A un mes de que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmara las enmiendas a la Ley de Transparencia que limitan el derecho de acceso a la información pública, se desconoce los datos de la mayoría de los oficiales de información de la Rama Ejecutiva y los contactos de los jefes de agencia a quienes ahora hay que informar de los pedidos de información para que una solicitud no se considere ‘defectuosa’.
Por esta razón, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó este lunes un recurso especial en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la primera mandataria, el secretario de la Gobernación, Francisco J. Domenech, y la secretaria de Prensa, Marieli Padró Raldiris.
Desde el 17 de diciembre de 2025, el abogado del CPI, Carlos F. Ramos Hernández, y la oficial del Programa de Transparencia, Gabriela A. Dávila Lozada, solicitaron los nombres, correos electrónicos y números de teléfono de los oficiales de información designados bajo la administración de González Colón, así como información sobre la creación del recién anunciado Portal de Transparencia y los entrenamientos ofrecidos a funcionarios públicos sobre la plataforma.
Toda solicitud de información “debe ser notificada al jefe o director de la agencia o entidad gubernamental, al presidente de la Rama Legislativa correspondiente o del Poder Judicial, con copia al oficial de información”, acorde con las enmiendas hechas por el Proyecto del Senado 63. Esta medida, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, añade también como requisito que si la petición no es “notificada en cumplimiento […] se considerará defectuosa y no tendrá el efecto de extinguir el término para la divulgación de la información”.
“Aquí vemos cómo toda la propaganda que usaron para aprobar las enmiendas a la Ley de Transparencia queda al descubierto. Se dijo que las enmiendas eliminarían el retraso de las agencias y vemos que ni siquiera dándoles los días adicionales atienden las peticiones. Sin estos datos de los oficiales de información que deben recibir las solicitudes ni los contactos de los jefes de agencia que ahora tienen que ser notificados, las peticiones se pueden considerar ‘defectuosas’, según establece ahora la ley. O sea, que el Gobierno puede decidir no contestar. Se confirma el dicho: el que hace la ley hace la trampa”, sostuvo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
“La semana pasada se anunció la creación de un Portal de Transparencia para centralizar las solicitudes enviadas a la Rama Ejecutiva, sin embargo, durante la conferencia de prensa se informó que la ciudadanía puede continuar enviando sus peticiones por correo electrónico a las agencias, copiando a los jefes de agencia y Oficiales de Información. ¿Cómo se puede cumplir con esa exigencia burocrática e innecesaria sin tener esas direcciones electrónicas? Como expresa la demanda, estas enmiendas son una violación al ejercicio pleno del derecho fundamental de acceso a la información protegido por la Constitución de Puerto Rico”, expresó Ramos Hernández.
En la demanda, se establece que “la información solicitada es, hoy día, obligatoria para que la ciudadanía, incluyendo la prensa, pueda ejercer su derecho fundamental de acceso a la información e intentar cumplir los requisitos burocráticos e innecesarios” impuestos mediante las enmiendas a la Ley 141.
Este recurso especial fue presentado por Ramos Hernández, además de los licenciados del Proyecto de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, junto a los estudiantes de la Clínica Legal.
