Al no entregar documentos relacionados con el cumplimiento de un memorando sobre medidas de transparencia gubernamental y con el Código de Ética para Contratistas, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó el lunes, 12 de diciembre, un mandamus contra cinco agencias públicas en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Entre octubre y noviembre de 2025, el periodista del CPI Luis Valentín Ortiz envió una solicitud de información a la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Salud y el Departamento de Educación sobre documentos producidos como resultado de un memorando con medidas internas de transparencia gubernamental de la Rama Ejecutiva y el Código de Ética para Contratistas. Este memorando fue impulsado por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, para establecer «una regulación clara del ejercicio legítimo del cabildero garantizando la transparencia, evitando conflictos de interés y proteger los derechos de nuestra gente», según informó el mismo funcionario en abril de 2025.
El memorando incluye normas conforme al “Código de Ética para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos del Gobierno de Puerto Rico”. Cada agencia debe velar por el cumplimiento del código y realizar las investigaciones necesarias para saber si un contratista ha violado el Código de Ética.
Sin embargo, ninguna de las agencias ni los funcionarios contactados han entregado la información que el periodista Valentín Ortiz pidió, tales como comunicaciones entre la Secretaría de la Gobernación y las entidades gubernamentales del Poder Ejecutivo, los expedientes sobre investigaciones realizadas en virtud del memorando ni los nombres de los funcionarios designados para hacerlas.
“Aquí tenemos el caso de una medida que se presentó con fuegos artificiales para prevenir ilegalidades y conflictos de interés en los procesos de cabildeo y para alegadamente traer transparencia a los mismos, y por el contrario, carece de visibilidad y no se entregan los documentos que se supone que se hayan producido en el pasado año”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
“La información solicitada permite verificar cómo el Gobierno ha ejecutado una iniciativa de transparencia en el ejercicio del cabildeo, según presentó el propio secretario de la Gobernación a principios del cuatrienio. Lamentablemente, a pesar de seguir el proceso que establece la ley de acceso a información pública, no hemos recibido la información y nuevamente debemos acudir a los tribunales para hacer valer este derecho y poder realizar nuestro trabajo periodístico”, expresó Valentín Ortiz.
El mandamus surge luego de que el CPI agotara todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información solicitada. En la demanda, se establece que las “partes contra las cuales se dirige el presente recurso tienen el deber ministerial de entregar información solicitada”, además de que la negativa de las agencias “lacera los derechos constitucionales de acceso a la información y libertad de prensa”.
Este mandamus fue presentado por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información que es parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
