Por Luis Joel Méndez González y Gabriela Carrasquillo Piñeiro | Centro de Periodismo Investigativo
Aunque las carreteras y calles en las costas de Puerto Rico que se encuentran en zona inundable aumentaron un 10% en un periodo de alrededor de 10 años, ni el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ni la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) tienen proyectos de relocalización o elevación de la infraestructura vial estatal a su cargo para su adaptación y mitigación a largo plazo, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El panorama preocupa aún más debido a que 101 tramos de carreteras estatales, además de estar en áreas inundables, también están en zonas de erosión costera, según un estudio del Instituto de Investigación y Planificación Costera, adscrito al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). De estos tramos, 46 están expuestos a inundación costera con marejadas ciclónicas.
El análisis de los datos se realizó a partir de los Mapas de Tasas del Seguro de Inundación (FIRM, en inglés), preparados y aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Los FIRM son los mapas oficiales que adopta la Junta de Planificación para identificar las áreas de peligro a inundación. Tras los huracanes Irma y María en 2017, FEMA desarrolló los Mapas de Niveles de Inundación Base Recomendados (ABFE, en inglés). Estos se consideran mapas transitorios que reflejan las zonas inundables más actualizadas hasta que FEMA actualice los FIRM.
El CPI comparó la infraestructura vial que ubica en zonas de inundación entre los mapas FIRM versus los ABFE. Se identificó un aumento de 29% a 39% en la infraestructura de carreteras que se localizan en las zonas costeras inundables.
Al menos diez de 44 municipios costeros han comenzado proyectos de mitigación a corto plazo como drenajes pluviales y la colocación de rocas en carreteras que están bajo su jurisdicción. Algunos de estos proyectos impactarían carreteras estatales, a cargo de la ACT y DTOP. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) también cuenta con dos proyectos de restauración costera en San Juan y Humacao; y uno de control de inundaciones en Mayagüez, los cuales, según expertos consultados, mitigarían el alza en el nivel del mar, protegiendo así las carreteras aledañas.
Urgen soluciones a largo plazo
Cerca de uno de esos tramos afectados por inundaciones y erosión costera vive María E. Avilés Padilla. Tras el paso del huracán María, no pudo regresar a su hogar en la comunidad Las Ochenta, en Salinas, por cinco días. Las fuertes olas que el ciclón provocó en el Mar Caribe destrozaron el pavimento y las vallas de seguridad de la carretera PR-1, la cual conecta con su casa. Los cerca de 700 residentes en Las Ochenta terminaron incomunicados porque la carretera costera es su única vía de entrada y salida.
Cuando finalmente regresó, su propiedad estaba destruida, recordó en entrevista con el CPI.
“Hace 17 años vivo aquí”, contó Avilés Padilla sobre el sector, donde el ingreso promedio anual es de $12,500, según el Censo de 2020. Esta cantidad está muy por debajo del nivel de pobreza, que se establece como promedio en $25,800 para un hogar con tres integrantes en Puerto Rico.
“No hace mucho que el mar se salió y la gente de allá [la parte baja de la comunidad] subió porque la calle se inundó”, relató Avilés Padilla sobre lo que ha ocurrido en similar escala tras el impacto en el oleaje como resultado del paso por el Caribe de los huracanes Fiona, en 2022, y Beryl, en 2024. “Han tenido que sacar gente de sus casas y todo”, agregó.
Por su cercanía al litoral, esta parte de la PR-1 es uno de los 101 tramos bajo mayor riesgo en Puerto Rico a las inundaciones costeras, además de estar en un segmento de costa con erosión, según el estudio del Instituto de Investigación y Planificación Costera. El aumento del nivel del mar podría incrementar las inundaciones costeras en las próximas décadas, lo que hará la infraestructura más vulnerable, de acuerdo con el Plan de Adaptación, Mitigación y Resiliencia al Cambio Climático. Este plan fue sometido en el 2024 a la Legislatura por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) pero no fue atendido, por lo que deberá ser presentado nuevamente durante este cuatrienio.
Tras revisar los dos principales documentos de planificación del DTOP y Carreteras, el CPI tampoco pudo identificar ningún proyecto de relocalización o elevación para los 101 tramos de carreteras estatales costeras en riesgo. El secretario de DTOP, Edwin González Montalvo, dijo que la agencia trabaja en el reemplazo de puentes a una mayor altura para reducir el riesgo de inundaciones, pero no especificó cuántos y si alguno está en la franja costera.
En entrevista con el CPI, González Montalvo, reconoció que la agencia carece de proyectos de adaptación y mitigación a largo plazo para las carreteras en riesgo ante la elevación del nivel del mar e inundaciones costeras. El funcionario, previo a ser nombrado a su posición actual, fungió el pasado cuatrienio como director ejecutivo de la ACT.
“Ese es un reto, es una realidad”, respondió González Montalvo a preguntas del CPI tras su vista de confirmación en el Senado. “Son cosas que las atendemos caso a caso porque los fondos que recibimos (…) ya vienen limitados para carreteras [no municipales]”.
La relocalización de carreteras consiste en construir un desvío del tramo que se encuentre en riesgo o simplemente abandonarla para construir una en otro lugar no inundable. La magnitud del proyecto dependerá de la severidad del problema, es decir, si será permanente o temporero, explicó Benjamín Colucci Ríos, catedrático del Departamento de Ingeniería Civil y de Agrimensura del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR y uno de los fundadores del Centro de Transferencia de Tecnología en Transportación.
En una búsqueda rápida de los 101 tramos de carreteras estatales en riesgo a través de Google Maps, el CPI encontró que al menos 16 son la única vía de acceso para 22 comunidades costeras.
Maritza Barreto Orta, exintegrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, advirtió que la relocalización y elevación de carreteras es la única solución a largo plazo para el aumento del nivel del mar y el eventual incremento de inundaciones costeras. El Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático proyecta que para el 2050 el nivel del mar podría aumentar hasta casi dos pies.
Ante la ausencia de proyectos de relocalización o elevación de carreteras, Barreto Orta, quien dirige el Instituto de Investigación y Planificación Costera, no descartó el desarrollo de barreras naturales o rediseño de carreteras como soluciones a corto plazo. La efectividad de este tipo de medidas depende de cada caso.
Por ejemplo, el tramo de la PR-1 que da hacia Las Ochenta está revestido de rocas. Aunque las piedras se colocaron desde antes del huracán María en 2017, eso no ha impedido que la carretera quede intransitable por inundaciones cuando hay fuertes marejadas, según relataron al CPI los residentes en la comunidad y se consigna en la prensa regional.
Colucci Ríos advirtió que las inundaciones costeras y el fuerte oleaje socavan el pavimento de las carreteras. Esto provoca que el asfalto se debilite y que eventualmente las carreteras colapsen por la sobrecarga vehicular.
Municipios buscan alternativas
El CPI identificó que al menos los municipios de Mayagüez, Loíza, Aguada, Ceiba, Aguadilla, Ponce, Dorado, Salinas, Isabela y Patillas ya cuentan con fondos federales para algunos proyectos que pueden mitigar las inundaciones en la infraestructura vial en sus costas. Son fondos provenientes del Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos, de FEMA, y de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación, que maneja el Departamento de la Vivienda local.
Las obras protegerían parcialmente las carreteras en riesgo porque mitigarían el alza del nivel del mar, respondió el CEACC a preguntas del CPI.
Barceloneta, Luquillo, Humacao y Yabucoa sometieron propuestas que atenderían este problema para los fondos de mitigación del Departamento de la Vivienda, pero no fueron seleccionados.
El CEACC indicó al CPI que la instalación de sistemas de manejo de aguas pluviales, la restauración de dunas, la siembra de manglares y de arrecifes de coral serían medidas de adaptación y de rediseño aceptables para la infraestructura vial en riesgo. En algunos casos, lo ideal sería la relocalización y la elevación de carreteras, aunque serían proyectos onerosos y complejos, reconoció el Comité. La medida de mitigación a implementar dependerá de los estudios de cada carretera. El CEACC añadió que debe seleccionarse la medida menos dañina para el ecosistema y las comunidades aledañas.
El Plan de Cambio Climático es enfático en torno a la necesidad de adaptar la infraestructura vial en Puerto Rico a las manifestaciones de la crisis climática. El DTOP y la ACT están a cargo de unos 8,000 kilómetros de carreteras estatales mientras que otros 16,000 kilómetros están bajo jurisdicción de los ayuntamientos al ser carreteras municipales.
Colucci Ríos explicó que las carreteras costeras en Puerto Rico están seriamente afectadas por las fuertes lluvias y la sobrecarga vehicular a las que fueron sometidas tras los huracanes Irma y María por el colapso de las vías en la zona montañosa. El mal estado o el colapso de muchos puentes en los municipios del centro de la Isla obligó a que vehículos de carga pesada, como camiones con materiales de construcción, transitaran por la costa.
“A raíz del cambio climático y la elevación del nivel del mar, el impacto directo al pavimento es que sube el nivel freático, debilita la capacidad de transmitir la carga [vehicular] y por ende va a fallar”, explicó el ingeniero vial. El nivel freático es el nivel del agua en el subsuelo.
Ninguno de los proyectos aprobados bajo el Programa de Mitigación de Riesgos para los tramos expuestos a inundaciones están construidos a la fecha. Estos proyectos fueron aprobados entre abril de 2021 y enero de 2025.
Proyectos como suero de brea
Desde hace tres años, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, espera que FEMA obligue unos $10 millones para dos proyectos que sometió por medio del Programa de Mitigación de Riesgos para la siembra de arrecifes de coral y la restauración de dunas de arena de la playa aledaña a la PR-187. Ambos proyectos, de ser aprobados, protegerían la carretera del litoral del aumento del nivel del mar, así como del incremento en inundaciones costeras.
De acuerdo con la alcaldesa, FEMA le indicó que no ha obligado ninguno de los proyectos por falta de fondos. La obligación de fondos es la asignación del dinero necesario para el desarrollo de proyectos.
“Estamos en una lista [de espera]”, dijo Nazario Fuentes. “En la medida en la que se reciben fondos, ellos van otorgando [fondos] a nuevos proyectos”, explicó.
Mientras espera por FEMA, el Municipio de Loíza ordenó en enero cerrar dos calles que dan acceso a 10 viviendas en la urbanización Parcelas Suárez — cerca de la PR-187 — porque unas fuertes marejadas debilitaron el terreno sobre el cual se encuentran construidas, narró la alcaldesa.
Edwin Cotto, uno de los 45 residentes afectados, dijo que no es la primera vez que las calles en la comunidad colapsan. Por años, los vecinos han reclamado que se desarrolle un proyecto de mitigación a largo plazo para evitar una desgracia.
“Esas olas vienen todos los años para este tiempo [en otoño] y no se ha puesto nada para mitigarlo”, denunció.
Escollos similares enfrentan los municipios de Cataño y Vega Baja, que también esperan a que sus proyectos de adaptación y mitigación sean aprobados por FEMA.
El Municipio de Cataño sometió al Programa de Mitigación de Riesgos un proyecto para la construcción de un rompeolas revestido de rocas así como la rehabilitación de arrecifes de coral, lo cual además de ser una barrera natural ante las marejadas ciclónicas, cumpliría con la definición de una medida de adaptación adecuada para proteger la carretera PR-888 de las inundaciones costeras.
A cuatro años de haberlo presentado, el proyecto fue denegado a finales de enero por FEMA, confirmó el portavoz del municipio, Elliot David Rivera, quien agregó que el municipio apelará la decisión. El proyecto fue sometido originalmente bajo el programa de mitigación por el huracán María, pero a finales del 2023 se transfirió al mismo programa pero con fondos disponibles por el huracán Fiona, según la entonces asistente ejecutiva del alcalde, Nannette Rodríguez.
El Municipio de Vega Baja también presentó un proyecto al mismo programa de FEMA en octubre pasado para demoler unas 13 propiedades en desuso en la carretera PR-686. El ayuntamiento tomó la decisión luego de que el DRNA no les diera acceso a los más de $105 millones habilitados para esos fines mediante la Declaración de Emergencia por Erosión Costera declarada por el exgobernador Pedro Pierluisi. La eliminación de estructuras en desuso en la costa es una de las recomendaciones del CEACC como medida para desacelerar el deterioro de la línea de costa y mantener control de las inundaciones costeras por la crisis climática.
El proyecto se encuentra en proceso de requerimiento de información para asegurarse de estar en cumplimiento con el programa, informó Carmen Edith Torres, oficial de asuntos externos de la Oficina de Recuperación Conjunta de FEMA en Puerto Rico.
Para FEMA aprobar o denegar un proyecto, primero tiene que asegurarse de que cumple con sus responsabilidades ambientales e históricas de acuerdo con las leyes federales y las órdenes ejecutivas vigentes, y que sea eficaz y viable en términos de alcance y rentabilidad.
Al Municipio de Patillas, en la costa sureña, le aprobaron un proyecto de control de inundaciones hace dos años, pero todavía no está completado por falta de mano de obra, dijo la alcaldesa Maritza Sánchez Neris. El proyecto se mantiene en etapa de diseño y, una vez se complete, beneficiará indirectamente la carretera PR-3, la cual ha sufrido inundaciones costeras y escorrentías por décadas, un problema que afecta al sector Recio del barrio Guardarrayas, dijo la Ejecutiva Municipal.
La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO en inglés) indicó en un informe el año pasado que el Programa de Mitigación de Riesgos de FEMA ha experimentado “retrasos inesperados”.
Para reducir la burocracia en el desarrollo de los proyectos, la GAO recomendó a FEMA reevaluar los protocolos de solicitud de información y el proceso de preservación ambiental e histórica; y reclutar más personal.
El informe del GAO también reconoció el problema de la falta de mano de obra en la recuperación en general de Puerto Rico.
Un callejón sin salida
El alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo Ruiz, dijo al CPI que llevó ante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) un proyecto para instalar un arrecife de coral artificial a lo largo de la carretera PR-906 para protegerla del aumento del nivel del mar y de las inundaciones costeras. Sin embargo, según el alcalde, la agencia federal rechazó la propuesta debido a que en esa ruta no había ninguna estructura gubernamental que proteger.
Por su parte, el portavoz del Cuerpo de Ingenieros Luis A. Deyá aclaró que para dar paso a un proyecto de adaptación y mitigación como el propuesto “no necesariamente” se tiene que proteger una estructura gubernamental. Deyá dijo que el Alcalde no se ha reunido con el Distrito del Caribe del USACE, que se creó en junio de 2024, pero no pudo confirmar si hubo una reunión antes del establecimiento del Distrito.
El Ayuntamiento sometió la misma propuesta a consideración del Programa para la Mitigación en Infraestructura del Departamento de la Vivienda, pero el proyecto no fue seleccionado por falta de fondos, dijo el municipio.
“Si no se toma [acción] ahora, de aquí a 15 o 20 años (…), habrá que elevar la carretera y el Gobierno va a tener que hacer una inversión millonaria”, advirtió el Alcalde.
El Municipio de Barceloneta también ha intentado infructuosamente desde 2018 identificar fondos para la restauración de dunas a lo largo de las carreteras PR-681 y 684. Estas carreteras están entre las más propensas a inundaciones costeras.
La directora de Programas Federales del Municipio de Barceloneta, Glorimar Villamil Carrión, dijo que para inicios de 2023 se presentó la propuesta de fortalecimiento de dunas al Programa para la Mitigación en Infraestructura del DV. Narró, que meses después, la agencia le comunicó al Ayuntamiento que el proyecto estaba “sólido” para obtener los fondos federales. Entonces, el Municipio echó a un lado otro proyecto que también tenía pendiente para el manejo de escorrentías, y cifró todas sus esperanzas en este.
Al final, la propuesta no fue seleccionada por falta de fondos, según una base de datos provista por Vivienda al CPI .
Del mismo modo, el Municipio de Luquillo sometió un proyecto de control de erosión y restauración costera. Según el alcalde Jesús Gerardo Márquez Rodríguez, este proyecto es de suma importancia porque actualmente tiene 12 millas de costa que sufren de erosión costera. El objetivo de la propuesta sometida ante la consideración del DV es maximizar las barreras naturales disponibles para proteger la vida, la propiedad, así como las carreteras PR-3 y PR-193, indicó el Ejecutivo Municipal.
Igual que en Barceloneta y Yabucoa, el proyecto luquillense no fue seleccionado por falta de fondos, según la lista de proyectos de Vivienda.
Sin embargo, el Alcalde de Luquillo dijo al CPI que Vivienda no le ha comunicado que el proyecto fuera descartado y que, por el contrario, la agencia le informó al personal del Ayuntamiento que “el proyecto se mantiene”.
El Programa para la Mitigación en la Infraestructura administrado por el DV, con cerca de $4.3 mil millones en fondos CDBG-MIT, recibió 270 solicitudes de las que se preaprobaron solo 23, comunicó Vivienda al Senado. El programa tiene una partida de cerca de $2.4 mil millones específicamente para este tipo de proyectos.
La directora de la División Legal de la Oficina de Recuperación del DV, Ruth N. López Alsina, explicó al CPI que los proyectos preseleccionados acumularon la mayor cantidad de puntos al ser evaluados por los riesgos que mitigarían, cuán numerosa sería la población que beneficiarían y cuán adelantado estaban sus diseños, permisos y cumplimiento ambiental. Los proyectos de barreras costeras recibieron una mayor puntuación al ser evaluados. No obstante, los proyectos de Luquillo, Barceloneta y Yabucoa aun así no fueron seleccionados.
“Estos proyectos (…) recibieron una mayor calificación o prioridad bajo ese renglón en comparación con los otros”, indicó López Alsina. “Sin embargo, la puntuación final depende de una acumulación de puntos”.
La innovación en el diseño, plan de implementación y financiamiento con otras fuentes de fondos también estaban entre los criterios considerados, agregó la funcionaria.
Los proyectos no seleccionados por disponibilidad de fondos podrían ser considerados nuevamente en el futuro según avance el programa, puntualizó la funcionaria. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump adoptó como política pública descontinuar programas y subvenciones para atender las manifestaciones de la crisis climática en las principales agencias federales.
Buscan otras alternativas
El alcalde de Culebra, Edilberto Romero Llovet, también aguarda a que FEMA apruebe un proyecto que la organización Sociedad Ambiente Marino sometió en conjunto con el Municipio a través del Programa de Mitigación de Riesgos para sembrar mangles y revestir de rocas la línea de costa en la PR-252 para así mitigar las inundaciones costeras. Quiere replicar el éxito que tuvo un proyecto similar realizado hace dos años en la carretera PR-250 por cerca de $200,000 en colaboración con la organización Protectores de Cuencas. Esa restauración se hizo con fondos del Programa de Asistencia Pública de FEMA.
Estos proyectos son un ejemplo de las colaboraciones entre los ayuntamientos y organizaciones sin fines de lucro para mitigar las inundaciones costeras y el aumento del nivel del mar ante la lentitud y la dejadez de los programas del Gobierno para estos fines habilitados mediante fondos federales.
La organización Protectores de Cuenca estuvo a cargo de la estabilización de la PR-250, en Culebra. Foto suministrada
El director de la Oficina de Planificación, Ambiente, Desarrollo y Urbanismo de Manatí, Víctor González Narváez, comentó que el municipio también ha restaurado barreras naturales con el respaldo de entidades sin fines de lucro y con fines de lucro.
Mencionó que han colaborado con organizaciones como el grupo Vegabajeños Impulsando el Desarrollo Ambiental Sostenible (VIDAS) y Descendientes Unidos por la Naturaleza, la Adaptación y la Sostenibilidad (DUNAS) para ejecutar el Plan de la Reserva Natural de los Jardínes Submarinos de Vega Baja y Manatí, con el que protegerían las carreteras PR-684 y 686 de las inundaciones costeras. El Municipio también tuvo la colaboración de First Bank para dos proyectos de siembra costera mediante la contratación de personal especializado y la compra de parte de la vegetación, dijo.
La falta de recursos humanos y de tiempo para formular y someter proyectos de mitigación motivó a González Narváez a buscar apoyo en el tercer sector en lugar de solicitar fondos al Gobierno.
“Es una lucha constante con el Estado, con las agencias”, indicó.
Hasta el momento, Vida Marina (UPR-Aguadilla), Protectores de Cuencas, First Bank, VIDAS y DUNAS han trabajado en al menos 25 proyectos de adaptación y de mitigación a la elevación del nivel del mar y las inundaciones costeras en más de 15 municipios por medio de la restauración de dunas y siembra de mangles y arrecifes de coral cerca de las vías de rodaje, según información provista al CPI por las organizaciones.
¿Quién responde por las comunidades?
Cada vez que se asoma mal tiempo, las olas golpean con fuerza la parte de la carretera PR-1 que pasa por Salinas. Escombros y arena tornan intransitable la carretera, dijo Ada Ramona Miranda Alvarado, líder de la comunidad Las Ochenta. Los residentes terminan expuestos al riesgo de no poder ser atendidos durante emergencias médicas al quedar incomunicados, dijo.
Hace dos años, Miranda Alvarado terminó prácticamente incomunicada por tres días tras el huracán Fiona. La única manera de acceder a la comunidad era en vehículos altos.
“Todo lo que botó el mar estaba en la carretera”, recordó.
Sin embargo, la oficial de prensa de Salinas, Lersy Pastrana, indicó que el Municipio de Salinas no tiene ningún proyecto en curso para mitigar las inundaciones costeras en ese tramo de la PR-1.
“El Municipio no cuenta con fondos propios para ese tipo de proyectos”, dijo Pastrana.
Las Ochenta, en Salinas, también está circundada por un canal de agua que inunda las viviendas en la parte baja de la comunidad cuando se sale de su cauce.
Foto por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo
La ex miembro asociada de la Junta de Planificación y catedrática de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR, Norma Peña Rivera, explicó que entre menos accesible sea una comunidad, menor será su nivel de riqueza, pues la movilidad es determinada por la presencia de carreteras, en un país que carece de un sistema de transporte colectivo efectivo.
El DTOP y la ACT son responsables del desarrollo de proyectos viales en Puerto Rico. Sin embargo, la Junta de Planificación (JP) tiene la responsabilidad de asegurarse de que esos proyectos se hagan de manera integral, justa y en armonía con el medioambiente, además de que según su propia ley orgánica, tiene la facultad de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico. La planificadora urbana Peña Rivera destacó que no existe obstáculo para que las tres entidades trabajen en conjunto.
No obstante, Marisol Luna Díaz, oficial de información de la JP, dijo que esa agencia no tiene injerencia en la autorización o en la fijación de parámetros para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial que respondan a la crisis climática.
“Dichas responsabilidades recaen en la ACT, el DTOP y la Oficina de Gerencia de Permisos”, respondió Luna Díaz por escrito al CPI. La ACT y el DTOP deben construir según los códigos de construcción aplicables y las políticas públicas sobre el manejo de la zona costanera, así como la elevación en zonas inundables, el manejo de agua pluvial y las normas de la resiliencia frente al cambio climático, añadió.
Luis Joel Méndez González es integrante de Report for America.
