Dos de las principales empresas navieras que operan en Puerto Rico presentaron ante la Comisión de Asuntos Federales de la Cámara de Representantes —presidida por el representante José Aponte Hernández— información relacionada con el estado actual de la infraestructura portuaria y los costos asociados a su mantenimiento.
Durante la vista pública, la presidenta de International Public Terminal (IPT), María Caraballo, explicó que entre los gastos que deben asumir las compañías se encuentra la adquisición de grúas portuarias, cuyo costo individual oscila entre $15 y $20 millones.
Caraballo señaló que el cierre de algunos muelles y la limitación de espacio en los restantes subrayan la importancia de que el gobierno priorice las mejoras requeridas. Estas incluyen trabajos de dragado para garantizar el acceso adecuado de embarcaciones, así como la inspección de tablaestacas y la pavimentación en áreas operacionales esenciales.
Por su parte, el gerente general de Crowley Puerto Rico Services, José Nazario, opinó que la remodelación multimillonaria en la zona portuaria de San Juan ha progresado lentamente, pese a que algunas de las tarifas establecidas por la Autoridad de los Puertos, como la cuota de atraque, se destinan a este proyecto.
Las expresiones del directivo surgen luego de que la Autoridad de los Puertos recientemente informó la aprobación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de un presupuesto de $40 millones para la restauración de muelles y aeropuertos en toda la Isla.
“Son las compañías marítimas las que tienen que invertir en sus terminales subiendo los costos de los operadores. Entonces, no nos permiten bajar las tarifas porque tenemos que invertir en la infraestructura de los muelles”, señaló Nazario, quien preside la Asociación de Navieros de Puerto Rico.
Mientras tanto, ambos concesionarios portuarios aseguraron bajo juramento que no han realizado aumentos en sus cargos privados para el manejo y almacenamiento de los contenedores.
En el caso de Crowley, Nazario explicó que sus tarifas que se negocian con sus clientes bajo contrato son de carácter confidencial. Las tarifas abiertas son para aquellos clientes que no tienen contrato con la compañía y están sujetas a las regulaciones de la Junta de Transporte de Superficie (STB, en inglés).
Esta declaración se dio en respuesta al alza implementado por la empresa Tote Maritime en sus tarifas por contenedor de $425 a $485, el cual entró en vigor el 8 de diciembre.
Es meritorio mencionar que el representante Aponte Hernández, convocó vistas públicas con el propósito de investigar los incrementos tarifarios en los muelles de Puerto Nuevo y San Juan, pero Tote Maritime no acudió a su citación.
También se ausentaron las empresas Luis Ayala Colón Sucrs, Puerto Nuevo Terminal y Puerto Rico Terminal, cuyos dirigentes solicitaron a la comisión cameral una prórroga hasta el 12 de enero de 2026.
Sin embargo, el legislador dijo que las compañías serán citadas a una nueva vista pública y concedió hasta las 12:00 p.m. del próximo 17 de diciembre para que envíen sus ponencias.
Aponte Hernández aseguró que “pretendemos que el pueblo de Puerto Rico conozca cuál es la situación real en la estructura tarifaria en los puertos, porque de momento vemos cuando se sube un flete de un servicio portuario y cómo nos toca en el bolsillo, pero no vemos nunca cómo se pueden bajar costos”.
El legislador puntualizó que el nuevo aumento viene menos de un año desde que Puerto Nuevo Terminals incrementó los costos en múltiples áreas de almacenamiento de contenedores y el anuncio de la eliminación del sistema de inspección el pasado agosto.
Las audiencias públicas continuarán mañana, martes, con la comparecencia de la Autoridad de los Puertos, Departamento de Justicia, Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos.
