La organización comunitaria Defendiendo la Cueva del Indio-681 (DCI-681) denuncia la instalación de un vehículo residencial y la continuación de una construcción ilegal en la zona marítimo terrestre de la Reserva Marina Cueva del Indio, a pesar de una orden de cese y desista emitida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) el 1 de agosto de 2023. Esta acción va en contra del Reglamento 4860 del DRNA para la protección de la Zona Marítimo Terrestre de Puerto Rico.
«El lunes, 1 de julio de 2024, casi 11 meses después de la primera intervención del DRNA, la familia Suárez Reyes, dirigida por la Sra. Mérida Suárez Reyes y el Sr. Juan ‘Putú’ Suárez Reyes, retomó la reconstrucción ilegal e instaló un vehículo residencial en la zona marítimo terrestre en cuestión. Todo esto ante la inacción administrativa de atender la querella Q-AREM-061-2023, tomada, pero nunca atendida ni investigada por el agente Axel Rivera, número de placa #1-456, del Cuerpo de Vigilantes en el cuartel del barrio Islote», denunció Lauce Colón Pérez, portavoz y organizador comunitario de DCI-681.
Luego, el miércoles, 11 de julio de 2024, DCI-681 documentó una intervención del Cuerpo de Vigilantes liderada por el agente F. Lugo, el mismo vigilante que emitió la orden de cese y desista el 1 de agosto de 2023 ante el primer intento de la familia Suárez Reyes y sus empleados, el matrimonio de Francisco Sánchez Rivera y a la señora Aileen López Díaz, de construir sobre la duna de arena en la Reserva Marina Cueva del Indio. Esto fue evidenciado por DCI-681 en un Facebook Live.
Previo a esto, DCI-681 también documentó en Facebook Live cómo la corporación JR Quality Transport, dando servicios a la familia Suárez Reyes, realizó el trabajo de estacionar el vehículo residencial y cortar vegetación en la zona marítimo terrestre de la Reserva Marina Cueva del Indio el pasado 1ro de julio.
“En virtud de la orden ejecutiva 2023-009 del Gobernador de Puerto Rico sobre el estado de emergencia por la erosión costera, el DRNA y el Municipio de Arecibo tienen la responsabilidad de crear un inventario de estorbos públicos como este en la zona marítimo terrestre para su demolición y restauración de la duna,” añadió Colón Pérez. «Las agencias gubernamentales tienen que cumplir con su deber de proteger y preservar nuestros recursos naturales y hacer cumplir las leyes y regulaciones ambientales».
En respuesta a la querella Q-AREM-061-2023 el 1 de agosto de 2023, agentes del Cuerpo de Vigilantes del DRNA intervinieron con el matrimonio empleado por la familia Suárez Reyes y emitieron una orden de cese y desista. Sin embargo, el 6 de agosto de 2023, la construcción se reanudó violando esta orden, lo que llevó a una segunda intervención de los vigilantes del DRNA.
«Ese día le cuestioné al Sr. Sánchez Rivera y a la Sra. López Díaz sobre la ilegalidad de la construcción y la existencia de la orden de cese y desista, pero ambos alegaron que no necesitan permisos ni concesiones para reemplazar el techo con madera y sostuvieron que no detendría la construcción a menos que le presentaran un deslinde del DRNA», narró Colón Pérez.
“Se paralizó la obra.… No pueden hacer nada hasta el momento. Hay una orden de paralización del DRNA”, declaró el agente F. Lugo en esta segunda intervención en la Reserva Marina Cueva del Indio en el minuto 42 del mencionado Facebook Live.
Durante la intervención, Colón Pérez también preguntó al agente Lugo sobre la legitimidad de la orden verbal de cese y desista, dado que Sánchez había afirmado y que no tenía validez. Ante esto, el agente Lugo respondió: “Sí tiene legitimidad. Toda orden de paralización emitida y otorgada verbalmente por un agente de orden público del DRNA tiene la misma legitimidad que una escrita. De ellos continuar haciéndolo, se hace por escrito.”
Casi un año después, durante la intervención del 11 de julio de 2024, ambos hermanos, en particular Mérida Suárez Reyes, hicieron expresiones de burla hacia los miembros de DCI-681 frente a los agentes del DRNA, alegando que gozaban de impunidad por sus futuras contribuciones a las campañas políticas de candidatos a la alcaldía de Arecibo.
«Al culminar la intervención, el agente F. Lugo, el mismo agente que emitió la orden de cese y desista, y el resto de los miembros del Cuerpo de Vigilantes presentes huyeron del lugar en su patrulla sin dar declaraciones a la comunidad y sin realizar ninguna acción adicional contra el privado usurpador», denunció Colón Pérez.
La situación de la construcción ilegal y la violación de la orden de cese y desista se agravó a medida que la familia Suárez Reyes continuó con su proyecto sin que las autoridades pertinentes tomaran medidas efectivas para detener la obra. A pesar de las intervenciones y la emisión de órdenes de paralización por parte del DRNA, la falta de acción consistente y decisiva por parte de las autoridades ha permitido que la situación persista.
«El pasado miércoles, 17 de julio, acabaron de construir una verja de madera alrededor de la construcción en la zona marítimo terrestre e instalaron un sistema eléctrico a la vivienda remolque en la misma zona marítimo terrestre de la Reserva Marina. La familia Suárez Reyes lleva alrededor de una semana viviendo en la propiedad y, según información provista a DCI-681, el Sr. Juan ‘Putú’ Suárez Reyes estará viviendo temporalmente en la construcción. El DRNA no ha intervenido en lo absoluto», detalló el portavoz.
La Cueva del Indio es considerada un tesoro nacional, reconocido como un patrimonio natural y cultural por su valor histórico, ambiental y arqueológico. Está protegida por ley debido a sus designaciones como triple reserva a través de documentos oficiales: en 1988 como Sitio Arqueológico, en 1992 como Reserva Natural y en 2015 como Reserva Marina.
«No obstante, las únicas dos entradas públicas y directas a la Cueva del Indio han sido usurpadas y vandalizadas, tapadas con basura, escombros y verjas por la corporación González Freyre National Properties, en adición a la nueva construcción de la familia Suárez Reyes. Se necesita la protección ante actos de vandalismo, arrojo de basura, construcción ilegal y otras acciones que continúan ocasionando daños y afectando los recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales en la triple Reserva Cueva del Indio,» afirmó el organizador comunitario de DCI-681.
El pasado 9 de abril de 2024, vecinos y grupos ambientalistas del barrio Islote de Arecibo anunciaron oficialmente sus radicaciones de Mandamus en el Tribunal contra el DRNA, el Municipio de Arecibo y otras agencias para que cumplan con las leyes y reglamentos, garantizando el acceso público y un plan de manejo para la Reserva Natural, Marina y Arqueológica Cueva del Indio.
«DCI-681 hace un llamado a las autoridades correspondientes para que se tomen medidas inmediatas y efectivas para detener esta construcción ilegal y preservar la integridad de nuestra reserva natural», finalizó Colón Pérez.
