Por Centro de Periodismo Investigativo
A las 7:12 de la noche del jueves llegó al hemiciclo de la Cámara de Representantes un cuarto calendario del día que incluía el Proyecto del Senado 63 para enmendar la Ley de Transparencia, y la medida fue aprobada con enmiendas por la mayoría del Partido Nuevo Progresista. Apenas 24 horas antes, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, había expresado públicamente que “no había prisa” para evaluar la medida y que se haría un informe del proyecto por la Comisión de lo Jurídico, lo cual nunca ocurrió. “Prisa no tenemos”, había dicho Méndez durante la única vista pública celebrada el miércoles, en la que más de una decena de entidades no pudieron participar.
El proyecto se aprobó con 29 votos a favor y 24 en contra. Siete representantes del PNP votaron en contra, así como la delegación del Partido Popular Democrático, la del Partido Independentista Puertorriqueño y el Proyecto Dignidad. Los representantes azules que votaron en contra fueron Fernando Sanabria Colón, Odalys González González, José “Che” Pérez Cordero, Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Carmen Medina Calderón y Jerry Nieves Rosario.
Hasta las seis de la tarde del jueves, representantes de todos los partidos con los que habló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) daban por seguro que el proyecto no sería considerado, pero ya casi agotada la sesión legislativa, surgió un calendario de última hora que nunca fue compartido con la prensa. En ese paquete estaba el PS 63, que se votó inmediatamente a viva voz, y para el cual los micrófonos de las minorías no se abrieron para el debate.
Las enmiendas realizadas a último minuto por la Cámara son proforma y consisten en eliminar las páginas 10 a la 14 del proyecto, con el propósito de forzar un Comité de Conferencia con el Senado y la negociación.
El representante Víctor Parés, que preside la Comisión de Gobierno, aseguró que antes del martes próximo se trabajarán las enmiendas reales que someterá la Cámara. “Va a haber muchas enmiendas, bastantes… Sustancialmente”, dijo al CPI. Parés había asegurado hace una semana que el proyecto tendría tantas vistas como fueran necesarias, pero eso no pasó. Y aseguró que no se consideraría durante la sesión legislativa en curso, sino en la que empieza enero de 2026. Pero eso tampoco pasó.
“Lo que ocurrió hoy, no significa que el proyecto al final del día tenga los votos. No quiere decir que tenga los votos para aprobarse”, añadió Parés.
El Senado sesionará de nuevo el próximo martes a las 11:00 am. Las enmiendas se trabajarían entre el viernes y el lunes, dijo el representante novoprogresista.
El PS 63, propuesto por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmendaría la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019), pese al rechazo público unánime de más de una veintena de organizaciones comunitarias, periodísticas, de la academia y de la sociedad civil. El trámite legislativo ha estado marcado por la falta de vistas públicas y participación ciudadana.
Al presentarse en enero, la medida no tuvo más coautores que Thomas Rivera Schatz, no fue consensuado ni apoyado por ningún otro partido, no es una medida por petición de ningún grupo, y no surge de ningún compromiso de campaña ni de la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista. El Senado aprobó la medida solo con los votos de la mayoría legislativa, sin convocar vistas públicas y con un informe positivo que contaba con un solo memorial a favor, de la Comisión Estatal de Elecciones, y más de cinco ponencias en contra.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, expresó de inmediato que: “La aprobación del Proyecto del Senado 63, con o sin enmiendas, es una afrenta al pueblo y su derecho fundamental de acceso a la información pública de manera oportuna, sin temor a represalias y con el objetivo de velar cómo los funcionarios administran el gobierno. Con esta acción, los miembros de la Cámara a favor de esta medida demuestran que la vista pública que citaron este miércoles, no era más que una mera formalidad, realizada a la prisa, para continuar con un trámite expedito sin justificación”.
Con ella coincidió Issel Masses, directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido. “Fue una vista para las gradas, no un proceso serio de evaluación legislativa. De no haber sido por la presión colectiva, se hubiera hecho con solo dos deponentes de las decenas de organizaciones y comunidades que se han manifestado en contra del PS 63”, indicó Masses.
“La sociedad civil se expresó de forma clara, amplia y con evidencia sobre cómo este proyecto afectaría nuestro derecho constitucional a saber, pero sus argumentos cayeron en oídos sordos. Es lamentable ver cómo aquellos que se supone nos representan vulneran derechos democráticos fundamentales”, agregó Masses.
Las organizaciones que pudieron conseguir turno para la única vista pública celebrada en la mañana del miércoles resaltaron que el proyecto duplica los términos que tiene el Gobierno para responder solicitudes de información, facilita la clasificación de datos como confidenciales sin debido proceso y elimina protecciones a la identidad de quienes solicitan información.
La presidenta del Overseas Press Club, Wilma Maldonado Arrigoitía, quien también es directora editorial del CPI, sostuvo que el proyecto aprobado no es enmendable y no resuelve ningún problema real para los puertorriqueños.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
“Es lamentable que la Cámara de Representantes haya cedido a las presiones del liderato del Senado de Puerto Rico y, contrario a lo que había dejado ver su presidente Carlos (Johnny) Méndez, la Cámara bajara el proyecto por descargue esta noche sin siquiera haber rendido un informe”, dijo Maldonado Arrigoitía. “Felicitamos a los 24 representantes que votaron en contra, entre ellos, siete novoprogresistas que se mantuvieron firmes a pesar de la presión que recibieron. Confiamos en que mantengan su voto en contra si el proyecto regresa a la Cámara y demuestren que el sistema bicameral sí representa la distribución de poderes en dos cuerpos legislativos”, añadió.
Las únicas dos agencias que apoyaron de forma categórica el PS 63 en las vistas de la Cámara fueron el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General, que se supone que fiscalice al Gobierno.
Las organizaciones denunciaron que la aprobación de esta medida representa un grave retroceso para la transparencia y el derecho constitucional al acceso a la información pública.
