El presidente de la Comisión de Gobierno, representante Víctor Parés Otero, aseguró hoy que la Cámara exigirá mediante legislación parámetros rigurosos en la transición del uso de carbón a fuentes de energía limpias en Apply Energy Services (AES)- planta de generación ubicada en Guayama- mientras se obtengan los nuevos recursos energéticos que la reemplacen en su totalidad.
En esta vista pública evaluaron tanto el Proyecto de la Cámara 267, que pretende precisamente atemperar los objetivos de política pública energética a la realidad y garantizar el cumplimiento de metas establecidas 2050, así como el Proyecto de la Cámara 268, para enmendar la Ley de Transformación y Alivio Energético (Ley 57-2014) con el fin de aumentar multas y facilitar su cobro.
Para dicho análisis, la comisión recibió al ingeniero Edison Avilés, presidente del Negociado de Energía, y el ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), quien a su vez, es el Zar de la Energía.
El representante Parés Otero señaló que, aunque la política pública energética de Puerto Rico establece que al 1 de enero de 2028 quedará prohibida la generación a base de carbón, retirar la planta de AES sin una fuente que la sustituya comprometería la estabilidad del sistema eléctrico.
“Para que Puerto Rico esté claro, la planta de AES debe transicionar a otro tipo de energía que no sea el carbón. Estamos a dos años y algo de que se tenga que cerrar la planta de uso de carbón. Significaría 500 megavatios menos y, para efectos reales, habría apagones y problemas en el país de generación”, expresó el representante durante esta primera vista pública para eliminar las metas intermedias en la transición hacia el 100 por ciento de energía renovable para el 2050.
La medida (P. de la C. 267) ampliaría igualmente el plazo para la prohibición del uso de carbón hasta el 2030, con la posibilidad de prórrogas posteriores de cinco años según la determinación del Negociado de Energía. El legislador enfatizó, no obstante, que la comisión cameral procurará que la planta de AES -la única instalación de generación a base de carbón existente en Puerto Rico- opere con fuentes de energía menos dañinas para el medioambiente y la salud pública, siendo una de las preocupaciones de la representante Adriana Gutiérrez, quien participó de la vista junto a integrantes de las diferentes delegaciones políticas.
“Vamos a incluir enmiendas que intensifiquen esa voz; que ese cambio que se está pidiendo de AES tenga que venir constantemente en un periodo de tiempo a la Asamblea Legislativa para rendir cuentas, y exigirles que cumplan con esos parámetros. No queremos que quede como un cheque en blanco”, manifestó Parés Otero.
Por su parte, el ingeniero Colón de la AAPP, detalló en su ponencia una serie de enmiendas para asegurar una transición sin imponer plazos rígidos que puedan afectar la estabilidad del servicio eléctrico o encarecer los costos para los consumidores.
Para el funcionario, es imprescindible que la planta de AES continúe en operación hasta el 2035, pues el retiro de esta instalación resultaría en apagones diarios y más prolongados.
“Nosotros lo que estamos diciendo no es que se abandonen esas metas intermedias. Lo que estamos introduciendo como cambio es que las metas intermedias sean el producto del análisis de los planes integrados de recursos, que de ordinario se hacen cada tres a cinco años, dependiendo de lo que el Negociado de Energía determine”, aclaró Colón. Al mismo tiempo, apuntó que el Negociado debe ser el ente fiscalizador de la transición energética.
A preguntas de Parés Otero, Colón explicó que, ante el escenario de alta demanda y producción de energía, la mejor opción de transición, al momento, es la integración de tecnología que permita un cambio de combustible de ciclo combinado.
Mientras que el presidente del Negociado de Energía, ingeniero Avilés, concurre en la importancia de revisar y ajustar las disposiciones que regulan la transición energética, de manera que se facilite la transformación del sistema eléctrico sin comprometer la meta de alcanzar un 100 por ciento de generación renovable para el 2050.
Avilés expresó que en Puerto Rico se estima alcanzar aproximadamente un 30 por ciento de generación a base de fuentes renovables para el 2028. “Cuando se creó la legislación que se está enmendado hoy, la generación a base de energía renovable era casi cero. Hoy día, estamos casi a un 27 o un 30 por ciento y eso es bien similar a las carteras de energía renovable de los diferentes estados”.
Los representantes Héctor Ferrer Santiago y Denis Márquez Lebrón se opusieron a la extensión de la operación de la planta de AES y este último enfatizó en los efectos de las cenizas en las comunidades aledañas.
El P. de la C. 267, presentado por La Fortaleza, establece en su exposición de motivos que la obligación estatutaria de cumplir con las metas intermedias ha imposibilitado que el Negociado de Energía implemente generación más limpia y costo-eficiente como transición hacia la energía renovable, lo que, a su vez, dificulta la sustitución de plantas.
Por tal razón, se enmendaría la Ley 17-2019 y la Ley 82-2010 con el fin de eliminar el requisito de incrementar la energía a base de fuentes renovables a 40 por ciento para el 2025 y a un 60 por ciento para el 2040. También propone la eliminación del objetivo de un 30 por ciento de eficiencia energética para el 2040, al igual que la sustitución del 100 por ciento del alumbrado público por luces electroluminiscentes antes del 2030.
Evalúan aumentar multas a compañías privadas
Ante el Proyecto de la Cámara 268, también presentado por La Fortaleza, la comisión cameral discutió el aumento de las multas que el Negociado podrá imponer a las compañías privadas encargadas de la operación y mantenimiento de la red eléctrica por violaciones a las leyes.
En específico, el proyecto dispone aumentar de $25,000 a $125,000 el monto de una multa administrativa e incrementar la sanción a $250,000 en caso de que persista la violación. Asimismo, establece como delito grave infringir intencionalmente la ley.
Esta pieza legislativa recibió el respaldo de Avilés, presidente del Negociado y puntualizó que “permitir que el ente regulador imponga multas que representen un verdadero disuasivo es fundamental para incentivar mejoras en el desempeño de las compañías de servicio eléctrico. Sanciones económicas significativas crean incentivos claros para que las empresas cumplan con los estándares de calidad, confiabilidad y eficiencia”.
Mientras que Colón, director ejecutivo de la AAPP, sugirió varias enmiendas con el propósito de garantizar el cobro de las multas y fortalecer facultades del Negociado. Además, especificó que las multas no podrán ser pagadas con fondos de la tarifa que impacte al consumidor.
