El representante del Distrito 13 (Manatí, Florida, Barceloneta y Arecibo) y también presidente de la Comisión de la Región Norte, Jerry Nieves Rosario, radicó la Resolución de la Cámara de Representantes 222, a los fines de devolverles a los contribuyentes los cerca de $3 millones que el Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) les cobró, en exceso, en trámites llevados a cabo en el Registro Demográfico de Puerto Rico.
“La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), en su función de fiscalizar y promover la integridad, eficiencia y transparencia en el servicio público, emitió el Informe de Examen OIG-E-26-002, el 3 de octubre de 2025. Dicho informe documenta los resultados de un examen exhaustivo sobre el manejo y los controles internos del Registro Demográfico (RD), división adscrita al Departamento de Salud”, indicó.
“Uno de los hallazgos más significativos y preocupantes del informe es el cobro excesivo y no autorizado de tarifas por la emisión de certificados de eventos vitales. Específicamente, la OIG determinó que entre el 1 de julio de 2022 y el 28 de febrero de 2025, el Registro Demográfico cobró, aproximadamente, $2,904,445.00 en exceso en un total de 487,559 certificaciones emitidas. Este cobro indebido afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos que confiaron en la corrección de las tarifas gubernamentales”, hizo hincapié.
La causa de esta irregularidad se remonta a noviembre de 2015, cuando se preparó una enmienda de emergencia al Reglamento 5961 con el fin de aumentar las tarifas.
Sin embargo, dicha enmienda nunca fue radicada ni aprobada por el Departamento de Estado, como lo exige la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, “por lo que carece de toda validez legal”, insistió.
“El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad ineludible de actuar con legalidad, corrección y exactitud en todas sus operaciones fiscales. El cobro de tarifas no autorizadas constituye un incumplimiento grave de esta responsabilidad y socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Los fondos recaudados ilegalmente deben ser restituidos a las personas afectadas”, subrayó.
“Se ordena al Secretario del Departamento de Salud que, en un término no mayor de 90 días, a partir de la aprobación de esta Resolución, establezca y ponga en vigor un procedimiento formal para el reembolso de las cantidades cobradas en exceso por servicios en el Registro Demográfico, según lo identificado en el Hallazgo 1 del Informe de Examen OIG-E-26-002. Dicho reembolso se efectuará mediante la asignación de un crédito a favor de cada ciudadano afectado, el cual será aplicable al pago de cualquier servicio futuro que ofrezca el Registro Demográfico”, terminó diciendo.
