Organizaciones comunitarias y ambientales del municipio de Salinas denunciaron ante la Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes que el desarrollo de megaproyectos solares industriales en terrenos ubicados al norte de varias comunidades podría estar agravando los riesgos de inundación y generando otros impactos ambientales y sociales en la región.
Los grupos comunitarios, organizados bajo la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO) y el Comité Nos Inundan de Placas, presentaron los hallazgos de más de tres años de investigación comunitaria y gestiones ante agencias gubernamentales y empresas desarrolladoras.
Las comunidades afectadas incluyen El Coquí, San Felipe, Paseo Costa del Sur y Las Trinitarias, así como Mosquito y San Felipe, donde residentes aseguran haber experimentado inundaciones más severas tras el desarrollo de proyectos solares industriales como Ciro One y Clean Flexible Energy (AES).
Los portavoces comunitarios aclararon que su denuncia no representa oposición a la energía renovable ni a la tecnología solar, sino al modelo de grandes fincas solares que, según sostienen, se están desarrollando sin suficiente transparencia ni análisis público de sus impactos.
“Sería incoherente con nuestra historia oponernos a la energía renovable, especialmente después del daño que la industria de combustibles fósiles ha causado en nuestras comunidades. Lo que denunciamos es la falta de rigor científico, la opacidad gubernamental y la irresponsabilidad empresarial en proyectos que podrían estar agravando las inundaciones”, indicaron en su ponencia.
Las preocupaciones comunitarias se intensificaron tras el paso del huracán Fiona en 2022, cuando el municipio de Salinas sufrió graves inundaciones. Según estimaciones municipales, cerca de 2,500 viviendas resultaron afectadas, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de las casas habitadas en el municipio.
En comunidades como El Coquí, residentes reportaron daños particularmente severos, incluyendo calles cuyo pavimento fue arrancado por la fuerza del agua y viviendas que quedaron cubiertas por varias pulgadas de agua y sedimentos.
Ante la falta de investigaciones oficiales sobre las causas de estos eventos, las organizaciones comunitarias contrataron al hidrólogo Carlos Conde, quien realizó un análisis de escorrentías en la cuenca hidrográfica que desemboca en estas comunidades.
Según explicaron, el análisis concluyó que la remoción de vegetación y la compactación de suelos en la parte alta de la cuenca, para construir el proyecto industrial de placas solares de CIRO One, pueden aumentar significativamente la escorrentía hacia las zonas bajas, alterando el comportamiento hidrológico del área, y reduciendo la capacidad del terreno para absorber el agua de lluvia.
Un segundo estudio hidrológico realizado en relación con el proyecto de Clean Flexible Energy, subsidiaria de AES, identificó patrones similares.
Además de los riesgos de inundación, las organizaciones señalaron otras preocupaciones relacionadas con estos proyectos, incluyendo la pérdida de tierras agrícolas productivas, posibles impactos sobre el acuífero del sur —principal fuente de agua potable para el municipio— y el potencial aumento de temperaturas locales debido a la concentración de equipos en grandes extensiones de terreno.
Los grupos también cuestionaron el modelo energético de estos proyectos, señalando que se conectan a la red eléctrica principal y no necesariamente benefician directamente a las comunidades cercanas durante apagones.
Ante esta situación, las organizaciones comunitarias solicitaron al representante Fernando Sanabria Colón, quien preside la Comisión, a la Legislatura y al Gobierno de Puerto Rico varias acciones, incluyendo la divulgación pública de los estudios hidrológicos e hidráulicos de los proyectos (documentos que la empresa CIRO se ha negado entregar durante años), la realización de una investigación independiente sobre sus impactos acumulativos y la evaluación de posibles conflictos de interés en los procesos de permisos.
Asimismo, instaron a abrir un debate público sobre el modelo de transición energética del país, proponiendo alternativas basadas en generación distribuida y sistemas solares comunitarios.
“Lo que ocurre en Salinas puede convertirse en un precedente para todo Puerto Rico. Estamos a tiempo de exigir transparencia, ciencia y planificación responsable en la transición hacia energías renovables”, concluyeron los portavoces comunitarios.
