Por Luis Y. Ríos-Silva, Catedrático Universitario.
Puerto Rico enfrenta una epidemia silenciosa: los conflictos vecinales. Lo que comienza con una queja por ruido o construcción, puede escalar hasta la violencia fatal, sin que el sistema judicial actúe a tiempo.
En Yauco, un biólogo fue asesinado por su vecino, un enfermero de 45 años, tras años de disputas. El agresor colocó una bocina en su techo para reproducir el canto del coquí a alto volumen durante la noche. No era música ni casualidad. Era una provocación dirigida. El biólogo, armado con una pistola licenciada que no utilizó, salió a pedir respeto. Recibió más de 20 disparos.
Ese enfermero tenía historial por violencia doméstica y abuso infantil, y aun así acumuló legalmente 11 armas de fuego. ¿Era enfermero o cazador? ¿Para qué necesitaba tanto armamento? ¿Por qué ningún tribunal lo detuvo antes?
En el año judicial más reciente, los tribunales de Puerto Rico atendieron cerca de 800 casos por conflictos de convivencia. Muchos fueron archivados, otros mediaron, pero solo una pequeña fracción llevó a acciones concretas. Mientras tanto, el resentimiento sigue creciendo en las comunidades.
Este caso de Yauco no es el único. En Caguas, un hombre de 33 años asesinó a dos hermanos frente al tribunal. En Vega Baja, otro de 45 mató a una pareja y dejó herida a su hija. En todos, los agresores eran más jóvenes que sus víctimas.
En países con mayor desarrollo social, se respeta al adulto mayor. En Puerto Rico, donde tenemos la edad promedio más alta del Caribe y la tercera más alta del hemisferio occidental, ese respeto parece estar desapareciendo.
Según encuestas en EE. UU., el 40 % de los propietarios ha tenido algún conflicto vecinal. Aunque el 86 % logra resolverlo de forma directa o amistosa, existe una red de mediación especializada, e incluso tribunales con potestad para limitar cámaras, ruidos u hostigamiento si hay historial violento.
Aquí, en cambio, se responde con indiferencia. “No ha lugar” es la frase que más escuchan quienes acuden al tribunal por una bocina, una cámara, una verja o un foco dirigido a provocar. Pero esos detalles, que muchos consideran menores, se convierten en gasolina sobre un fuego que el sistema ignora.
La mediación no puede presentarse como solución universal cuando ya ha habido años de insultos, denuncias desatendidas y tensiones acumuladas. El respeto perdido no se recupera en una sesión de conciliación.
En muchas comunidades, además, está surgiendo otro fenómeno: personas que se mudan buscando “espacios tranquilos”, pero llegan con actitudes hostiles, provocando a quienes ya vivían allí. Se comportan como si tuvieran derecho a dominar el entorno, y cuando se les confronta, se victimizan. No todo el que llega lo hace para convivir.
Y la pregunta que todos debemos hacernos es simple: ¿cuántos conflictos más deben crecer hasta matar? ¿Cuántas vidas más se perderán por falta de acción judicial?
El sistema judicial debe actuar antes, no después del disparo. La convivencia no se defiende con armas, sino con leyes firmes, jueces diligentes y respeto mutuo. Porque cuando la justicia no escucha, el silencio se convierte en tragedia.
