El movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y diferentes organizaciones juveniles denuncian la determinación tomada unilateralmente por la Junta de Gobierno de dar por terminada la encomienda del Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad. La certificación 108 (2024-2025) expresa que esta decisión se da “en cumplimiento con la política pública del gobierno de los Estados Unidos”. Una vez más, vemos la posición de subordinación colonial que pretende someter la administración universitaria a la UPR. Frente a la amenaza de eliminación de fondos federales, la administración opta por una postura alineada con la agenda neo-fascista y autoritaria del gobierno de Donald Trump. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que se borren décadas de lucha por una universidad accesible, inclusiva, justa y segura para toda la población.
Esta determinación ignora uno de los reclamos principales acordados democráticamente en la pasada asamblea multisectorial en donde se votó a favor de impulsar la autonomía institucional aprobando el proyecto de ley de reforma universitaria. Durante la celebración de esta asamblea, el pasado 11 de febrero, la comunidad universitaria respaldó el reclamo para hacer cumplir la Ley 2-1966, que le asigna como presupuesto a la UPR el 9.6% de las rentas anuales ingresadas al Fondo General del Tesoro Estatal. Con el cumplimiento de esta ley, aún vigente pero violentada, contaríamos con los ingresos suficientes para operar de manera eficiente, manteniendo todos los programas de investigación y educación libre de amenazas externas.
Debemos enfatizar el contexto en el que se sitúa esta certificación. En semanas recientes, las universidades estadounidenses han sido amenazadas por el gobierno de Trump con recortes presupuestarios si las respectivas administraciones universitarias no les privan a sus estudiantes del derecho a la libertad de expresión y asociación. Ya varios estudiantes han sido secuestrados y detenidos ilegalmente. A raíz de este ataque violento contra los derechos civiles más elementales, se ha organizado una campaña internacional junto a organizaciones estudiantiles y juveniles alrededor del mundo en contra de la agenda neo-fascista de Trump, en solidaridad con los y las estudiantes detenidas y a favor de proteger la libertad de expresión y reunión en todas las universidades. Por eso, varias organizaciones en Puerto Rico nos unimos hoy, como primer paso en esta lucha, al Día Internacional de Acción exigiendo el cumplimiento de estas demandas.
Asimismo, le solicitamos a la rectora del Recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, a 1) expresarse en contra de la certificación 108 (1014-2025) y a favor de los valores que representan los esfuerzos de este comité, 2) comprometerse en defensa de los reclamos acordados en la pasada asamblea multisectorial y 3) garantizar que respetará el derecho a la libertad de expresión y asociación de todo el estudiantado bajo cualquier circunstancia o amenaza externa.
Las organizaciones convocantes al momento de las declaraciones incluyen a la Juventud Ecosocialista de Democracia Socialista, la Colectiva Estudiantil Combativa, La Jota – Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana y la Asociación Feministra Universitaria
