La Cámara de Representantes aprobó hoy durante los trabajos de la Sesión Ordinaria el Proyecto de la Cámara 615, de la autoría del líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para enmendar la “Ley Antimonopolística de Puerto Rico”, a los fines de actualizar las disposiciones relacionadas con las cadenas voluntarias de detallistas de bienes y servicios, así como establecer procesos ágiles para su certificación y autorizar nuevas modalidades operacionales en este sector.
En la exposición de motivos del proyecto indica que a pesar de que el reglamento 8520 de la Compañía de Comercio y Exportación establece los procedimientos y parámetros para la certificación de cadenas voluntarias, “ha demostrado ser ineficiente en la práctica”.
“El proceso actual está plagado de trabas burocráticas, términos sin consecuencias y una falta de uniformidad en la implementación, lo que genera incertidumbre y desalienta a los detallistas interesados en organizarse para competir de manera justa”, especifica la medida.
El propósito de los cambios propuestos al programa de cadena voluntaria son flexibilizar el funcionamiento y facilitar la participación de los comerciantes. Uno de los cambios principales es el aumento en el número de establecimientos que puede operar un comerciante dentro de una cadena voluntaria, pasando de cinco a diez locales. Para ello, los establecimientos deben ser reconocidos por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Además, se establece que los solicitantes ya no dependerán exclusivamente de estudios de mercado elaborados por el gobierno. En cambio, podrán presentar estudios preparados por economistas certificados, lo que brinda mayor flexibilidad y acceso a fuentes externas de análisis económico.
En cuanto al proceso de certificación, el DDEC contará con un plazo de 30 días laborables para responder a una solicitud. Si no emite una decisión en ese tiempo, se entenderá que la certificación ha sido otorgada automáticamente, permitiendo al comerciante operar bajo el programa de cadena voluntaria. Cuando la solicitud sea denegada, el comerciante podrá apelar ante la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos dentro del término que se establezca por reglamento. Esta oficina tendrá 45 días laborables desde la fecha de la solicitud de revisión para emitir su recomendación. Si no responde en ese plazo, también se considerará que la certificación ha sido concedida para operar en el programa de cadena voluntaria.
Igualmente, fue avalado el Proyecto de la Cámara 367, de Administración, para enmendar la Ley 18 del 30 de octubre de 1975, y así habilitar dentro del registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, un enlace titulado “Informe sobre Contratos de Alto Volumen”, en aquellas transacciones que excedan los 500 mil dólares por año fiscal.
En este enlace, que será parte del registro, se divulgará la información de toda persona, natural o jurídica que, con un solo contrato, o con el agregado de varios reciba la cantidad antes mencionada.
Con la iniciativa se busca “maximizar la transparencia y aumentar la confianza pública en la gestión gubernamental” y entrará en vigor el 1 de julio de este año. El proyecto recibió 49 votos a favor.
Dentro de las aprobaciones está el Proyecto de la Cámara 697, también de Administración, para enmendar la «Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos» a los fines de autorizar que el Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas puedan negociar y contratar directamente todo lo concerniente a los beneficios relacionados a los planes de seguros de servicios de salud de sus respectivos funcionarios y empleados.
Asimismo, el Proyecto de la Cámara 300, del representante Axel “Chino” Roque Gracia, obtuvo el respaldo para establecer la “Ley de Justicia Laboral para nuestros Directores Escolares” y enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de reconocer las funciones que desempeñan mediante la obtención de un puesto de carrera, luego de demostrar que posee las cualificaciones y la capacidad de estar al frente de una institución educativa.
Esta pieza legislativa busca reconocer la importante labor que desempeñan los directores de escuela en el sistema de educación pública, garantizando así su estabilidad y permanencia laboral.
El representante Roque García, expresó que “a base a los reclamos que tenían los directores escolares de mi distrito 28, de los pueblos de Naranjito, Corozal y Barranquitas, radicamos esta medida que ayudará a estos funcionarios a través de toda la Isla, para poder establecer los mecanismos, para poder otorgarles la permanencia y estabilidad laboral que requieren estos líderes educativos”. Es importante señalar que el superintendente regional del Departamento de Educación nombrará a los directores conforme a lo establecido en la “Ley de Reforma Educativa” del 2018 y los reglamentos aplicables por un término de dos años luego de lo cual serán evaluados para determinar que cumplen con los parámetros establecidos para esta posición. En el caso de que no cumpla con los criterios, se le dará un periodo probatorio de dos años adicionales.
Otra pieza avalada es el Proyecto de la Cámara 157, del representante Ángel Morey Noble, para derogar la Ley 402 del 12 de mayo de1952, que autorizó el secretario de Hacienda a eximir de pago de contribuciones sobre ingresos a las Asociaciones Cooperativas de Crédito de Producción, ya que las leyes actuales proveen para esos fines.
La exposición de motivos del proyecto señala que el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico” del 2011 así como la “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito” del 2002 y la “Ley General de Asociaciones Cooperativas” del 2004, disponen una exención tributaria de hasta un máximo de 5,000 dólares, al igual que el ingreso recibido por residentes de Puerto Rico por concepto de distribución de dividendos efectuados por asociaciones cooperativas domésticas.
A la lista se unió la Resolución Conjunta de la Cámara 80, del representante Ángel Morey Noble, que reasigna al municipio de Cataño 38,054.11 dólares para realizar diversas obras permanentes en los predios del Estadio Pedro “Perucho” Cepeda.
De otra parte, fue aprobado el Proyecto del Senado 459, para restituir a miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que representan a las entidades que agrupan a los alcaldes de la Asociación y la Federación de Alcaldes, quienes designarán a su vez a aquella persona que estarán dentro de este organismo.
A su vez, respaldaron el informe de conferencia del Proyecto del Senado 49, que enmienda el “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de permitir la notificación de adjudicación de una subasta a los licitadores certificados mediante correo electrónico.
En cuanto al Proyecto de la Cámara 23, que tiene como fin crear la “Ley para la Integración Tecnológica entre el Poder Judicial y la Rama Ejecutiva para proteger a las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico”-cuyo autor es Méndez Núñez- fue dejado para un turno posterior.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria hasta el próximo martes, 10 de junio de 2025.
