Personal docente del Departamento de Educación (DE) respaldó ayer en vista pública una medida legislativa que busca exigir a los maestros de educación especial capacitación continua enfocada en la formación de estudiantes con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), pero la agencia tuvo reservas con la obligatoriedad e instó a fortalecer los esfuerzos en curso.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos, aseguró que el propósito de la Resolución Conjunta de la Cámara 132 está “sustancialmente en ejecución” dentro del sistema educativo, ya que el DE ha adelantado la implementación de un andamiaje dirigido a fortalecer las capacidades del personal docente en la atención de estudiantes con TEA.
“La imposición de términos específicos y la obligatoriedad generalizada para el personal docente deben ser evaluadas a la luz de la capacidad operacional del sistema, la disponibilidad de recursos, la carga laboral del personal y la magnitud de la población impactada”, advirtió el titular en un memorial explicativo.
La legislación, radicada en mayo de 2025, es impulsada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en respuesta al incremento en los diagnósticos de autismo que ha experimentado Puerto Rico en la última década, según esboza la exposición de motivos.
Los representantes destacaron que datos del DE para la fecha en que fue presentada la medida revelaron más de 11,990 estudiantes con diagnóstico de autismo en el sistema público de enseñanza. Esta cifra significa, según los proponentes, un aumento de más del 249 % en comparación con datos recopilados por el Instituto de Estadísticas en años anteriores.
“Yo puedo tener la mejor vocación del mundo, y en todo hace falta una licencia. Por eso es que nos certifican, tomamos la reválida para poder ejercer”, dijo el representante Reinaldo Figueroa Acevedo, uno de los autores del proyecto. “Yo creo que hay que darle un poquito más de incentivo, un poquito más de ayuda al maestro”, agregó.
Según la licenciada Saraí Ruiz, directora de Política Pública de Educación, la agencia ha desarrollado e implementado un programa de certificación docente en autismo de 18 créditos en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, lo cual aseguró que atiende el mandato de la medida.
Ruiz explicó ante la Comisión de Educación, presidida por la representante Tatiana Pérez Ramírez, que el programa ha sido estructurado por cohortes con la expectativa de impactar “una masa crítica” de 800 docentes y priorizando al personal de educación especial.
Asimismo, detalló que se han ofrecido cursos de 40 horas para la certificación como Técnico de Comportamiento Registrado (RBT, en inglés), dirigidos a reforzar las destrezas en la intervención conductual.
Al mes de diciembre de 2025, el programa había alcanzado 503 docentes participantes, informó el DE. “Aunque la propuesta legislativa persigue un objetivo meritorio, podría resultar reiterativa en la medida en que atiende objetivos que ya están siendo abordados mediante iniciativas concretas y en curso”, sostuvo Ruiz.
Mientras, directores escolares y maestros señalaron en la vista pública la necesidad de que el personal de educación especial reciba adiestramientos especializados sobre el autismo tras detallar los retos que presentan los alumnos dentro del salón de clases.
Dificultades de conducta, comunicación e interacción social fueron algunos de los desafíos que mencionó la doctora María Ríos, maestra de educación especial en el DE. “Nuestras escuelas necesitan docentes con herramientas actualizadas para responder con eficacia y dignidad”, comentó.
“Esta política puede traducirse en mejores oportunidades de aprendizaje y participación para estudiantes con TEA; mejor preparación del personal docente; y avances reales hacia una educación pública más inclusiva y equitativa”, opinó la profesora.
Para optimizar el alcance de la medida, la educadora recomendó que se sustente la certificación en evidencia de prácticas validadas en el contexto escolar; que se ofrezca en modalidad híbrida o virtual para hacerla accesible al magisterio; y establecer la medición de resultados.
De igual forma, el profesor Carlos Vera, quien compareció en su carácter de director escolar, indicó que la propuesta legislativa afirmó que no todo el personal de educación especial cuenta con la preparación necesaria para manejar conductas, diferencias la enseñanza y garantizar una inclusión efectiva.
“Desde la administración escolar, esta medida responde a una necesidad urgente. En nuestras escuelas atendemos una población estudiantil diversa, y cada vez son más los estudiantes con TEA que requieren intervenciones especializadas”, comunicó Vera.
La resolución conjunta ordena al DE a diseñar el programa de certificaciones profesionales en colaboración con la UPR, cuya presidenta Zayira Jordán indicó tener la disposición de ampliar las iniciativas que están encaminadas.
No obstante, la líder institucional advirtió que la participación de la UPR en el desarrollo curricular estará sujeta al acuerdo de los mecanismos entre las dos agencias y la asignación de los recursos financieros que garanticen una ejecución sostenible.
Entre los costos asociados, destacó la contratación de expertos, la administración del programa, la infraestructura tecnológica y la certificación de participantes. “Lo anterior responde a que la Universidad no cuenta con la capacidad fiscal para asumir la implantación de este programa con cargo a su presupuesto operacional”, alertó Jordán.
Por su parte, la Alianza de Autismo de Puerto Rico reclamó que el sistema de provisión de servicios educativos para estudiantes de educación especial evolucione de un modelo “de mera integración física” a uno que atienda al espectro de autismo en todas sus vertientes.
La directora ejecutiva del organismo, Joyce Dávila, recordó que la legislación vigente en Puerto Rico sobre el TEA ya contempla que el personal docente y profesionales de la salud reciban certificaciones en las áreas de autismo. Ejemplo de ello son las Leyes 318 de 2003 y 220 de 2012, las cuales argumentó que han quedado “en letra muerta”.
“Continuamos con el problema de maestros sin las competencias técnicas necesarias para atender a la población diagnosticada con el espectro de autismo, a pesar de que la matrícula de estudiantes con autismo se ha quintuplicado en los pasados 13 años”, manifestó Dávila.
