Preocupaciones sobre incongruencias relacionadas a la capacidad de una menor de 15 años consentir a practicarse un aborto y la falta de un lenguaje que provea un proceso expedito ante posibles controversias legales fueron atendidas hoy en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes durante la evaluación del Proyecto del Senado 297.
El presidente de la comisión cameral, el representante José “Che” Pérez Cordero, señaló en la continuación de las vistas públicas la necesidad de incorporar en la medida un mecanismo para resolver los casos en que ocurran posturas encontradas entre los padres o custodios legales de una menor respecto a la realización del aborto.
Legisladores también cuestionaron la facultad de la menor para decidir sobre el procedimiento luego de que los departamentos de Salud, Familia y Justicia coincidieron en que la opinión de la adolescente es fundamental, aunque en sus ponencias reconocieron que el estado de derecho en Puerto Rico no le reconoce a las personas de 16 años o menos la capacidad de consentir las relaciones sexuales.
De incorporarse enmiendas significativas, las agencias adelantaron que endosarán la pieza senatorial que ordena el consentimiento informado de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad de una menor de 15 años para poder realizarse un aborto.
“Hay un embarazo en proceso, hay una vida que se está gestando de igual manera. Sea cual sea la decisión que se vaya a tomar, vamos contra el reloj para atender este asunto”, indicó el representante Pérez Cordero, quien requirió a Justicia la entrega en 10 días de un análisis jurídico para solventar estas discrepancias.
“Hay una controversia que es clara aquí. A lo mejor hay tres posturas distintas y firmes sobre una decisión”, abundó el legislador.
Los jefes de las agencias expusieron sus respectivas preocupaciones con algunas de las disposiciones del proyecto, al igual que las implicaciones sobre los derechos reproductivos y a la intimidad si se implementara como está redactado al momento.
El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, reconoció que la propuesta legislativa recoge los procedimientos contenidos en el Reglamento 9606, aprobado en la agencia en septiembre de 2024, con la intención de fortalecer las protecciones a embarazadas menores de 16 años cuando haya sospecha de agresión sexual.
Por tal razón, sugirió que la pieza legislativa se atempere al Reglamento y al ordenamiento jurídico de Puerto Rico para ampliar la propuesta a las menores de 16 años. “A medida que se implementen estas enmiendas, será fundamental monitorear su efectividad y realizar ajustes según sea necesario para garantizar que se cumplan los objetivos establecidos y se protejan los derechos de las menores en situaciones vulnerables”, dijo Ramos Otero.
A su vez, mostró reservas con la imposición de llevar estadísticas por paciente, como parte de la información que almacena Salud, con el propósito de documentar la frecuencia de asistencia de la menor a clínicas de aborto hasta que sea mayor de edad o emancipada. Para el secretario, esta disposición es ambigua sobre quién tendrá la obligación de recopilar estos datos, por lo que recomendó que se exijan informes sobre la labor realizada como ya instituye el Reglamento 9606.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por Ramos Otero, durante el 2024 no hubo terminaciones de embarazo practicadas por menores de 15 años. En ese año se registraron cinco terminaciones de embarazo de jóvenes con 15 años, mientras que se contabilizaron 322 abortos en el grupo de 16 a 19 años.
Por su parte, la secretaria de Familia, Suzanne Roig Fuertes, reiteró su apoyo al derecho de la menor a prestar su consentimiento y que esté informada adecuadamente sobre los diversos efectos que, desde su análisis, puede tener la terminación del embarazo o la decisión de llevarlo a término incluso cuando la joven tiene claro que desea realizarse un aborto.
“Aprobamos una medida que regula los procesos del derecho que pueden tener nuestras menores a ejercer un aborto, pero que sostiene y mantiene el derecho que pueden tener unos padres sobre la custodia y responsabilidad sobre sus menores. Estamos apoyando esta medida dejando sobre la mesa que ambas decisiones son decisiones complejas”, puntualizó.
Justicia pide aclaración de la Legislatura
La licenciada Ketsy García, directora de la División Legislativa de Justicia, insistió durante la audiencia que la legalidad del aborto en Puerto Rico debe ser aclarada por la Asamblea Legislativa a raíz de la revocación de Roe v. Wade por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.
A preguntas de la comisión, la deponente recalcó que, por el momento, el lenguaje del Código Penal es el referente jurídico a nivel estatal respecto al derecho del aborto en Puerto Rico. García aseguró que está revocado tácitamente debido a que el aborto ya no está protegido como un derecho constitucional federal, por lo que queda en manos del Tribunal Supremo de Puerto Rico realizar una nueva interpretación.
“Nuestra posición sería que, en la medida que exista ese precedente, es necesaria la actuación de esta Asamblea Legislativa para que atempere los artículos en el Código Penal de acuerdo con ese precedente y que, ciertamente, se establezca legislación a la luz del caso de Dobbs”, explicó la licenciada.
Esto recibió la postura en contra de la representante Lisie Burgos Muñiz al puntualizar que el Código Penal permite el aborto en Puerto Rico cuando medie el criterio médico de proteger la vida o salud de la persona gestante.
Asimismo, el representante Héctor Ferrer Santiago resaltó la intención redundante del proyecto al distinguir que el estado de derecho dispone que cualquier tratamiento médico realizado en un menor de edad necesita el consentimiento de sus padres o tutores legales.
