El presidente de la Corporación de Poseedores de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, rechazó una propuesta para que se apruebe un impuesto de 5% a la venta de armas de fuego y advirtió que la misma podría ir contra un derecho fundamental cobijado bajo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Tal propuesta es impulsada por la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género como mecanismo para fortalecer las finanzas de esas entidades.
Torres Meléndez se expresó totalmente sorprendido por este tipo de petición y recordó que esta entidad ha sido una de varias organizaciones que han criminalizado las armas de fuego y que llevan tiempo hablando sobre el tema de las armas de fuego de forma negativa.
“Existe una genuina preocupación sobre la violencia de género, pero también se debe tomar en consideración que las armas son un derecho constitucional de carácter individual. Por tanto, no se le pueden imponer impuestos a los derechos constitucionales. Es algo tan absurdo como cobrarle a cada ciudadano por ejercer su derecho al voto contenido en la 19.ª enmienda de la Constitución o por ejercer la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda”, resumió Torres Meléndez.
Cuestionó que hoy pretendan que se les ponga un impuesto a las armas de fuego, para poder sustentar su salario y la operación de sus albergues. “Ciertamente esta propuesta atenta contra un derecho fundamental cobijado bajo la segunda enmienda de los Estados Unidos, que nos garantiza el derecho a los ciudadanos a poseer y portar armas”, subrayó el presidente de CODEPOLA.
Propuso que cualquier impuesto que se apruebe para financiar las operaciones de estos albergues se aplique a toda la población “porque si la violencia de género es un problema social, es un problema de todo el mundo, y este no debe aplicarse solamente a las personas que tienen licencia de armas”.
“Yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que, según hemos dado una lucha constante y consistente con cualquier enmienda que trate de alterar o amenace nuestro derecho de una u otra forma, lo vamos a hacer con más fuerza porque para mí es bochornoso que personas que todo el tiempo estén hablando mal de las armas de fuego, criminalizando nuestro derecho, ahora vengan a querer imponer un nuevo impuesto a nuestro derecho”, sostuvo Torres Meléndez.
A los que proponen un impuesto del 5% a la venta de armas para la financiación de servicios a víctimas de violencia doméstica se les olvidó que en Puerto Rico ya se paga el 11.5%, y advirtió que la población de mujeres comprando armas de fuego para defenderse va en aumento, por lo que esta propuesta creará más víctimas en el futuro.
Torres Meléndez recalcó que el impuesto no solo afecta a las mujeres que portan armas, sino a todos los civiles que creen fielmente en el derecho contenido en la Segunda Enmienda de la Constitución y que confían en el uso de armas para su seguridad. Lamentó que en Puerto Rico no se divulguen continuamente las estadísticas que muestran los resultados positivos de las mujeres que poseen armas de fuego y viven seguras, con gran autoestima.
“En Puerto Rico hay sobre tres millones de habitantes. Entonces, ¿por qué insisten en penalizar a los casi 200 mil que tienen licencia de armas?”, cuestionó.
El presidente de CODEPOLA catalogó esta propuesta como un castigo directo e injusto para los poseedores legales de armas de fuego.
“Penalizar a quienes ejercen su derecho a defender su vida es contradictorio. Es un castigo absurdo porque cuando el estado permite -a través de la Ley de Armas de Puerto Rico- la posibilidad de una licencia expedita mediante una orden de protección de una víctima, te está diciendo claramente, te quiero dar las herramientas para que protejas tu propia vida. Por ende, el propio estado, al permitir licencias de armas expeditas a víctimas con órdenes de protección, reconoce su incapacidad para proteger a los ciudadanos”, concluyó Torres Meléndez.
