Una decena de entidades del sector privado respaldó este miércoles la propuesta legislativa que derogaría la Ley de Salario Mínimo (Ley 47-2021) con el propósito de restituir a la Asamblea Legislativa la facultad para determinar el sueldo base en Puerto Rico.
El grupo de asociaciones firmó una ponencia en conjunto para expresar ante la Comisión del Trabajo de la Cámara de Representantes, presidida por Roberto López Román, que la medida es necesaria para “salvaguardar” la economía y los procesos democráticos en la formulación de políticas públicas.
El Proyecto de la Cámara 1115, de la autoría de López Román, alude a la falta de representatividad en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo -creada por la Ley 47- y al desbalance de intereses que presuntamente ha perjudicado a las empresas tras la implementación del estatuto.
“Los sectores económicos firmantes entienden prudente que determinaciones con el potencial de impactar grandemente nuestra economía sean tomadas por los funcionarios que fueron electos bajo una plataforma y visión económica refrendada por los votantes”, señaló Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico.
Según Cidre, la Comisión Evaluadora nunca tuvo la totalidad de los siete integrantes que deben ser nombrados por el gobernador y la ley permitió que funcionara con un cuórum de cinco miembros. A esta fecha, el organismo adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) permanece incompleto y opera con tres personas no electas, aseguró el portavoz.
Cidre añadió que algunos de los nombramientos que pudieron realizarse ya vencieron o están por vencerse, lo que provoca “otra crisis de búsqueda” de personas capacitadas y dispuestas a integrar la Comisión Evaluadora luego de ser confirmadas por el Senado de Puerto Rico.
“Independientemente de lo que cada cual piense sobre la conveniencia o no de aumentar el salario mínimo, la Comisión creada por la Ley 47 no es un mecanismo adecuado para tomar esas determinaciones que impactan a toda nuestra economía”, argumentó.
Sin embargo, la secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez, rechazó el proyecto de ley como está redactado y recomendó la permanencia de la Comisión Evaluadora con funciones limitadas. Entre ellas, sugirió reducir el rol del comité a la realización de estudios técnicos para asesorar a la Asamblea Legislativa y que se elimine la autoridad de emitir decretos con fuerza normativa.
“Estimamos indispensable la permanencia de un organismo consultivo autónomo que realice análisis económicos rigurosos y objetivos, y que sirva de apoyo técnico para fundamentar adecuadamente cualquier determinación legislativa sobre aumentos al salario mínimo”, precisó la titular.
A juicio del representante López Román, propuestas como el proyecto de reforma contributiva, aún en discusión entre la Legislatura y el Ejecutivo, mejorarán las condiciones económicas de los trabajadores “sin afectar a quienes crean los empleos” o contribuir al aumento de costos de servicios.
“Esta es la visión de política pública económica que corresponde a los funcionarios electos, y no puede ser menoscabada por una Comisión no representativa que nunca ha contado con la totalidad de sus miembros y que no es electa”, comentó el legislador en la exposición de motivos de la medida.
Mientras tanto, líderes de los distintos gremios opinaron que el funcionamiento del comité es inconstitucional debido a la doctrina de no delegación derivada de la separación de poderes, pero los representantes Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García argumentaron que la ilegalidad recae en exigir a la Asamblea Legislativa fijar el salario mínimo como parte de sus funciones.
“Tal y como está redactado, el proyecto es inconstitucional porque está obligando a futuras Asambleas Legislativas… a legislar sobre el salario mínimo. Eso no se puede. Eso es inconstitucional”, manifestó Ferrer Santiago, quien es autor de la legislación que dio paso a la Ley 47 el pasado cuatrienio.
Algunas de las organizaciones que endosaron el proyecto de ley en el memorial conjunto fueron la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Asociación de Comercio al Detal, Asociación de Restaurantes, Asociación de Constructores, Centro Unido de Detallistas, entre otras.
Entre los representantes que participaron de la audiencia pública estuvo Adriana Gutiérrez Colón y Ángel Morey Noble.
