La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales que preside la senadora, Marissa Jiménez Santoni, llevó a cabo una vista pública en seguimiento a la Resolución del Senado 2 para investigar la expansión y operación del vertedero del Municipio Autónomo de Carolina con el objetivo de examinar el proceso de otorgación de permisos, así como los posibles efectos ambientales y de salud pública derivados de dicha expansión.
“Yo quiero que quede claro también, que yo estoy consciente de la situación que tienen los vertederos de Puerto Rico. Que yo no quiero que cierren el vertedero mañana. Ese no es el fin de esta vista. El fin de esta vista es que lo que se expropia o se ha expropiado de manera inadecuada no continúe…Tenemos hijos, tenemos nietos y queremos dejarles un mejor lugar. Y yo soy de las que creo que debe haber, no me van a ver marchando, ni nada de esas cosas, pero creo que tiene que haber un orden. Eso es lo que yo no quiero que pase en mis comunidades del distrito de Carolina, que yo soy la senadora”, sostuvo Jiménez, autora de la medida.
La pieza legislativa expone que el Sistema de Relleno Sanitario (SRS) en Carolina está ubicado en una zona ecológicamente sensible dentro del Bosque de Piñones y un sistema kárstico con especies en peligro de extinción y hallazgos arqueológicos importantes. Se denuncia el uso de 35 cuerdas expropiadas en 2004 como zona de amortiguamiento, que presuntamente fueron utilizadas para expandir el vertedero sin la debida Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni permisos.
En la audiencia, participó como deponente la arqueóloga, Aurora Muriente Pastrana, quien ha estado investigando el impacto de la expansión de dicho vertedero y favorece la investigación a esos efectos. “La zona del vertedero de Carolina en su expansión hacia la zona de amortiguamiento está impactando dos terceras partes de ésta y destruyendo y amenazando los recursos naturales, arqueológicos e históricos evidenciados desde hace más de 30 años. Este impacto se realizó sin llevar a cabo un estudio arqueológico en clara violación de la Ley Número 112 de 20 de julio de 1988 según enmendada, conocida como la Ley para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico”, apuntó Muriente.
Igualmente, Muriente sostuvo que “el vertedero municipal de Carolina es el principal foco de amenaza a la integridad de estos recursos naturales y culturales del Barrio Hoyo Mulas y de toda esta región. Detener su avance es mandatorio para la preservación de los recursos antes mencionados. Los nuevos hallazgos brindan una gran oportunidad para retomar el trabajo investigativo y ecoturístico planteado desde hace décadas. Este debe ser un esfuerzo colaborativo entre arqueólogos científicos, agencias gubernamentales, estudiantes, propietarios de las fincas y la comunidad de Hoyo Mulas”.
De igual forma, participó de la audiencia María Rodríguez, directora de control de contaminación de terrenos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Rodríguez indicó que favorecen la investigación, pero luego de un estudio hechos se concedieron los permisos en el pasado. “El Sistema de Relleno Sanitario del Municipio Autónomo de Carolina consecuentemente han mostrado un nivel de operación satisfactorio, en cumplimiento con los requerimientos de diseño, construcción y operación del Reglamento para los Sistemas de Relleno Sanitario. Querellas recibidas han sido atendidas tanto por la División de Cumplimiento de Desperdicios No Peligrosos del DRNA, así como del Operador del SRS, actuando sobre los señalamientos identificados en las querellas y observados durante las visitas de inspección que son realizadas y documentadas. Señalamientos de invasión o uso no autorizado de terrenos de vecinos colindantes, están siendo atendidos en los tribunales según fue notificado por representantes del Municipio de Carolina”, explicó Rodríguez.
En su turno, el senador del distrito de Carolina y coautor de la medida, Héctor Joaquín Sánchez, manifestó no estar conforme con lo expresado por el DRNA porque ha recibido “un sinnúmero de querellas en nuestras oficinas sobre el manejo inadecuado de estos terrenos”.
A la vez, Sánchez preguntó sobre las acciones que se está llevando a cabo actualmente el DRNA sobre el SRS. Pedro Guevara, jefe de la división de permisos del DRNA respondió que están recomendando al secretario de la agencia, a que, dé paso a una nueva vista administrativa, donde un oficial examinador externo a la agencia va a escuchar los diferentes puntos de vista y hacer recomendación al secretario. “En este momento, hemos recibido autorización del secretario para celebrar esa vista pública. Eso quiere decir que ahora con información nueva se va a pasar juicio de una celda de terreno que ya está construida. Si fue construida de acuerdo a los reglamentos y diseños que se siguen para su operación”.
Al mismo tiempo y a preguntas del senador, el deponente del DRNA sostuvo que hay un esfuerzo concreto allí para dar un manejo de los desperdicios sólidos, de alargar la vida útil, de proveerle al municipio de Carolina y sus constituyentes un espacio suficiente para poder manejar de una manera salubrista sus desperdicios. “Eso no quiere decir que sean perfectos, eso no quiere decir que no haya errores. Eso no quiere decir que haya accidentes, pero en el mejor esfuerzo que se ve del municipio y su operador es de operar adecuadamente la instalación según las inspecciones que hemos hecho”, dijo Guevara.
Jiménez preguntó al deponente si es compulsorio tener una zona de amortiguamiento. Guevara indicó que sí se necesita una zona de amortiguamiento, pero añadió que el “reglamento del CFR general y la regla 25, y nuestro reglamento no tiene un requerimiento de zona de amortiguamiento fija a ninguna instalación. Hay unos criterios de ubicación que se deben de cumplir”.
Por su parte, la senadora de mayoría, Wandy Soto Tolentino preguntó sobre el proceso de inspección del DRNA con estas instalaciones. Guevara respondió que el Departamento periódicamente inspecciona todas estas instalaciones, envía un inspector y se rinde un informe. “Si se identifican deficiencias se le notifica por escrito a la instalación concernida y se le da unos términos de tiempo para que corrijan. En ese tiempo se re- inspecciona. Si se corrigió la deficiencia, no hay acción a seguir, pero si continúa la deficiencia o no hay acciones para responder a eso, entonces hay un procedimiento que se hace otro informe y se requiere para acción legal, que puede ser desde multa”, explicó el deponente.
A la vez, dijo presente el licenciado Carlos Santana, en representación de la Junta de Planificación. Jiménez preguntó sobre la variación de la zona de la Celda en el vertedero. Santana dijo que “por eso fue por lo que vine con la aclaración de que desde 2009 la Junta de Planificación no tiene jurisdicción en eso. Y en la investigación que realizamos, cuando recibimos el proyecto, la resolución del Senado, no encontramos ningún tipo de evidencia de que se hubiera solicitado una variación en uso. Por lo menos hasta el momento nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sido así”.
De otra parte, Deborah Rivera en representación del Municipio de Carolina defendió el actual SRS municipal adjudicando que han cumplido con todos los procesos para evitar la contaminación del ambiente. “Nuestra Ciudad decidió desde hace décadas asumir el reto que conlleva administrar y mantener un Sistema de Relleno Sanitario como estrategia para el manejo eficiente de los desperdicios sólidos. Esto porque representaba y sigue representando la alternativa más responsable conforme a la jerarquía de métodos establecidos y es cónsona con la protección de los recursos naturales. Porque demuestra el compromiso que mantenemos con nuestra gente y las generaciones futuras”, expresó la deponente.
En iguales términos, se expresó ante la comisión el ingeniero José Zayas, presidente de Landfill Gas Technologies, compañía que tiene a cargo el SRS. Zayas aseguró que están en cumplimiento con las regulaciones estatales y federales. “A pesar de que la operación del SRS de Carolina se ha destacado por su cumplimiento con los estándares y mejores prácticas de la industria, es una realidad que la gestión del manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico enfrenta retos significativos. Por tal razón, acogemos con entusiasmo la iniciativa de esta honorable comisión para analizar, discutir y contribuir a identificar soluciones coherentes y permanentes, al enorme reto que conlleva, especialmente para los entes municipales, el diseño, construcción, operación y administración de facilidades para la disposición final de desperdicios sólidos no peligrosos en Puerto Rico”.
Jiménez preguntó si en la Celda C del SRS se están depositando desperdicios sólidos en este momento. Zayas respondió que sí. En la misma línea, la presidenta de la Comisión mencionó que “el DRNA dijo en esta vista que se necesitaban zonas de amortiguamiento. Pues yo quiero saber dónde está la zona de amortiguamiento. Después dijeron que le habían pedido un permiso a la Junta de Planificación para poder hacer cualquier obra y cualquier otra cosa porque podía haber modificaciones. La Junta de Planificación dijo, no nos lo pudieron pedir porque nosotros no tenemos esa franja, por lo menos, a la que ellos hacen mención en el mapa”. De esta forma, Jiménez solicitó más información al municipio de Carolina para que se le provea a la comisión.
De otra parte, Juan Rosario, experto ambiental y quien lleva años trabajando en el tema de desperdicios sólidos participó de la audiencia y favoreció la investigación en curso. “Para nosotros fue una sorpresa enterarnos de lo que estaba pasando con la operación del vertedero y el cuadro de omisiones y deficiencias en los procesos de permisos y endosos ante las agencias. No hay manera de excusar al municipio de Carolina por estas deficiencias y lo que parecen ser falsas representaciones ante los organismos del estado. Pero más inexcusable para mi es que muchas de estas se hayan dado después que el municipio contrató los servicios de Landfill Technologies. En muchas ocasiones hemos participado en casos con ellos y nos consta que son expertos en todo lo relacionado con diseño, construcción y operación de vertederos y los procesos de permisos y documentos ambientales que estos requieren”.
