Braulio Quintero
Líderes comunitarios, pescadores, alcaldes, senadores y especialistas ambientales intercambiaron fuertes argumentos en torno al proyecto Esencia, un plan de desarrollo turístico y residencial en la zona costera de Cabo Rojo.
El proyecto Esencia, promovido por inversionistas privados, contempla la construcción de hoteles, residencias de lujo, una escuela, un hospital, centros comerciales y campos de golf, en un terreno en la costa de Cabo Rojo.
Sus proponentes argumentan que traerá desarrollo económico, generación de empleos y crecimiento en el sector turístico. Sin embargo, gran parte de la comunidad expresó preocupaciones sobre sus efectos en los recursos naturales y su compatibilidad con la realidad socioeconómica del municipio.
Una de las intervenciones provino de Ricardo Lugo del Valle, pescador, residente en Boquerón y gestor voluntario de proyectos de conservación. En su ponencia, Lugo del Valle resaltó la necesidad de contar con estudios ambientales detallados en español, afirmando que gran parte de la comunidad no maneja con fluidez la lectura de documentos técnicos redactados únicamente en inglés.
Asimismo, enfatizó los riesgos de impactos acumulativos en humedales y acuíferos, sobre todo por la posible filtración de fertilizantes y otros químicos al subsuelo, y puntualizó: “No podemos aprobar un proyecto de esta magnitud sin que el pueblo tenga acceso claro a toda la información. El documento está mayormente en inglés, y eso limita la participación ciudadana”.
Mientras, el licenciado Fernando Lloveras San Miguel, presidente de la organización Para la Naturaleza, destacó la relevancia de la biodiversidad en la zona y los posibles efectos en cavernas y humedales protegidos, solicitando que se investigue con mayor profundidad el alcance real del proyecto antes de conceder permisos ambientales.
Por su parte, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, reconoció los desafíos ambientales, pero subrayó el posible beneficio económico para el pueblo: “No podemos cerrarle la puerta inmediatamente a un proyecto millonario que genere empleos”, afirmó, al tiempo que aseguró que el municipio “estará vigilante” para que se cumplan los requisitos legales y se atiendan las preocupaciones ciudadanas.
Mientras que, el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, vio con buenos ojos la creación de empleos y la posible inyección económica en la región oeste, aunque con la salvedad de que se cumplan todas las regulaciones que rigen los recursos naturales. Según Olivera Olivera, el proyecto impulsará la creación de nuevos negocios, servicios profesionales y empleos permanentes.
En su exposición, el Senador Molina advirtió sobre la falla geológica que, según él, atraviesa el área donde se pretende construir, afirmando que los suelos podrían no tener la capacidad de soportar la carga y las presiones que generaría la edificación de un “mega-desarrollo”:
“Estamos ahora mismo ubicados sobre una falla que, con movimientos sísmicos, va a generar energía lateral. Y cuando tú tienes suelos que no tienen capacidad de cohesión, no podrán sustentar la energía que se deposita distribuida por la estructura”, dijo el Legislador.
Además, subrayó la necesidad de contar con estudios de recursos hídricos más precisos, que permitan conocer el impacto real sobre los acuíferos y la disponibilidad de agua en la zona. De acuerdo con las declaraciones de Molina, dichos estudios brillan por su ausencia en la documentación presentada: “No vi que haya un estudio de recursos hídricos que le pueda dar a usted una data más precisa de cuál va a ser el resultado final si se impactan este tipo de ecosistemas”.
El legislador también manifestó preocupación por la posible afectación de cavernas y la existencia de formaciones kársticas dentro del área, remarcando que dichas condiciones podrían elevar significativamente el riesgo de construcción. En su ponencia, pidió a los presentes, y a las agencias competentes, realizar un análisis integral: “Quiero ver si hay un estudio de suelo que sea preciso. Nos van a decir que no hay problemas, pero la realidad es que con un volumen de concreto tan grande en un suelo sin cohesión, los desastres podrían ocurrir 20 o 30 años después”.
En cuanto al acceso a las playas, Molina denunció que en el documento ambiental se minimiza o ignora la importancia de mantener espacios públicos libres y abiertos a la ciudadanía. Éste se refirió a la playa cercana a la zona, indicando que se califica como “fanguera” para restarle valor, pese a que, en su experiencia, el lugar es apto para la recreación familiar y la pesca.
Por último, el Senador resaltó la relevancia de proteger los recursos naturales para generaciones futuras y balancear el desarrollo económico con la conservación ambiental:“Cuando uno hace un balance entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, no estamos hablando de que el desarrollo es sólo acumulación de dinero. Queremos un desarrollo que no comprometa nuestros recursos y la felicidad de nuestro pueblo”.
Según reiteró Molina, desde su escaño senatorial impulsará la solicitud de información detallada a las agencias de gobierno y procurará que tanto el Municipio como la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) presenten evidencia suficiente antes de otorgar cualquier permiso o certificación. Asimismo manifestó que, de no tomarse medidas estrictas, el costo a largo plazo podría recaer sobre las comunidades locales y las futuras generaciones.
Otro asunto que suscitó amplio debate es la disponibilidad de agua para suplir las necesidades del megaproyecto. Ariel Ramírez, quien se presentó en representación del Frente Unido por la Defensa del Valle de Lajas, subrayó que el consumo de agua estimado, especialmente para mantener los campos de golf y las instalaciones hoteleras, podría desbordar la capacidad de los acuíferos y repercutir en el sistema de riego agrícola de la región: “La extracción de millones de galones de agua diarios impactaría no solo al ambiente, sino también a los agricultores y al suplido de agua potable en los municipios cercanos”, sostuvo.
Al cierre de las vistas, las agencias gubernamentales presentes anunciaron que recopilarán todas las ponencias y documentos sometidos para elaborar un informe técnico y legal. Se espera que en las próximas semanas se emitan informes de impacto y se realicen más análisis sobre la viabilidad del desarrollo.
