La Cámara de Representantes aprobó durante los trabajos de la Sesión Ordinaria el Proyecto de la Cámara 359, para enmendar el Código de Incentivos de Puerto Rico y así detallar el uso de una serie de estímulos dirigidos a fomentar el desarrollo de nuevos hogares en los cascos urbanos.
La pieza legislativa, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez
Núñez y la representante Omayra Martínez Vázquez, establece un tope máximo de
hasta 750,000 dólares por la compra de una vivienda y un límite de hasta cinco mil
dólares por arrendamiento.
El texto decretativo del proyecto indica que se podrá utilizar el incentivo de compra una
sola vez por desarrollo. Además, se crea un crédito contributivo por inversión de hasta
el 40 por ciento de dicha inversión durante un periodo que se puede extender por siete
años.
Para ello la inversión de los desarrolladores en los proyectos debe ser igual o mayor a
un millón de dólares, excluyendo el costo pagado por la propiedad a rehabilitarse para
poder recibir estos incentivos.
Según el lenguaje de la medida, se estima que en Puerto Rico existe una necesidad de
alrededor de 50 mil nuevas viviendas. El costo promedio de una unidad residencial
nueva es de $351,407 según estimados del 2024, cifra que representa un aumento de
20 por ciento en comparación con el 2023.
“En Puerto Rico existe una necesidad apremiante de nuevas unidades de vivienda.
Mirando las opciones que más ágil permita viabilizar una residencia, uno de los
sectores que se entiende cuenta con ese potencial son los cascos urbanos. Estos
centros han sido impactados por los cambios sociales de las últimas tres décadas y
ahora existen muchas estructuras en desuso que pueden ser rehabilitadas con el fin de
desarrollar hogares para la clase trabajadora, al igual que adultos mayores. Esta
medida va enfocada a eso”, señaló el líder cameral Méndez Núñez.
De otra parte se le dio paso al Proyecto de la Cámara 27, del presidente cameral
Méndez Núñez, con el fin de enmendar la “Ley del Fideicomiso Perpetuo para las
Comunidades Especiales” para conceder al director ejecutivo de la Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) la facultad de emitircertificaciones para la inscripción, así como para la transferencia de derechos o de la titularidad de inmuebles particularmente de aquellos que son utilizados con fines
residenciales.
Con esta pieza se llena una necesidad porque el Fideicomiso y la ODSEC han
experimentado dificultades relacionadas con el proceso para la inscripción y
transferencia de títulos de propiedad inmueble debido a la falta de documentación
indispensable requerida por el Registro de la Propiedad. A pesar de todos los esfuerzos
y gestiones realizadas por parte del personal de la ODSEC y del Fideicomiso los
documentos requeridos no están disponibles.
Según la exposición de motivos de la pieza en discusión “resulta imperativo dotar a la
ODSEC con la facultad que cuentan otras agencias gubernamentales de emitir
certificaciones para la inscripción, la transferencia de derechos o de la titularidad de
inmuebles, en particular de las propiedades que son utilizadas con fines residenciales”.
A renglón seguido, se favoreció la designación de la Lcda. Leila Rolón Henrique como
miembro en propiedad del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Mientras que
los nombramientos de las licenciadas Nélida Jiménez Velázquez como miembro
propiedad y de Olga Birriel Cardona para la posición de miembro alterno de dicho
organismo, fueron devueltos a comisión.
El presidente de la Comisión de Gobierno, el representante Víctor Parés Otero, señaló
que la nominada, que laboró como abogada para la Sociedad para la Asistencia Legal
y como Jueza Superior en el Tribunal de Primera Instancia, “cumple con lo requerido
por la ley para la posición que ha sido designada”.
Mientras que el representante Héctor Ferrer Santiago, señaló que la licenciada Rolón
Henrique “fue clara en admitir que sí, hay un problema de percepción en la Oficina del
Panel del Fiscal Especial Independiente, de credibilidad, de que tenemos que buscar la
manera de enmendar, eliminar o trabajar con este organismo, pero en aras de buscar
mejorares la eficiencia y que no se cierre las puerta a todos, mi delegación le dará un
voto de confianza y favor de este nombramiento, haciendo la salvedad de que se tiene
que hacer un trabajo imparcial y que busque la manera de devolverle la credibilidad a
esta institución”.
En su turno, el representante Denis Márquez indicó que su delegación votaría a favor
de la designación, pero entiende que la estructura que rige esta oficina es una que ha
sido cuestionada y debe ser enmendada ya que “ha habido una sensación bastante
generalizada de la falta de transparencia y rigurosidad del balance que tiene que haber
en las determinaciones de ese panel”.
Además, le dieron paso el Proyecto de la Cámara 356, del representante José Aponte
Hernández y los miembros de la delegación novoprogresista, para enmendar la “Ley de
la Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico” a fin de que sea conocida
como la “Ley de la Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, para honrar la
vida y legado de este mecenas del arte y la cultura en Puerto Rico que fue propulsor en
el desarrollo de esta plaza artística para el disfrute de los residentes de la Isla y
visitantes.
También fue avalado el Proyecto de la Cámara 179, del representante Jorge Navarro
Suárez, para prohibir el uso de dispositivos personales por parte de los estudiantes en
las instituciones educativas públicas de Puerto Rico en los grados de nivel elemental e
intermedio durante el horario escolar, incluyendo recesos y cualquier actividad
organizada por la institución.
El autor de la pieza señaló en su turno “es una medida que responde con sensibilidad
y responsabilidad al llamado urgente de proteger los centros educativos en Puerto Rico
ante los retos que plantea el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos por parte
de nuestros estudiantes en las escuelas”.
El legislador expresó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomendó prohibir los teléfonos móviles en las
escuelas, argumentando que su presencia puede distraer a los estudiantes y afectar
negativamente su aprendizaje.
“Un estudio publicado por dicha entidad informa que la simple recepción de
notificaciones puede interrumpir la concentración y los estudiantes pueden tardar hasta
20 minutos en retomar su enfoque en la tarea original”, puntualizó Navarro Suárez.
Asimismo, indicó que la Dra. Carmen Báez Franceschini, pediatra certificada y experta
en el tratamiento de condiciones como el déficit de atención y autismo, depuso ante la
Comisión de Educación, que preside la representante Tatiana Pérez Ramírez, para dar
sus recomendaciones sobre la medida y señaló que la exposición de niños a esta
tecnología afecta la estructura cerebral, en específico las zonas blancas y gris,
afectando las áreas relacionadas con el lenguaje, la atención y la función ejecutiva.
De igual forma, utilizó como ejemplo a países tales como Francia, que prohíbe el uso
de celulares en escuelas primarias y secundarias, así como China que limita el tiempo
de juegos en línea para menores, Australia por su parte, impide el acceso a redes
sociales a menores de 16 años y Reino Unido, que recomienda eliminar el uso de
pantallas antes de dormir.
“Estas medidas buscan reducir distracciones, mejorar el rendimiento académico y
proteger la salud mental de los jóvenes”, indicó el Navarro Suárez
Por su parte, la representante Nellie Lebrón Robles manifestó su intención de votar en
contra de la medida ya que “utiliza un lenguaje absoluto que no es el mismo que se
utiliza en el escenario escolar”.
Navarro Suárez señaló que la medida si atiende esa preocupación mediante
excepciones para permitir el uso de los dispositivos si es para cuestiones médicas en
las que se hará un acomodo razonable para el uso de estos equipos, por razones de
salud o discapacidad, siempre y cuando que el mismo sea expedido por
recomendación o certificado por un médico licenciado.
A la lista de aprobaciones se une la Resolución Conjunta de la Cámara 57, del
representante Jerry Nieves Rosario, para designar el tramo de la PR-140 entre el
kilómetro 47.0 al 59.0 en el municipio de Florida con el nombre de “Profesora María D.
‘Maggie’ Guzmán Cardona”, así como para disponer las medidas necesarias para la
correspondiente rotulación y solicitar fondos para su financiamiento. Primera alcaldesa
de este pueblo.
Igualmente, se le dio paso a la Resolución de la Cámara 247, del representante Wilson
Román López, para realizar un estudio sobre los proyectos dirigidos a mejorar el
acceso al agua potable en la región oeste y optimizar el suministro del servicio esencial
de agua potable en los barrios Cuchillas y Voladoras del municipio de Moca, e
identificar la viabilidad de hincar un pozo de agua en el barrio Voladoras, sector Los
Pérez de dicho municipio tras interrupciones constantes en el servicio de agua.
A su vez, se presentó el primer informe parcial por parte de la Comisión de la Región
Norte, presidida por el representante Nieves Rosario, en torno a la Resolución de la
Cámara 29 que ordena una investigación sobre la operación, manejo y procesos que
se llevan a cabo tanto en la planta de tratamiento de aguas usadas de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados (AAA), como la planta de composta del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ubicadas en el barrio Islote de Arecibo.
Los hallazgos de esta investigación revelan deficiencias administrativas, técnicas y de
fiscalización que afectan su operación efectiva y la calidad de vida de las comunidades
aledañas.
“La AAA ha reconocido la necesidad de mejorar su sistema de querellas,
particularmente ante la falta de una categoría formal para “olores objetables”, y ha
mostrado disposición a implementar ajustes. Además, la inoperancia del tanque
espesador 1 desde julio de 2024 compromete la redundancia operativa de la planta y
eleva el riesgo de acumulación de lodos, lo cual podría afectar el cumplimiento de
parámetros ambientales si el segundo tanque falla”, se señala en el informe.
En cuanto a la planta de composta, los señalamientos del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales sobre el manejo de polvo y almacenamiento, junto a la falta de
evidencia de cumplimiento, implican riesgos potenciales para la calidad del aire y la
estabilidad operacional de la instalación.
“Estas deficiencias afectan la operación de ambas plantas al reducir su eficiencia
técnica, aumentar el riesgo de incumplimientos regulatorios y debilitar la capacidad de
respuesta ante las legítimas preocupaciones de la comunidad. La falta de una
fiscalización interagencial y de mecanismos efectivos para documentar y atender
querellas ciudadanas agrava esta situación, erosionando la confianza pública en las
instituciones responsables”, indica el documento presentado.
En cuanto a la Resolución de la Cámara 136- de los representantes Tatiana Pérez
Ramírez y Fernando Sanabria Colón- para ordenar a la Comisión de la Región Sur de
la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva
sobre el estado, manejo y uso de los fondos públicos estatales y federales asignados al
Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Municipio de Santa Isabel y su respectiva Sala
de Emergencias, las condiciones del mismo, las gestiones realizadas por el Municipio
de Santa Isabel para lograr su operación, el estado fiscal, estructural y operacional del
mismo y con el fin de identificar alternativas para que se pueda proveer un mejor
servicio en dicho Centro de Diagnóstico y Tratamiento y su Sala de Emergencia y así
mejorar la calidad de vida de los residentes de Santa Isabel; recibieron el primer
informe parcial.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria
hasta el próximo lunes, 19 de mayo, a la 1:00 pm.
