‘Nefasto’, así catalogó el director de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla Ruiz, un proyecto que busca confinar a mujeres de experiencia trans en cárceles de hombres, tomando como único criterio su sexo biológico. De igual forma, prohibirá ubicar a hombres, independientemente de su identidad autopercibida, en la cárcel de mujeres.
“El P. de la C. 166, que discute la Cámara de Representantes, es nefasto. Implicaría la violación sistemática de derechos constitucionales, no tan solo a nivel local, sino también a nivel federal. La pieza lacera el principio constitucional que protege la dignidad del ser humano. En años anteriores habíamos avanzado en esa ruta hacia la equidad, no obstante, esta medida representa un retroceso, una piedra en el camino que pone en juego todo lo adelantado hasta el momento”, aseguró Padilla Ruiz en una ponencia enviada a la Comisión de Asuntos de la Mujer.
Según Padilla Ruiz, el objetivo del sistema carcelario de Puerto Rico no debe ser penalizar ni promover la exclusión social, sino, por el contrario, promover y potenciar el desarrollo de las capacidades de las personas que cumplen sentencia con el fin de fomentar su reinserción comunitaria como personas productivas y rehabilitadas. “Si bien las restricciones a las libertades y a los privilegios están avaladas por la violación a las leyes, su encarcelamiento no implica la suspensión de sus derechos constitucionales”,
En su ponencia citó la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la que, no solo prohíbe la brutalidad directa de los oficiales de custodia, sino que también exige a los funcionarios penitenciarios proteger a los confinados de la violencia infligida por otros confinados.
“En este contexto, un aspecto fundamental que determina las condiciones del encarcelamiento de las personas de experiencia trans es su ubicación dentro de los complejos carcelarios, esencialmente, si están o no ubicadas en un módulo que corresponda con su identidad y expresión de género. Esto tiene implicaciones significativas en términos de seguridad y de acceso a tratamientos”, afirmó el director de la CDC, al denunciar que “la violencia sexual sigue presente en nuestras cárceles con múltiples y graves consecuencias, que en muchas ocasiones terminan en enfermedades de transmisión sexual, otros actos de violencia, depresión, actos de autoagresión, consumo de drogas o la ideación, pensamientos o intentos suicidas”.
La violencia y el discrimen se han documentado mediante la negación del género, la identidad y expresión asumida a través de prácticas como la negativa por parte del personal carcelario de utilizar el nombre escogido, la prohibición de utilizar determinadas prendas de ropa o maquillaje, y el corte obligatorio del cabello -en el caso de las mujeres de experiencia trans-, la interrupción de tratamientos hormonales y todo tipo de agresiones y abusos.
A su vez, añadió que desde la Comisión de Derechos Civiles se ha documentado cómo las personas de experiencia trans en las cárceles enfrentan niveles de violencia mucho más altos que el resto de la población, discriminación y falta de atención médica apropiada y adecuada a sus necesidades. Enfrentan aislamiento, falta de acceso a productos de higiene y barreras para la transición, limitando el ejercicio de sus derechos fundamentales.
“Pretender ubicar a las personas de experiencia trans tomando como único criterio su sexo biológico es una violación al principio constitucional que protege su dignidad, además de una violación de otra gama de derechos. El Gobierno de Puerto Rico, como todos los gobiernos del mundo, está obligado a asegurar la vida y el disfrute de los derechos humanos de todas las personas, independientemente, de su orientación sexual, identidad y expresión de género”, concluyó esperanzado en que se retire la medida o, en su defecto, reciba el rechazo mayoritario de los legisladores, porque las personas confinadas siguen siendo sujetos de derecho a pesar de su confinamiento.
