La senadora Ada Álvarez Conde reveló los hallazgos de una petición de información de su autoría (2025-0114) y otros datos recientes. La Ley 60 se ha convertido en un subsidio directo a la desigualdad, otorgando exenciones contributivas millonarias a inversionistas residentes sin exigirles la creación de empleos significativos para Puerto Rico.
Álvarez Conde reveló que el costo fiscal consolidado de la Ley 60 supera los $7,462 millones, fondos que el propio gobierno reconoce como dinero que el Estado decidió no recaudar — mientras escuelas cierran, hospitales colapsan y municipios se quedan sin ingresos esenciales. El DDEC mediante un análisis encargado a la firma Abexus Analytics, estableció que, para el año fiscal 2016, los incentivos costaron al gobierno cerca de $7.4 mil millones, pero si fuera poco, el Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda estima que las pérdidas de ingresos superan los 18 mil millones.
“Mientras Puerto Rico enfrenta una de las tasas de pobreza más altas y nuestros jóvenes no pueden comprar su primera vivienda, además, estamos debatiendo de dónde saldrá dinero para los municipios, pues el gobierno les regala a individuos ultra millonarios una tasa contributiva de 0% sobre sus ingresos pasivos, sin la obligación de crear un solo empleo,” sentenció Álvarez Conde. “Eso es injusticia fiscal, es complicidad y quieren extenderlo.”
La fiscalización de estos decretos ha sido deficiente, le ha tomado 12 años. “El país debe saber que ya se han identificado más de 2,000 incumplimientos entre decretos vigentes de millonarios protegidos por Ley 60, y apenas se han revocado 317. El gobierno lo sabe y el gobierno no ha actuado. Yo sí estoy actuando,” afirmó la senadora. La información revela que del 2020 al 2025 se otorgaron 10350 decretos, de esos unos 3464 el mayor renglón es de inversionistas individuales.
Hay gente que plantea que esto crea empleos, pues no es requisito tener empleados, lo que es peor, le exigen un récord criminal limpio (y ha habido casos ya criminales aquí), que compren una casa en un periodo de 2 años y que den $10,000 a sin fines de lucro. A todas estas, en la petición de información revelan que ni siquiera tienen que revelar las viviendas o si son de alquiler a corto plazo. No es equitativo, dar esa cantidad, la cual es la misma que darían si incumplen con una multa, con los millones que podríamos generar. Se estima que indirectamente han dado 8,260 empleos que generan los Residentes Inversionistas bajo Ley 60. “Pregúntese si $7,462 millones es un precio justo por ese retorno”, destacó. “El agricultor bonafide genera más empleos, el sector turismo genera más empleos… pero los que más se benefician del fisco son los que menos aportan. Esa es la verdad incómoda que quieren silenciar. Para acabar de completar, ahora es que han creado una Oficina de Auditoria de Cumplimiento, la pasada administración contrató una firma para hacerlo, Ecoval LLC.
LLAMADO DIRECTO A ACCIÓN: NO AL PC 505
La senadora advirtió que el Proyecto de la Cámara 505, actualmente en Comité de Conferencia, pretende extender el privilegio hasta el 2055 para los millonarios.
“El solo hecho de que quieran subir la tasa de 0% a 4% admite que el 0% es moral y fiscalmente indefendible. Aun así, ese 4% sigue siendo menos de lo que paga cualquier trabajador que gane $9,000 al año. Eso NO es justicia fiscal, es un parcho vergonzoso,” expresó Álvarez Conde.
“Hago un llamado urgente a mis compañeros legisladores: NO podemos aprobar el PC 505. No podemos extender por 30 años más un esquema que sangra las arcas del país y expulsa a nuestra gente”, expresó Alvarez, quien además anunció que sometió una petición de información adicional que fue aprobada en el pleno del Senado, 2025-0137 con más información detallada. “Con la información que hay, hay suficiente para detener esto, actuemos con la información correcta”, puntualizó Alvarez.
“Fiscalizar no es considerar más subsidios; y mucho menos por 30 años, es exigirles lo mismo que se le exige a cualquier puertorriqueño: aportar, crear empleos o perder el decreto. No hay espacio para medias tintas. Un individuo que trabaja y genera ingresos en Puerto Rico paga una contribución sobre ingresos que sube progresivamente al 7%, 14%, 25% y más. En contraste, los multimillonarios que se acogen al Capítulo 2 de la Ley 60 (Ley 22) pagan una tasa del 0% sobre sus ingresos pasivos de inversión (dividendos, intereses y ganancias de capital).La Legislatura no puede ser cómplice de un esquema que subsidia millonarios mientras el pueblo vive de cheque en cheque. Puerto Rico no se levanta subsidiando privilegios, se levanta haciendo justicia”.
