Por Luis Y. Ríos Silva. MBA, PhD
En Puerto Rico, la erosión costera suele tratarse como un problema de playa y turismo, como si solo se perdiera un paisaje o un espacio para caminar. En realidad, cuando la arena desaparece, queda expuesta la infraestructura que sostiene comunidades completas. No es solo que el mar “se comió la playa”, sino que se perdió la barrera natural que protegía casas, carreteras, negocios y edificios del impacto del oleaje. Por eso, debe abordarse como un asunto de seguridad pública y de ingeniería, no solo como un tema que aparece cuando hay una emergencia.
En Rincón, particularmente en la comunidad Córcega, la erosión dejó de ser un concepto técnico para convertirse en una experiencia vivida, y lo afirmo porque yo viví allí. En 1987 había una orilla amplia y una distancia real entre el agua y las edificaciones; para el 2000, esa orilla ya casi no existía y una marejada común borraba lo poco que quedaba. Para el 2010, el mar chocaba directamente contra muros de los condominios, convirtiendo el problema en algo constante y peligroso.
Cuando el mar deja de encontrar arena y golpea cemento, la playa deja de absorber la energía del oleaje y esa fuerza se concentra, acelerando el deterioro de la costa y de las estructuras. Ese proceso provoca socavación: el agua excava por debajo, se lleva el terreno, debilita la base y termina en grietas, hundimientos y colapsos parciales. En el 2018, el huracán María demostró que esto no es teoría: colapsaron estructuras en zonas donde la costa ya estaba comprometida y el oleaje encontró infraestructura expuesta o mal adaptada.
Lo que hoy ocurre en Loíza, especialmente en Parcelas Suárez, demuestra que lo de Rincón no fue una excepción sino un anticipo. Allí, la erosión ya amenaza viviendas, carreteras y tuberías, y las decisiones se toman a contrarreloj para proteger la infraestructura pública. Ante la urgencia, el DRNA propuso una barrera tipo acordeón rellena de arena como “estructura blanda”, evitando por ahora el uso de rocas que la propia agencia ve como “último recurso” porque pueden hacer que se pierda la playa. Esa postura deja claro que, si respondemos solo con muros y piedras, podemos sentir alivio inmediato mientras destruimos el amortiguador natural que nos queda.
El análisis espacial y económico del DRNA coloca a Loíza entre los municipios más vulnerables: casi la mitad de su territorio se afectaría con un aumento de tres pies en el nivel del mar y cerca de 50% de su población vive en pobreza. El informe también advierte que, sin planificación y más allá de los parchos, miles de viviendas, negocios e infraestructura vial, de agua y de energía en la zona costera quedarían expuestos a marejadas, inundaciones y erosión en las próximas décadas.
Lo ocurrido en Rincón y Loíza no es emergencias aisladas, sino señales de un país que responde con parchos a un problema estructural. Puerto Rico necesita soluciones sólidas, basadas en ingeniería e integrando a las comunidades, que reconozcan la costa como infraestructura natural.
Cuando el mar toca el cemento, no se pierde solo una playa: se pone en riesgo la seguridad de nuestra gente.
