El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, señaló que la transparencia en el acceso a la información gubernamental es un principio fundamental de la confianza de los ciudadanos, y por eso se inclinan a votar en contra del Proyecto del Senado 63 (PS 63), que podría bajar en la sesión de este martes.
“Ciertamente esta una medida que, tal como está redactada ahora mismo, representa un atraso para el derecho constitucional de acceso a la información pública. Con eso concuerdan expertos en el tema legal, así como periodistas y organizaciones afines”, señaló el también abogado. El PS63 propone enmendar la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
“Esta 141-2019 es la principal herramienta legal que rige la divulgación de documentos en todo el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La medida se presentó, no se realizaron vistas públicas, pero ya está en calendario. Nuestra posición es que hay que facilitar el acceso a la información pública, no burocratizarlo más”, expuso la portavoz alterna, Marially González Huertas.
La senadora Ada Álvarez Conde señaló que ese proyecto 63, definitivamente “limita el acceso al pueblo a la información, pues de aprobarse, las agencias del gobierno de Puerto Rico tendrían veinte (20) días laborables para responder solicitudes a nivel central y hasta treinta (30) días en oficinas regionales, con el agravante de tener una prórroga adicional de hasta veinte (20) días”.
Para el expresidente senatorial José Luis Dalmau Santiago, “lo que estamos viendo es que según ese texto del PS63, En el proceso de entrega de información se extendería hasta cuarenta (40) días laborales. “Eso es el doble de lo que permite hoy la ley en la mayoría de los casos. La medida además elimina la obligación de entregar la información en el formato solicitado por el ciudadano, lo que complica aún más el principio de transparencia en la información pública.
Por su parte, el senador Josian Santiago Rivera que “en la práctica, son los periodistas, editores y reporteros, así como investigadores, los que más solicitan datos oficiales del gobierno. Ya entidades como el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) rechazan la medida, porque minimiza el reconocimiento del acceso a la información como un derecho constitucional, y añade procesos que burocratizan el proceso. Nosotros estamos a favor de la fiscalización que realiza la ciudadanía y la prensa del País”.
El portavoz Hernández Ortiz señaló finalmente que “hay un principio filosófico de valor universal: cuando tenemos los datos certeros, podemos tomar decisiones mejor informadas. Todos en Puerto Rico debemos tener derecho a eso”. Con relación a dicho tema, la prensa ha publicado que la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que maneja el Proyecto de Acceso a la Información, las agencias del gobierno central en Puerto Rico ya presentan demoras significativas en sus respuestas y gran parte de las solicitudes ni siquiera reciben contestación formal.
