Por Centro de Periodismo Investigativo
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios y académicos urgieron el miércoles a la gobernadora Jenniffer González Colón a que vete el proyecto que enmienda la llamada Ley de Transparencia toda vez que su aprobación haría aún más difícil acceder a información pública.
El martes, en el último día para aprobar medidas en esta sesión legislativa, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto del Senado 63, que enmienda la mencionada ley ignorando la amplia objeción expresada por diversos sectores de la comunidad que denunciaron que los cambios a la ya problemática ley elimina derechos y pone más obstáculos al ejercicio de acceder a información pública en manos del Gobierno. La Gobernadora tiene 30 días para firmar o vetar el proyecto.
“La versión aprobada por el Comité de Conferencia del PS 63 empeora aún más la pieza legislativa que restringe nuestro derecho de acceso a la información pública. Mantiene todas las enmiendas anteriores y, además, ahora, existe la posibilidad de que una agencia pueda pedir hasta 50 días laborables para entregar si se trata de información o documentación que exceda 300 páginas o si tiene más de 3 años de antigüedad”, destacó el abogado del Centro de Periodismo Investigativo, Carlos Francisco Ramos Hernández.
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La Cámara aprobó el P del S 63 con enmiendas que se acordaron en un Comité de Conferencia de ambos cuerpos legislativos, con 28 votos a favor, todos del Partido Nuevo Progresista (PNP), y 20 representantes en contra, incluyendo las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Partido Popular Democrático (PPD), la representante de Proyecto Dignidad y cuatro representantes del PNP. Hubo 5 ausentes, incluyendo al representante novoprogresista José “Che” Pérez Cordero, presidente de la Comisión de lo Jurídico que celebró la única vista pública sobre la medida y quien originalmente había votado en contra de la medida en una primera votación por descargue el 13 de noviembre.
En el Senado, hubo 19 votos a favor y siete en contra. Dos senadores estuvieron ausentes.
Entre los cambios que acordaron los legisladores de la mayoría se incluyó que cuando la información requerida conste en un documento o expediente que exceda de 300 páginas, o su antigüedad sea mayor a tres años, los oficiales de información de la agencia a quien se le solicita la información, tendrán 30 días laborables para producirla. Según las enmiendas, la agencia podrá solicitar una prórroga de 20 días laborables adicionales, lo que sumaría cerca de 70 días naturales, o dos meses y medio.
También ahora no se podrá divulgar información que haya sido clasificada como confidencial mediante una determinación judicial. Es decir, si un juez o jueza ya decidió que cierta información es confidencial, las agencias podrán utilizar esa sentencia como fundamento para negar acceso, sin importar que se trate de un foro de menor jerarquía que el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El PS 63, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de convertirse en ley, tendrá el efecto de atrasar investigaciones periodísticas y trámites importantes de ciudadanos y comunidades que dependen de los datos para gestionar asuntos que les afectan directamente.
También permitiría que las agencias clasifiquen información como confidencial por medio de reglamentos internos. La medida autorizaría, además, que se rechacen solicitudes si la información está dividida en varios expedientes y eliminaría la obligación de entregar los datos en formatos que sirvan para analizar de manera más fácil y efectiva, como CSV. Requeriría que cada solicitud de información se notifique a la persona a cargo de la agencia y eliminaría la protección de la identidad de la persona solicitante.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
“No estamos sorprendidos, porque ya habíamos visto la falta de liderato y de palabra que existe en la Cámara de Representantes, pero sí desilusionados del proceso. El resultado producido por el comité de conferencia fue una legislación todavía peor a la presentada originalmente. Nuestro llamado es a la gobernadora Jenniffer González a que no firme este proyecto que afecta grandemente el derecho al acceso a la información”, dijo la directora editorial del CPI, Wilma Maldonado Arrigoitía, quien también es presidenta del Overseas Press Club.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Nydia Bauzá, se unió al llamado a la Gobernadora.
“Llevaremos nuestra lucha en contra del nefasto Proyecto del Senado 63 hasta La Fortaleza. Emplazamos a la Gobernadora a que escuche los reclamos de la gente de las comunidades en Puerto Rico, que de convertirse en ley esta medida, quedarán de manos atadas ante la búsqueda de la información a la que tienen derecho, al igual que cualquier ciudadano o ciudadana de este país”, sostuvo Bauzá.
Mientras, Issel Masses, directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido, catalogó la acción legislativa de “inaudita y vergonzosa para cualquiera que afirme defender la democracia”.
