La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) rechazó este lunes dos medidas camerales que proponen cambios en la forma en que se calcula la pensión alimentaria en Puerto Rico. Se trata de los proyectos de la Cámara 1140 y 1161, ambos dirigidos a excluir las horas extras del cómputo de ingresos utilizados para el cálculo de la pensión alimentaria.
“Cuando un menor reside con ambos progenitores, ese ingreso lo beneficia directamente, pues forma parte de los recursos del hogar. Sin embargo, la medida propuesta resultaría en que cuando el menor no resida con el progenitor alimentante, ese mismo ingreso no se reflejaría en el sustento que recibe.”, puntualizó la administradora de ASUME, la licenciada María del Mar Mateu Meléndez.
El Proyecto de la Cámara 1140 propone que la pensión alimentaria se calcule únicamente con el ingreso regular neto recurrente del alimentante. La medida excluye del cómputo, ingresos como horas extras, bonificaciones, turnos especiales, incentivos y cualquier compensación no fija. También plantea limitar el análisis de ese ingreso base sin considerar ingresos adicionales, lo que reduce la capacidad de evaluar la situación económica real de la persona obligada al pago de la pensión alimentaria. “Uno de los criterios rectores para determinar la pensión alimentaria es que siempre sea proporcional a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe.”, enfatizó la Lcda. Mateu Meléndez.
Asimismo, advirtió hoy en una vista pública celebrada en El Capitolio que esta propuesta contraviene el principio del mejor interés del menor, ya que la ley vigente requiere considerar todos los ingresos disponibles para cubrir sus necesidades esenciales. Señaló, igualmente, que excluir ingresos, en especial cuando son recurrentes, puede disminuir la pensión de forma injustificada y no reflejar la verdadera capacidad económica del alimentante. Además, indicó que el ordenamiento jurídico vigente ya permite manejar ingresos variables mediante la evaluación de recurrencia y naturaleza, así como promediar o excluir ingresos extraordinarios cuando corresponde.
La licenciada también destacó en su ponencia que la medida elimina la discreción del juzgador al imponer una exclusión automática de ingresos, lo que limita la capacidad para evaluar cada caso de forma individual. Esto, explicó, puede generar incongruencia, ya que el ingreso se consideraría para efectos del alimentista cuando se trata de una pensión suplementaria, generando una aplicación desigual del mismo concepto.
Por su parte, el Proyecto de la Cámara 1161 busca enmendar la Ley Orgánica de la ASUME para excluir del cálculo de la pensión alimentaria las horas extras devengadas por miembros de la Policía de Puerto Rico, policías municipales y oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La medida propone aplicar esta exclusión de forma automática y sin un análisis caso a caso.
Ambas medidas, enfatizó Mateu Meléndez, introducen cambios que pueden afectar la uniformidad del sistema y la protección de los menores. “La medida no atiende un problema real del sistema, todo lo contrario y peor aún, penaliza a los menores poniendo en riesgo su protección alimentaria. Máxime cuando lo que el Estado debe proteger por encima de cualquier otro interés, es el mejor bienestar del menor, así como el nivel de vida que merecen tener conforme al ingreso de sus progenitores.”, subrayó.
