La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, sigue cumpliendo con su programa de gobierno, en esta ocasión firmó cuatro medidas que ella presentó ante la Legislatura para aliviar la carga contributiva de los contribuyentes, en especial de la clase media. Estas medidas son producto del trabajo del Comité de Reforma Contributiva, que la mandataria creó antes de juramentar al cargo.
Avance en la justicia contributiva a la clase trabajadora
Ley 177-2025- Proyecto del Senado 486- Medida de Administración 43
Radicado por la gobernadora Jenniffer González Colón
Esta ley establece las Cuentas de Ahorro para Personas con Discapacidades (ABLE Accounts), mediante la incorporación de la nueva Sección 1081.07 al Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011.
Inspirada en la Ley Federal “Stephen Beck Jr. Achieving a Better Life Experience (ABLE) Act of 2014”, este compromiso programático, busca ofrecer un mecanismo seguro y formal que permita a las personas con discapacidades y sus familias ahorrar para cubrir gastos relacionados con la discapacidad, sin comprometer su elegibilidad para programas federales esenciales. Esto fomenta la autosuficiencia económica de personas con discapacidades. Con la conversión de esta medida en ley, Puerto Rico se une a los 50 estados de Estados Unidos que ya han implementado este programa exitosamente.
Ley 178-2025- Proyecto del Senado 487- Medida de Administración 45
Radicado por la gobernadora Jenniffer González Colón
Este es otro compromiso programático cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de apoyo financiero para la educación en Puerto Rico. Ahora se aumenta la deducción máxima de $500 a $1,000 anuales, por concepto de aportaciones a cuentas de ahorro para la educación. Esta medida amplía los beneficios disponibles para las familias que deciden prepararse responsablemente para los gastos educativos futuros de sus hijos o dependientes.
Ley 179-2025- Proyecto del Senado 494- Proyecto de Administración 49
Radicado por la gobernadora Jenniffer González Colón
Se enmienda la Ley Núm. 1-2011, “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, el fin de conceder un aumento en la deducción de aportaciones a Cuentas de Retiro Individual (IRA, por sus siglas en inglés), estas cuentas fomentan una cultura de ahorro para el retiro en la población trabajadora de Puerto Rico. Se armoniza la deducción máxima permitida por aportaciones a cuentas IRA en Puerto Rico con la cantidad permitida por el Código de Rentas Internas Federal bajo la Sección 402(g), según ajustado anualmente por el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS).
Esta enmienda reconoce el principio de justicia contributiva: no resultaba razonable que los puertorriqueños, siendo también ciudadanos estadounidenses, estuvieran limitados por un tope contributivo inferior al de la jurisdicción federal para un instrumento idéntico. Con esta Ley, esta Administración afirma su compromiso con la equidad contributiva, la planificación financiera responsable y la protección de sus trabajadores en todas las etapas de la vida.
Ley 180-2025- Proyecto del Senado 502 – Proyecto de Administración 48
Radicado por la gobernadora Jenniffer González Colón
Esta ley enmienda el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, persigue que, para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2024, la ganancia realizada en la venta de propiedad inmueble localizada en Puerto Rico que constituya la residencia principal del vendedor estará exenta del pago de contribución sobre ingresos en Puerto Rico y de la contribución básica alterna.
Para poder disfrutar de esta exención, el vendedor no deberá ser un beneficiario de los incentivos provistos bajo la Sección 2022.02 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; y que la propiedad objeto de la compraventa haya sido ocupada de forma continua por el vendedor o su familia, por un término mínimo de dos (2) años de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de la venta.
De esta forma se garantiza una disminución en el precio de venta en residencias principales, fomentando así, la compra de hogares por parte de las familias puertorriqueñas.
Estas nuevas cuatro medidas de materia contributiva se unen a las cinco previamente convertidas ley: Ley 64-2025, que agiliza las exenciones contributivas para entidades sin fines de lucro; Ley 65-2025, que uniforma fechas de radicación de planillas para negocios; Ley 66-2025, que extiende por 30 años la exención contributiva sobre rentas residenciales; Ley 72-2025, que simplifica el cobro del IVU municipal y estatal mediante SURI; y la Ley 78-2025, que exime del pago de contribución sobre propiedad mueble los medicamentos recetados.
La gobernadora se reservó su firma en las siguientes medidas:
Proyecto del Senado 23- El proyecto buscaba crear la “Ley Uniforme de Procedimientos para el Cobro de Deudas del Gobierno de Puerto Rico”. Sin embargo, con la implementación de esta propuesta el gobierno estaría en riesgo de dejar de recibir sobre $20 millones, cantidad significativa ante la realidad económica de la Isla. Actualmente, gran parte de las disposiciones de esta legislación sobre los procedimientos de cobro de deudas no contributivas, ya están reglamentadas por el Departamento de Hacienda.
Proyecto del Senado 47 – El proyecto proponía enmendar la forma en que se lleva el proceso de identificación de un sospechoso. La gobernadora acogió la recomendación del Departamento de Justicia de no cambiar los procedimientos de investigación ya que la medida incrementaría los costos operacionales para la Policía, no hay estudios que demuestren que presentar fotografías a las personas aumente la confiabilidad de la identificación y el listado taxativo de advertencias va contra la autonomía del investigador de decir su se continua o no con una investigación.
Proyecto del Senado 78 – La medida buscaba asignar fondos al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. La medida propone un aumento, que no estaba contemplado, en el presupuesto previamente aprobado para este año fiscal, y redactado de manera responsable que se logró que por primera vez fuera certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico.
Proyecto del Senado 126- Esta medida pretendía ampliar el grupo de beneficiarios que tienen acceso a las filas expresos y cesión de turnos, con la creación de una fila expreso para primeros respondedores. En múltiples ocasiones la gobernadora ha demostrado el respeto y el agradecimiento que tiene con los hombre y mujeres que anteponen su seguridad y vida por proteger al pueblo, lo ha hecho con acciones como atendiendo situaciones de salarios y proveyendo equipo necesario. Esta medida no es una que demostrara eficiencia, además de afectar al sector privado al imponerles esta reglamentación.
Proyecto del Senado 127- La medida propone un retiro incentivado y garantía de pensiones empleados esenciales. La gobernadora tiene como prioridad garantizar calidad de vida a los adultos mayores, por tal razón ha impulsado programas en varias agencias de gobierno y firmado medidas para beneficio de esta población que sigue en crecimiento. Lo que propone la medida conlleva un impacto de cerca de $270 millones al erario pública que en estos momentos el gobierno no puede asumir, por lo que no podría cumplir con la medida. La propia Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, se manifestó en contra de la medida.
