La Junta de Directores de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal del Departamento de Salud celebró una reunión ordinaria en la que se atendieron asuntos fundamentales para la fiscalización del sector y la protección del bienestar de los pacientes, informó la directora ejecutiva de la Oficina de Cannabis Medicinal, Marjorie Tolentino Rivera.
“Como parte de nuestro compromiso con una supervisión rigurosa y conforme a la ley, la Junta evaluó información relevante sobre el estado de cumplimiento de los dos laboratorios autorizados para operar en Puerto Rico. Durante la sesión se presentó un informe con recomendaciones institucionales, el cual sirvió de base para la consideración de medidas dirigidas a fortalecer la continuidad operacional sin menoscabar el cumplimiento reglamentario”, expresó Tolentino Rivera.
«En el marco de esta evaluación, la Junta aprobó levantar la suspensión para uno de los laboratorios, sujeta a un Plan de Acción Correctiva riguroso y condiciones adicionales a ser discutidas con el laboratorio. La decisión se tomó luego de una evaluación ponderada de las necesidades del programa y los riesgos regulatorios, operacionales y de salud pública que conllevaría mantener la suspensión, incluyendo el impacto de una concentración absoluta de los servicios de análisis en un solo laboratorio. En estos momentos, existe únicamente un laboratorio operando en Puerto Rico para el análisis de productos de cannabis medicinal. Desde una perspectiva legal, operacional y de política pública, esta situación representa un riesgo potencial para toda la industria y la salud de los pacientes. Si por alguna razón ese laboratorio tuviera que cesar operaciones temporalmente —ya sea por causas técnicas, regulatorias o de fuerza mayor— se detendría por completo la capacidad del sistema para autorizar productos al mercado, lo cual afectaría directamente a los pacientes, dispensarios, cultivadores y manufactureros».
«El marco legal y reglamentario vigente impide recurrir a laboratorios fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, lo que limita las alternativas viables para la prestación de este servicio esencial. Esta realidad colocaría al sistema en una situación de vulnerabilidad operacional y daría paso, en la práctica, a una estructura cuasi monopólica, con riesgos concretos para la estabilidad del programa y para la cadena de cumplimiento de los establecimientos autorizados».
“El Departamento de Salud continúa comprometido con una política de fiscalización justa, efectiva y centrada en el interés público. Nuestra prioridad es garantizar que los pacientes del programa tengan acceso seguro a productos de cannabis medicinal de calidad, conforme a los más altos estándares regulatorios”, añadió la Directora Ejecutiva.
Como parte del proceso de cumplimiento con la Resolución de la Cámara 975, el informe correspondiente será remitido a los cuerpos legislativos pertinentes y estará disponible para consulta pública en el portal oficial del Departamento de Salud: www.salud.pr.gov/CMS/364.
