Aceras de San Juan: una carrera de obstáculos para las personas con discapacidad

Por Sage Ríos Mace | Centro de Periodismo Investigativo

Como era rutina cada tarde, Antonio Luis Ruiz Ramos y una compañera de clase caminaban de regreso a casa tras salir de su escuela en Río Piedras. Era un día de octubre de 2003 y llovía copiosamente, por lo que ambos adolescentes se refugiaron bajo el balcón de un negocio en la Avenida 65 de Infantería, en San Juan. Cuando la lluvia comenzó a ceder, Ruiz Ramos retomó el camino, pero, en lugar de pisar suelo firme, cayó por una alcantarilla abierta que había quedado oculta bajo el agua acumulada por el aguacero. Dentro de la alcantarilla, su cuerpo fue arrastrado por la corriente. Aunque los equipos de emergencia llegaron al lugar, fue demasiado tarde. Encontraron su cuerpo sin vida.

Veintidós años después, las condiciones que contribuyeron a la muerte de Ruiz Ramos apenas han cambiado. Las aceras deterioradas de San Juan aún representan un peligro para los peatones, especialmente para personas con discapacidad y diversidad funcional, debido al incumplimiento de los estándares mínimos de accesibilidad. El centro del problema radica en la falta de planificación urbana, la proliferación de barreras físicas y peligros como medidores expuestos y alcantarillas descubiertas, concluyeron planificadores y personas perjudicadas que hablaron con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

En los pasados años, varias organizaciones comunitarias y ciudadanos se han movilizado para denunciar las condiciones de las aceras de la capital. Recientemente, un caso judicial a nivel federal se ha convertido en una herramienta estratégica para sentar las bases legales necesarias para obligar a las autoridades municipales y estatales a actuar, en la medida en que establezca un precedente judicial sobre las regulaciones o normas que deben seguirse en la planificación vial urbana, según las fuentes consultadas.

Barreras de accesibilidad provocan investigación federal

Ese proceso de presión legal y ciudadana comenzó a tomar forma en 2017, cuando una querella presentada ante la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) llevó al gobierno federal a intervenir. En octubre de ese año, un residente de San Juan presentó una querella ante la Oficina de Derechos Civiles de la FHWA. El ciudadano alegaba que el Municipio de San Juan incumplía con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés) por las condiciones intransitables de las aceras en el sector El Vedado de Hato Rey.

Impulsada por esta denuncia, la FHWA inspeccionó el área en 2018 y encontró 32 violaciones generalizadas a los criterios de accesibilidad: rampas de aceras que no cumplían con los estándares — o que simplemente no existían —, aceras rotas o desniveladas, así como obstáculos creados por entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica (hoy LUMA), cuyos postes de electricidad a veces obstruyen el paso peatonal, entre otros factores. 

Además de establecer deficiencias en proveer  instalaciones peatonales accesibles, la evaluación también señaló que el Municipio de San Juan incumplía con aspectos clave de implementación de la ley ADA, como designar un coordinador, establecer un protocolo de querellas, desarrollar un plan de transición para corregir los incumplimientos y realizar autoevaluaciones para identificar barreras en los derechos de paso públicos, entre otros.

Pese a la gravedad de los hallazgos, la administración municipal encabezada entonces por Carmen Yulín Cruz no cumplió con dos prórrogas otorgadas por la FHWA para presentar un plan correctivo. Esta inacción se extendió por tres años y recayó en la administración del actual alcalde, Miguel Romero, quien asumió el cargo en 2021.

En una carta dirigida a Romero con fecha del 10 de mayo de 2021, la FHWA explica que el último incumplimiento determinante del Municipio de San Juan llegó cuando tampoco respondió a una solicitud escrita para presentar un plan de acción. “Finalmente, el 9 de diciembre de 2020, la División de Puerto Rico de la FHWA dejó un mensaje telefónico en la oficina de su representante legal para solicitar una conversación sobre este asunto. A pesar de estos esfuerzos, el municipio aún no ha ofrecido una respuesta sustantiva a los hallazgos de incumplimiento”, lee la carta que el CPI pudo examinar.

La inacción del Municipio de San Juan puso en riesgo fondos federales, ya que la FHWA tiene la facultad de retenerlos como medida correctiva. Aunque optó por no hacerlo, en marzo de 2022 la agencia federal refirió el caso al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) para que tomara medidas adicionales.

El DOJ llevó a cabo una investigación que reveló que las condiciones identificadas en El Vedado estaban generalizadas en todo el Municipio. Ese hallazgo sentó las bases para una demanda que marcaría un giro en la lucha por la accesibilidad.

La demanda que lo cambió todo 

En 2019, tras décadas de reclamos y trabajo por parte de defensores de los derechos civiles, Faustino Xavier Betancourt Colón (quien falleció el año pasado), junto a otros tres vecinos de la capital, demandó a nivel federal al Municipio de San Juan por alegada discriminación ante la falta generalizada de rampas accesibles en las aceras. Impulsado por los hallazgos previos del DOJ en la querella de El Vedado, y dada la importancia pública del caso, el gobierno de Estados Unidos se unió al proceso judicial en representación de los demandantes en septiembre de 2022.

En su declaración de interés, el gobierno federal se amparó en el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades al sostener: “Ninguna persona calificada con una discapacidad será, por razón de dicha discapacidad, excluida de participar en, ni se le negarán los beneficios de los servicios, programas o actividades de una entidad pública, ni será objeto de discriminación por parte de dicha entidad”.

Para el licenciado José Carlos Vélez Colón, abogado de los demandantes, “la demanda es una respuesta directa a una necesidad social y a una discriminación histórica”.

La resolución a la demanda llegó en junio de 2023, mediante una orden estipulada. Como resultado de la orden, el Municipio de San Juan está obligado a mejorar su sistema de aceras. Además, se le ordenó nombrar un coordinador de ley ADA, así como crear un protocolo de querellas por medio de un portal público disponible en el sitio web del municipio.

De igual forma, como parte del acuerdo judicial, el municipio contrató a la firma consultora en ingeniería, arquitectura y medio ambiente Stantec para evaluar la condición de las aceras en la capital a un costo de $665,445, según consta en la Oficina del Contralor.

“Los demás municipios van a ser más conscientes de la seriedad de las obligaciones de cumplimiento y de que cualquier persona que se vea afectada negativamente, como existen tantas, puede presentar una acción civil en un tribunal federal o estatal para exigir rendición de cuentas”, afirmó Vélez Colón. “La ley empodera a la ciudadanía para promover estos cambios, más aún cuando una ciudad como San Juan ha tenido que reconocer públicamente su obligación legal de cumplir”, añadió.

El CPI solicitó entrevista con el coordinador de ley ADA del municipio, David Cruz Vélez, pero este declinó hacer expresiones.

Según una fuente que pidió mantener el anonimato, el estudio de la firma Stantec está completado en un 98%. Acorde a los hallazgos de ese estudio, según la fuente, solo el 0.05% de las rampas evaluadas cumplen plenamente con los requisitos de la ley ADA. Además, de las 17,415 rampas inspeccionadas, 8,919 no cumplen con los estándares y 8,401 simplemente no existen, lo que representa una barrera masiva de acceso. Se encontró también que un 49% de las aceras están obstruidas por vehículos estacionados.

Los resultados de este reporte se publicarán en el informe de evaluación de Stantec, que debe estar listo en diciembre de 2025. El informe incluirá recomendaciones sobre las obras de corrección, priorizando el acceso a oficinas e instalaciones municipales, así como a otros espacios públicos, y tomará en cuenta las opiniones de personas con discapacidades. Tras la entrega del informe, Stantec estará disponible para brindar apoyo transicional al gobierno municipal durante un periodo de 90 días, según el contrato.

Una lucha desde la experiencia personal

Mientras los acuerdos del caso judicial se cumplen, quienes enfrentan día a día las barreras en las aceras de San Juan siguen sorteando obstáculos. Stephanie Vázquez Pagán es una de ellas. Residente en Hato Rey, Vázquez Pagán conoce de primera mano los obstáculos que representan las aceras rotas, obstruidas por barreras físicas o sin rampas. La estudiante universitaria, que aspira a ser cineasta, usa una silla de ruedas para moverse por la ciudad debido a su condición de espina bífida.

“En mi caso, soy bastante independiente. Puedo tomar un Uber, la guagua o el tren, pero cuando uso las aceras, se me hace muy difícil porque [mi silla de ruedas] se atasca en las grietas”, explicó Vázquez Pagán. “A diferencia de las personas que pueden caminar, yo no puedo simplemente equilibrarme. O tropiezo o me caigo. Para la mayoría de nosotros, es un peligro total”, relató.

Como Vázquez Pagán, muchas otras personas enfrentan los mismos desafíos. Según un estudio de la Universidad de Penn State, Puerto Rico tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo y, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el 22% de los habitantes tiene alguna discapacidad motora.

Aunque Vázquez Pagán reconoce que su carácter temerario la impulsa a seguir adelante, sabe que no todas las personas tienen esa posibilidad. “A veces me arriesgo a cruzar por una acera rota o termino bajando a la calle, lo que también es peligroso”, relató.

Lo que vive Vázquez Pagán refleja lo denunciado en la querella de un residente en la urbanización El Vedado en Hato Rey que abrió la puerta a todo este proceso judicial: “Los peatones a menudo se ven obligados a caminar por la calle, ya que las aceras no son accesibles ni siempre están en condiciones para transitar”.

La lucha por una política de calles completas

En 2008, una coalición de organizaciones comunitarias — incluida la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) y la AARP — se unió para impulsar la aprobación de la Ley Núm. 201 de 2010, que promueve la política de Calles Completas, un modelo de diseño urbano recomendado por los CDC. Esta política propone que las calles y aceras se diseñen considerando de forma equitativa todos los modos de transporte y las distintas capacidades de movilidad. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, las Calles Completas pueden mejorar la salud física, reducir el riesgo de accidentes y lesiones, así como ampliar la accesibilidad, movilidad y conectividad.

“Debemos pensar, planificar y diseñar más allá de lo que exige la ley ADA. Hay que incorporar lo que se conoce como diseño universal, que está concebido para todas las edades: niños y adultos, la madre en el auto y la persona en silla de ruedas”, dijo Martha Bravo Colunga, directora de la SPP y explanificadora de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT).

“Es una forma de decir que los espacios públicos deben permitir que todas las personas se desplacen de forma cómoda y segura”, agregó Bravo Colunga sobre la política de Calles Completas.

“Esta política es una situación en la que todos ganan, porque también es una forma de garantizar la seguridad vial”, dijo por su parte, José Acarón, director de AARP Puerto Rico. “Ahora mismo, en Puerto Rico, si caminas, estás arriesgando tu vida: hay carros estacionados sobre las aceras, los semáforos no dan tiempo suficiente para que las personas con diversidad funcional crucen la calle y hay postes de luz que bloquean el paso, por lo que, si estás en silla de ruedas, no puedes pasar”, explicó.

En mayo de 2008, AARP movilizó a 150 voluntarios para realizar una evaluación de las aceras. Con un formulario estandarizado en mano, analizaron la caminabilidad de las aceras en varios municipios: San Juan, Bayamón, Aguadilla, Toa Baja, Vega Baja, Moca, Juana Díaz, Guayama, Lajas, Mayagüez y Humacao. En todos esos municipios surgieron hallazgos sistemáticos: alcantarillas abiertas o que constituían un potencial peligro, terrenos desnivelados y barreras de acceso como autos, postes de electricidad y zafacones.

Además, los resultados, que fueron recogidos y detallados en un documento, mostraron que los peatones enfrentan un mayor riesgo de accidentes debido a tiempos de cruce inadecuados en los semáforos y a una iluminación insuficiente.

Con estos datos como base, en diciembre de 2010 se aprobó la Ley Núm. 201, que exige que toda planificación, diseño, construcción y mantenimiento de calles y aceras se adhiera al modelo de Calles Completas. No obstante, su implementación ha enfrentado obstáculos que han frenado el proceso.

“Sabemos que algunos sectores se oponen. Consideran que construir calles accesibles para todos es más costoso. Incluso he tenido alcaldes que me han dicho directamente que no pueden hacerlo porque les resulta demasiado caro”, comentó Acarón.

“También está el problema de la continuidad: cuando un alcalde de un partido firma la ordenanza municipal y luego el próximo no quiere saber nada del tema”, agregó.

A pesar de estos tropiezos, el Municipio de San Juan adoptó en 2018 el Plan y Guías de Diseño de Calles Completas de Puerto Rico. En 2021, bajo la administración del alcalde Romero, se lanzó la iniciativa “Tus Calles al Día” para repavimentar y dar mantenimiento a las calles. Como parte del esfuerzo, la Oficina de Servicios al Ciudadano del municipio canaliza las solicitudes de reparación de calles y aceras, que luego atiende el Departamento de Operaciones y Ornato (DOO).

“Estamos preparando un plan muy agresivo, que el alcalde [Romero] anunciará pronto, para reparar las aceras, similar a lo que hicimos con Tus Calles al Día”, dijo al CPI el director del DOO, Raúl García. “Hicimos un análisis de cuántas solicitudes de servicio hemos recibido. Hay aproximadamente 5,000 querellas en todo San Juan, y las estamos atendiendo con nuestra brigada. Estas querellas nos ayudarán a definir nuestro plan más amplio”, aseguró.

García enumeró algunos de los proyectos para remozar las aceras de la capital.

“Completamos un proyecto en la Avenida Fernández Juncos, en Santurce, y otro en Miramar. También comenzamos un proyecto en el residencial público Llorens Torres para reparar las aceras, y tenemos un diseño preparado para otro en la Avenida Ponce de León, que irá desde la Parada 26 hasta Miramar”, destacó García.

A pesar de estos informes de progreso, tanto urbanistas como residentes siguen expresando preocupaciones que reflejan los hallazgos del estudio de AARP hace más de una década.

En 2023, la ACT encuestó a residentes de cuatro regiones de Puerto Rico, este, oeste, sur y norte/metro, para conocer qué problemas persisten en las aceras. Los participantes identificaron como principales prioridades: aceras con poca o nula iluminación, superficies agrietadas o elevadas que representan riesgos de tropiezo y falta de conectividad entre tramos de aceras en calles altamente congestionadas.

Una mirada al presupuesto para las aceras

Un vistazo al presupuesto 2024-2025 del Municipio de San Juan permite conocer cuántos fondos se destinan a la construcción y mejoramiento de las aceras. Actualmente, el DOO es responsable del mantenimiento y reparación de aceras accesibles según la ley ADA, así como de alcantarillas, alumbrado y otras funciones. Un 24% del presupuesto total del DOO — $20,084,143 — está destinado a las aceras y otros temas de infraestructura, bajo la categoría de proyectos especializados.

El urbanista Gabriel Andrés Rodríguez Fernández, quien fue planificador del DTOP, conoce cómo se toman las decisiones presupuestarias para estos fines. Considera que, a nivel estatal, agencias como el DTOP intentan implementar la política de Calles Completas, “pero, en los proyectos del día a día, no se nota”.

“Puedes tener un documento que diga que favorecemos las Calles Completas, pero si todos los fondos y la presión política están dirigidos a los carros, a mejorar la circulación de los carros, entonces no vas a tener Calles Completas”, afirmó Rodríguez Fernández.

Acarón coincidió con lo expresado por el urbanista.

“Tenemos que cambiar la mentalidad y la política pública del Departamento de Transportación. La mayoría de la política pública y de la visión del Departamento se enfoca solo en el transporte en carro, pero tenemos que cambiar la cultura sobre la movilidad; el transporte también incluye tus pies”, subrayó Acarón.

Esta falta de alineación entre las visiones de un futuro más equitativo y la forma en que se asignan los recursos públicos es algo que personas como Vázquez Pagán perciben con claridad.

“La mayoría de la gente, especialmente los políticos, dice que le importa, pero no es cierto”, señaló la joven universitaria. “Mira lo que pasa cuando no le dan mantenimiento a las calles y lo ignoran. La gente puede hablar mucho, denunciarlo, llamar la atención sobre el problema, pero lo retrasan o simplemente lo ignoran hasta que alguien lo lleva ante las autoridades o lo convierte en una demanda”, sostuvo.

¿Mejorarán finalmente las aceras de San Juan?

En la Avenida Magdalena, en Condado, a pocos pasos de la Parroquia Stella Maris, el estudiante universitario y músico Álvaro Muñiz regresaba a su casa una noche de 2019. Mientras caminaba, se encontró ante la disyuntiva de cruzar una calle por el paso peatonal, que estaba sumido en la oscuridad, o hacerlo por la única zona con alumbrado. Muñiz, entonces de 21 años, optó por lo segundo. Segundos después, una guagua lo atropelló.

El impacto le provocó heridas de gravedad: órganos lacerados, clavícula y nariz fracturadas, dientes desprendidos. En la escena, relató Muñiz, el conductor intentó negociar con el agente de policía que respondió a la emergencia. “La persona que me atropelló le dijo al oficial: ‘Mi familia tiene dinero’. Pero el policía se agachó, me miró — me vio los oídos, la boca — y dijo: ‘No te preocupes, no va a sobrevivir’”, recordó.

Ya en el hospital, Muñiz cayó en coma durante dos meses y medio. Sufrió un derrame cerebral que limitó su movilidad. Desde entonces, participa en un programa de rehabilitación.

Marcado por esta experiencia, que lo convirtió en un usuario de silla de ruedas con movilidad parcial — capaz de ponerse de pie y caminar distancias cortas —, hoy observa las aceras y calles de San Juan con otros ojos. 

“Antes no me fijaba en las aceras. Pero ahora que estoy en silla de ruedas veo que muchos cruces no tienen rampas o no están en buen estado”, dijo Muñiz, quien califica la falta de infraestructura como “un gran peligro”.

A medida que la administración de San Juan avanza con los trabajos de remediación, el municipio debe mostrar resultados concretos, ya que no implementar el diseño de Calles Completas expone a sus residentes a accidentes como el de Muñiz, quienes luego enfrentan el desafío de moverse en un entorno urbano lleno de barreras.

Según el DOO, el plan de reparación de todas las aceras se pondrá en marcha en los cuatro años posteriores a la finalización del informe de Stantec. Pero el director del DOO, Raúl García, advirtió que el cronograma podría extenderse debido a la magnitud del proyecto.

Como parte de la orden estipulada del caso Betancourt, el plan contará con una asignación adicional de $3.1 millones, aparte de los fondos regulares. Para lograrlo, será necesario garantizar la coordinación entre agencias — una tarea compleja. 

“Las agencias deben coordinar sus calendarios de trabajo”, enfatizó la planificadora Bravo Colunga. “A menudo, pasa que hay proyectos para mejorar aceras, pero llega una tarea para que otra entidad, como la AAA, trabaje las alcantarillas, y entonces la mala condición permanece durante meses y meses y meses”, explicó.

Esta dificultad también fue reconocida por García.

“La responsabilidad del municipio es atender sus propios asuntos, pero hay problemas como el mal estacionamiento y los postes de luz que deben ser resueltos por otras agencias del gobierno. Ese es uno de los mayores retos”, admitió.

Acarón abundó: “También hay un problema con los permisos. Estamos permitiendo que la gente construya negocios sin estacionamiento, y eso hace que las aceras terminen convertidas en estacionamientos. Eso no puede seguir pasando”, denunció.

El sistema de aceras prácticamente no ha cambiado desde hace casi 15 años, cuando AARP hizo su estudio, ni en los seis años transcurridos desde la evaluación de El Vedado realizada por la FHWA. Según la Oficina Legal de San Juan, en la última década se han presentado 27 demandas por personas que sufrieron lesiones relacionadas con las condiciones de las aceras y las calles.

En Hato Rey, Vázquez Pagán enfrenta hoy las mismas barreras de siempre. En Condado, aunque las calles han sido repavimentadas y pintadas, los viejos obstáculos persisten: postes que incumplen con estipulaciones de la ley ADA, medidores rotos, rampas incompletas y vehículos que bloquean el paso peatonal.

“Los cambios han sido demasiado lentos, a todos los niveles: ejecutivo y municipa.Ni siquiera hemos llegado al 5% de lo que hay que hacer para que Puerto Rico sea accesible, incluyendo los requisitos de la ley ADA”, comentó Acarón.

Mientras la ciudadanía espera que se implemente un plan integral, Vázquez Pagán hace un llamado a la acción.

“Me gusta animar a la gente a que abogue por la comunidad con discapacidad y que nos vean como parte de la sociedad, no solo desde lo médico, sino desde lo social, para poder derribar estas barreras estructurales y físicas”, dijo Vázquez Pagán.

“También somos personas. Tenemos derecho a interactuar con la sociedad. Pero no podemos hacerlo si las aceras siguen llenas de obstáculos”, añadió.

Muñiz, en tanto, sigue transitando por las mismas aceras rotas donde ocurrió el accidente que casi le cuesta la vida. Poco más de 20 años después de que un adolescente muriera de forma trágica al caer por una alcantarilla, y pese a décadas de reclamos, San Juan aún no ha cumplido su promesa de ofrecer calles seguras y accesibles. Hasta que lo haga, residentes como Muñiz y Vázquez — y miles más — seguirán en riesgo.