| Hoy damos inicio a un proyecto sin precedentes para el sistema correccional de Puerto Rico. Por primera vez, se estarán realizando pruebas de hepatitis C y VIH a toda la población bajo nuestra custodia —más de 7,000 personas entre hombres, mujeres y jóvenes. Esta es una iniciativa liderada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el respaldo contundente y colaboración del Departamento de Salud”, anunció el secretario del DCR, Lcdo. Francisco Antonio Quiñones Rivera, acompañado del secretario de Salud, Dr. Víctor M. Ramos Otero. «El acceso a la salud es un derecho fundamental de cada ciudadano y nuestra responsabilidad es asegurar que cada persona privada de la libertad reciba los servicios necesarios. Este esfuerzo sin duda brinda la oportunidad de tratamiento para toda persona que lo necesite, lo que redundará en calidad de vida para ellos. La erradicación de la Hepatitis C de las instituciones correccionales ha sido un compromiso puntual de la Gobernadora Jenniffer González Colón y estamos trabajando a paso firme para lograrlo», destacó el Secretario del DCR. Por otro lado, el secretario de Salud, Ramos Otero, mencionó que el impacto trasciende los muros de las instituciones penales. Cuando una persona regresa a su comunidad tratada y con su salud controlada, el beneficio es colectivo. “Las enfermedades no reconocen muros. Lo que hoy hacemos en las cárceles también protege a todo Puerto Rico”, el también pediatra. ¨Lo cierto es que llegar hasta aquí no fue sencillo. Convencimos a la Junta de Supervisión Fiscal de que esto no es solo una prioridad médica, de protección a la salud pública y los derechos y dignidad de la población, sino también una decisión financiera inteligente. Es un hecho que tratar a tiempo a un paciente con hepatitis C cuesta una fracción de lo que costaría un trasplante de hígado, que puede superar los $400,000. Hablamos de cirugía, hospitalización, medicamentos costosos y años de cuidado médico y seguimiento. En cambio, hoy contamos con antivirales que curan en menos de ocho semanas. Después del tratamiento, una persona podría incluso donar sangre. Así de efectivo es. También está iniciativa nos brinda la oportunidad de tener la certeza de estas enfermedades – epidemiólogicamente hablando- vamos hacer pruebas en las instituciones de juvenil, mujeres y hombres, que son más de 7 mil personas. Puedo estimar en las cárceles – como pasa en todo el mundo- tenemos personas viviendo con VIH o hepatitis viral y no lo saben. Pero más allá de los números, esto va para seres humanos. Estamos salvado vidas. De personas que también sienten, sufren y merecen una oportunidad de sanar. Desde inicios de año, el DCR ha trabajado en la creación e implementación de esta estrategia, que incluyó la formación de un Comité de Respuesta Rápida, la firma de un acuerdo colaborativo (MOU) con el Departamento de Salud, y la integración del personal clínico de Salud Correccional en el diseño operativo del proceso. «Nuestro compromiso siempre ha sido velar por la salud y seguridad de las personas bajo custodia. Atender este problema de salud pública es también reafirmar la dignidad de cada una de las personas privadas de su libertad. El tratamiento debe ser accesible para todos, por lo que agradecemos al Departamento de Salud por su colaboración en este proceso que marcará un antes y un después en la vida de cientos de personas», mencionó Quiñones Rivera. De otra parte, el Secretario del DCR explicó que las pruebas, que ya comenzaron, se extenderán a todas las instituciones correccionales, garantizando que cada participante tenga acceso. Aquellas personas que reciban un resultado positivo, recibirán un plan de tratamiento y seguimiento bajo supervisión médica, para garantizar que se lleve en cumplimiento con las distintas guías y reglamentos», detalló Quiñones Rivera. Además, esta iniciativa permitirá contar, por primera vez, con datos reales sobre la prevalencia de hepatitis C y VIH en el sistema correccional, lo cual es esencial para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. |
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