Con el objetivo de optimizar los servicios eléctricos que rinden los operadores privados de este tipo de energía en la Isla, la Cámara de Representantes favoreció el Proyecto de la Cámara 268, para facultar al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a aumentar las multas que se les apliquen a estas entidades por violaciones a la “Ley de Transformación y Alivio Energético”.
Esta medida de administración, faculta al NEPR a imponer multas por violaciones a la ley, de hasta un máximo de $125,000por día, que sería la segunda cifra más alta en toda la nación, siendo la más alta en el estado de California. Las penalidades pueden llegar hasta el 15 por ciento de los ingresos brutos de la empresa o 10 por ciento de los activos.
El Proyecto de la Cámara 268recibió 48 votos a favor y uno en contra, está acorde con la nueva política pública de fiscalización agresiva de los operadores de los sistemas de transmisión y distribución, al igual que de generación de energía eléctrica.
El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, señaló durante su turno a favor de este proyecto de Administración que “no hay duda en el pueblo que la actual estructura de fiscalización no es adecuada. Al igual que nadie en Puerto Rico puede estar satisfecho con el servicio que estamos recibiendo”.
Mientras que el presidente de la Comisión de Gobierno, el representante Víctor Parés Otero, quien ha fiscalizado de cerca este tema reafirmó que esta medida “es cónsona con la nueva política pública de la administración de la gobernadora Jenniffer González, y nuestro pronunciamiento en el 2023 de buscar mayor fiscalización, con métricas de eficiencia, para la reconstrucción eléctrica más grande en la historia de los Estados Unidos”.
La pieza legislativa establece que las multas impuestas “serán pagaderas de fondos propios de la entidad regulada y bajo ningún concepto serán transferidas a los consumidores o incluido como un costo en la factura”.
Cabe destacar que lo cobrado por concepto de estas penalidades “será depositado en una cuenta directa y separada para acreditar a los clientes del servicio eléctrico público periódicamente como parte del proceso trimestral de reconciliación por costos de combustible”.
Asimismo, le dieron paso a la Resolución de la Cámara 111, cuyos autores son el líder cameral Méndez Núñez y la representante Vimarie Peña Dávila, para ordenar una investigación en torno a las condiciones del mercado laboral en Puerto Rico, con especial atención a las relaciones obrero-patronales, el impacto del desempleo y los programas de readiestramiento de trabajadores, así como los trabajadores migrantes; las leyes especiales, incluyendo las que prohíben todo tipo de discrimen, entre otros asuntos relacionados
Con esta pesquisa, la Cámara de Representantes quiere hacer válida la Ley Número 16-2017, mejor conocida como “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, destinada a cerrar la brecha entre la paga que reciben las mujeres y los hombres.
De igual modo, busca conocer los paquetes de asistencia a empleados desplazados como sucedió recientemente en establecimientos que han anunciado cierre de operaciones.
Por otro lado, se avaló la Resolución de la Cámara 109, de la autoría del líder cameral Méndez Núñez y la representante Omayra Martínez Vázquez, para ordenar una investigación a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano con el fin de viabilizar la política pública que propenda las condiciones de salubridad y de convivencia en un ambiente enriquecedor a la vida de las comunidades; la planificación y el uso adecuado de los terrenos en el desarrollo y construcción de la vivienda, mejorar alternativas para el desarrollo de vivienda rural y urbana, el Código de Construcción, la promoción de opciones para mejorar calidad de vida de comunidades más marginadas, urbanizaciones, invasiones de terreno y programas federales y estatales con respecto a la vivienda.
En el lenguaje de la pieza, se puntualiza la necesidad de que “se identifiquen alternativas para atender de forma coordinada el mercado de viviendas asequibles en Puerto Rico, el cual se ha visto afectado debido al alza en los costos de construcción, que hacen de estas unidades más costosas que el precio de venta de estas”.
Dentro de los trabajos del día, favorecieron con 49 votos, a la Resolución Concurrente de la Cámara 8, presentado por los representantes Roberto Rivera Ruiz de Porras, Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, Gabriel Rodríguez Aguiló, Luis “Junior” Pérez Ortiz, y la representante Carmen Medina Calderón, para designar la actual Academia Legislativa, adscrita a la Oficina de Servicios Legislativos del Gobierno de Puerto Rico como “Academia Legislativa Elizabeth Stuart Villanueva”, quien fue la secretaria del cuerpo cuando Méndez presidió desde el 2017 hasta el 2020.
Como secretaria de la Cámara de Representantes, “Elizabeth Stuart Villanueva siempre procuró un trabajo de calidad. Siempre tenía una sonrisa a flor de piel y a pesar de que era firme en sus posturas, y muy exigente en su trabajo, procuraba mantener un ambiente laboral ameno y muchas veces hasta jocoso. Siempre será recordada por su jovialidad, sus firmes principios cristianos y su capacidad para trabajar fuera de líneas político-partidistas, pues tenía una enorme vocación por el servicio público”.
A renglón seguido, se aprobó la Resolución de la Cámara 108, radicado por el presidente de la Cámara y el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales una investigación sobre el estado actual de los municipios en Puerto Rico, que incluya la situación fiscal, operacional y administrativa. A su vez, auscultar sobre toda propuesta para la creación de municipios y consolidación de municipios y servicios intermunicipales y regionales; servicios que presta la Oficina de Gerencia Municipal Adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM), entre otras.
De otra parte, el Proyecto de la Cámara 219, que había quedado sobre la mesa, recibió el apoyo del cuerpo con 49 votos a favor. Esta medida es de la autoría del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz y busca enmendar la Ley Núm. 37 de 18 de enero de 2024 que a su vez le introdujo cambios al “Código Municipal de Puerto Rico” del 2020 lo que afectó las disposiciones en torno al programa federal de viviendas conocido como Sección 8, que administran los municipios. El Código del 2020 dejó fuera la disposición de exención contributiva sobre estas propiedades, para ello se aprobó enmiendas en el 2024 de modo que se incentivara la construcción y accesibilidad de viviendas para familias de escasos recursos, pero por un error técnico la fecha de vigencia no fue la correcta, lo que se busca corregir con esta pieza.
El representante Pérez Ortiz señaló que esta pieza “es una medida responsable y necesaria que busca proteger tanto a los municipios como a las familias que dependen de este programa de vivienda”.
La investigación busca evaluar el impacto de las políticas gubernamentales en la estabilidad financiera y en la prestación de servicios municipales, debido a la importancia de las entidades municipales como primera línea de contacto entre el gobierno y la ciudadanía, especialmente para la provisión de servicios esenciales y las respuestas que ofrecen en momentos de emergencia.
Los datos obtenidos servirán para el fortalecimiento de este componente gubernamental que aporta al desarrollo económico de la Isla.
En cuanto al informe de la Resolución de la Cámara 122, medida presentada por el líder cameral y el vicepresidente de este cuerpo Ángel Peña Ramírez, y que solicita una investigación sobre todo asunto relacionado con el sistema educativo en Puerto Rico, fue retirado y enviado a la Comisión de Asuntos Internos, que más adelante someterá un segundo informe sobre la medida.
El cuerpo votó a favor de las Resoluciones de la Cámara 113 y 114, de la representante Medina Calderón para ordenar a la Secretaría de la Cámara realizar peticiones de información al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales , así como a la Autoridad de Carreteras y Transportación del Gobierno de Puerto Rico sobre la condición actual y los planes de restauración de los kioscos ubicados en el Bosque Estatal de Piñones y así mejorar su uso y fomentar el desarrollo económico y turístico de esa zona.
La Resolución de la Cámara 124, de la autoría del Jorge Navarro Suárez, fue aprobada a viva voz para que la Comisión de la Región Metro inicie una pesquisa en torno a la situación de desarrollo socioeconómico, urbano y rural de los municipios de San Juan, Guaynabo, Cataño, Bayamón, Carolina, Trujillo Alto y Aguas Buenas, a los fines de identificar las necesidades prioritarias de estas comunidades y recomendar medidas legislativas que contribuyan a su fortalecimiento.
Además, se favoreció la Resolución de la Cámara 125, también del representante Navarro Suárez, con el propósito de evaluar y fiscalizar el marco regulatorio vigente en materia de banca, seguros y comercio en Puerto Rico.
El autor de la medida señaló que esta investigación es necesaria para analizar la suficiencia y aplicabilidad de las leyes y regulaciones que rigen en estos sectores claves para el desarrollo económico de la Isla.
Asimismo, fue aprobada la Resolución de la Cámara 90, de la autoría del representante Luis Josean Jiménez Torres, que persigue investigar y atender los factores que puedan impactar el desarrollo del deporte y la recreación en Puerto Rico.
Más tarde, se aprobó la Resolución de la Cámara 118, presentada por el líder cameral Méndez Núñez y la representante Odalys González González, bajo la cual se ordena una investigación a la Comisión de la Región Oeste para evaluar y fiscalizar las condiciones del desarrollo socioeconómico de los municipios de dicha región, en aras de garantizar la transparencia y eficiencia en la implementación de proyectos municipales.
Por último, se le dio visto bueno a la Resolución de la Cámara 117 del representante Peña Dávila, para fiscalizar y evaluar el desarrollo socioeconómico del Distrito 31 que incluye a los municipios de Gurabo y Caguas. Ese análisis examinará aspectos relacionados con la inversión pública, los programas gubernamentales y la administración de fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los residentes de la región. La Cámara de Representantes recesó sus trabajos de la Sesión Ordinaria hasta el próximo jueves, 27 de febrero de 2025, a las 11:00 de la mañana.
