es que los sicólogos de corporaciones se muevan a las escuelas a realizar las evaluaciones, para que el estudiante reciba el servicio en el plantel escolar.
“Tengo la impresión de que todo este proyecto, quien sale bien parado es el contratante que le vende el producto al DE y que al final termina perjudicando al estudiante por mejor intencionado que esté…”, puntualizó.
La senadora solicitó varios requerimientos de información y aseguró a NotiCel que estará realizando más vistas públicas de seguimiento.
