El director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Lcdo. Arnaldo J. Ortíz Miranda, apoyó el Proyecto de la Cámara 600, para enmendar la ley que crea el sistema de retiro de los empleados públicos, a los fines de autorizar que los miembros de la Policía de Puerto Rico y del Cuerpo de Bomberos que hayan cumplido los 58 años y tengan 30 años de servicio puedan optar por extender de forma voluntaria su servicio hasta un máximo de 66 años.
La medida, de la autoría del representante Pedro J. Santiago Guzmán-discutida en audiencia pública de la Comisión de Asuntos de Retiro- pretende ofrecerles a estos servidores públicos pertenecientes a las agencias de seguridad – que deseen continuar sirviendo al pueblo de Puerto Rico – un periodo adicional para aportar sus conocimientos, de modo que no se pierda el conocimiento institucional en estas agencias a la vez que desempeñan un papel de mentoría al personal que ingresa a la fuerza.
Esta iniciativa se da en momentos cuando el actual comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González Falcón, informó que al final del año en curso, se acogerán al retiro por edad y años de servicio alrededor de 600 agentes de la Uniformada.
“Entendemos que el proyecto es una medida viable y razonable, ya que no altera las actuales edades de retiro para los miembros de la Uniformada y del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, les permite a aquellos que voluntariamente deseen continuar laborando hasta los 66 años y que estén emocional y físicamente aptos para ellos –solicitar una dispensa adicional de cuatro años a los 62 años”, señaló Ortíz Miranda.
El funcionario se mostró a favor que la “solicitud de dispensa esté sujeta a una evaluación médica y psicológica rigurosa, así como a un análisis funcional de las tareas que se le asignen al empleado, de manera que se garantice que estas sean compatibles con sus condiciones actuales y los estándares de seguridad pública”.
En la actualidad, el marco jurídico dispone que los agentes de la policía y los miembros del Cuerpo de Bomberos, que son clasificados como servidores públicos de alto riesgo, tienen la opción de retirarse a los 55 años si han completado 30 años de servicio.
Sin embargo, se vuelve obligatorio, cuando el participante cumple los años de servicio y tiene 58 años. En casos excepcionales, la agencia puede conceder una dispensa que permita al funcionario continuar en servicio hasta los 62 años.
Ortíz Miranda, indicó que este periodo adicional de labor “les permitiría acumular más aportaciones para su retiro en el Plan 106 y más créditos para el cálculo del beneficio del Seguro Social. Debemos recordar que los policías comenzaron a cotizar para el Seguro Social en enero de 2020 y muchos de ellos podrían necesitar trabajar años para acumular los diez años de trabajo (40 créditos) requeridos para obtener beneficios del Seguro Social”.
El director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico aclaró que “el conceder esta dispensa por cuatro años adicionales hasta los 66 años no variará la cantidad de pensión que recibirá el policía o el bombero al retirarse, ya que los beneficios de pensión fueron congelados al 30 de junio de 2013 mediante la Ley 3-2013”.
A su vez, recomendó que se enmienda la medida para incluir a los cuerpos de la policía y bomberos a nivel municipal que también les cobija las disposiciones de retiro a los 55 años.
Por su parte, el Lcdo. Enrique Guzmán Matos, director de la agencia de la oficina de agencia fiscal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), presentó una ponencia firmada por la Lcda. Vicky K González Vega- subdirectora de la agencia- en la que reconoció que “el análisis y los fundamentos que sustentan esta medida responden a un propósito legítimo y loable. En términos generales, respaldamos iniciativas que promuevan la transformación de los sistemas de empleo y retiro, siempre que estén dirigidas a fortalecer y salvaguardar el bienestar de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico”.
“En ese sentido, coincidimos con el diagnóstico del legislador sobre la crisis de memoria institucional y mentoría que existe en el Negociado de la Policía y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, según expresado en la exposición de motivos del proyecto”, señaló la subdirectora de AAFAF en la ponencia.
En el lenguaje de la medida, se plantea que existe un número considerable de miembros en ambos cuerpos de seguridad, que, encontrándose en plena facultad mental y física, desean continuar aportando a sus respectivas agencias, se ven forzados a retirarse ante la falta de mecanismos legales para prolongar su servicio de manera estructurada.
En el memorial, sugirieron que sea comisionado un estudio a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para que se pueda cumplir con la Sección 204 de la Ley PROMESA, que establece un proceso relativo a toda legislación que pueda tener un impacto fiscal y económico en los gastos e ingresos del Gobierno de Puerto Rico.
Mientras que Guzmán Matos comentó que, de una búsqueda de datos, la AAFAF encontró que durante el pasado cuatrienio se radicó el Proyecto del Senado 1408 y la Resolución Conjunta de la Cámara 483, con similar propósito que sí fueron acompañados con informes sobre el impacto fiscal sometidos por la OPAL en la que se señaló que no tendría impacto fiscal, por lo que recomendó que durante el proceso legislativo se solicite la asesoría de antes mencionada oficina.
“Además, medidas como la propuesta, deben considerarse integradamente dentro del contexto de la política pública de la presente administración de la gobernadora Jenniffer A. González Colón, para que pueda evaluarse holísticamente”, puntualizó Guzmán Matos.
El deponente planteó, además que se consulte al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Negociado de la Policía y la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico para tener un cuadro abarcador de la medida y aclarar interrogantes.
Ante la posición de AAFAF, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, quien presidió la vista pública de la Comisión de Retiro al inicio de los trabajos, aseguró que el informe sería solicitado a la OPAL a la brevedad posible.
El legislador le preguntó a Guzmán Matos si luego que se verifique que la medida no tenga impacto fiscal, la agencia estaría en disposición de defender la medida ante la Junta de Supervisión Fiscal, este contestó en la afirmativa.
Por último, la presidenta de la comisión, la representante Lourdes Ramos, manifestó que su plan es que esta medida sea aprobada antes de que finalice la Sesión Ordinaria, que tiene fecha límite al 30 de junio del corriente año.
“Creo que hay que darle la oportunidad de seguir trabajando, si ese es su deseo y si la persona no está como para estar en la calle, hay muchos espacios dentro de la Policía de investigación que ellos pueden hacer su trabajo, además que nos va a costar más caro pasar esa experiencia a los agentes de nuevo ingreso que mantener por uno o dos años más a este personal, que puede servir de mentores a los que van llegando”.
En esta vista pública también estuvo el representante Christian Muriel.
