El Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGCPR) expresó su respaldo a la Orden Ejecutiva (OE) 2025-015 que establece política pública para promover la libre y amplia competencia en los procesos de licitación de obra pública y derogar el requisito que obligaba a la empresas de construcción a firmar un acuerdo laboral de proyecto (PLA, por sus siglas en inglés) en toda obra de construcción pública de más de $5 millones en Puerto Rico sufragados con fondos federales.
“AGCPR agradece a la gobernadora, Jenniffer González, por considerar la solicitud de la industria y eliminar la exigencia de los PLAs, permitiendo así la libre competencia y la maximización de los fondos públicos asignados para la reconstrucción de la infraestructura,” dijo el Ing. José Torrens, presidente de AGCPR, la asociación de la construcción en Puerto Rico.
Los PLAs obligatorios entraron en vigor en 2022 – a nivel federal mediante orden ejecutiva del Presidente Biden, y localmente mediante la OE 2022-2014. Desde entonces, AGCPR ha rechazado con empeño el requisito en base a experiencia y data contundente que demuestran el impacto negativo que tienen los PLAs obligatorios sobre la competencia, los costos de construcción, la contratación de mano de obra conforme a las necesidades de cada proyecto, y el alcance de los fondos presupuestados para construir obra pública en Puerto Rico. “No hay necesidad de imponer un sindicato con los impactos adversos indicados, máxime cuando la industria se rige por legislación laboral local y federal que protegen a nuestra valorada fuerza laboral,” dijo Torrens.
AGCPR también subrayó la importancia de asegurar que las condiciones de libre mercado favorecidas por este gobierno se implementen en los proyectos de reconstrucción de la red eléctrica. Al día de hoy, LUMA requiere a sus contratistas que firmen el acuerdo laboral que la empresa negoció con su unión, la International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW, por sus siglas en inglés). Sobre este asunto, la OE 2025-015 indica que “el requisito de adopción del Acuerdo Laboral de Proyecto ha impactado las labores de reconstrucción de la red eléctrica, limitando la cantidad de contratistas elegibles para participar en los procesos de licitación para estos proyectos y resultando en que muchos de estos contratos solo puedan ser adjudicados a un puñado de contratistas nacionales.”
Torrens sostuvo que AGCPR no descansará hasta que LUMA elimine el requisito de firmar con la unión. Además, afirmó que la asociación respaldará las gestiones del gobierno y sus dependencias para implementar la política pública a favor de la libre y amplia competencia en la construcción incluyendo la red eléctrica. “Al final, los ganadores serán los residentes de Puerto Rico, porque tendrán oportunidades de empleos estables y bien pagos, desarrollo económico sostenible, servicios públicos confiables y mejor calidad de vida,” concluyó el líder de los contratistas.
