“Nos toca desde Puerto Rico mirar hacia el Caribe, proteger las especies en peligro de extinción, promover la legislación de especies endémicas. En Bélgica acaban de nombrar al ecocidio contra la naturaleza como una ley. Crearon una embajada para proteger unos peces en peligro de extinción en el Mar Báltico. Nos toca al Caribe ser mejores ancestros de futuras generaciones y sembrar la semilla de proteger los derechos de la naturaleza. El efecto de tener un mejor planeta, sostenible, quizás no lo vamos a ver pero nuestros descendientes sí”, expresó la profesora y ecóloga Dimaris Acosta en un conversatorio en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, como parte de un Junte Científico internacional que auspiciaron la Coalición Boricua por los Derechos Inherentes de la Naturaleza, la Fundación Segarra Boerman y Para La Naturaleza.
El concepto de derechos de la naturaleza plantea que la Naturaleza tiene existencia propia y no está sujeta al dominio del ser humano. Se vincula también a los derechos humanos y al bienestar porque, para sobrevivir, los seres humanos dependen de un ecosistema saludable. En los países donde se legislan estos derechos, cualquier ciudadano tiene la capacidad jurídica para representar en un tribunal a la naturaleza.
“Una rana le ganó al ministro de Ecuador. La rana arlequín hocicuda era endémica en Ecuador y desapareció en los años 80. Hace unos años en el valle de Intag, en la región de Los Andes, se encontró a la rana que apareció en medio de una concesión de una empresa minera. La empresa había omitido que esta era la última y única población de la especie de la rana arlequín hocicuda. Luego se supo que omitieron otras especies más. Después de varias batallas en los tribunales la rana pudo tener su voz y se le retiró la licencia a la empresa por ignorar a esas especies que estaban en la construcción minera”, manifestó Andrea Terán, bióloga de Ecuador.
En el caso de Panamá, la bióloga marina estadounidense Callie Veelenturf, jugó un papel clave. “Fui proponente de los derechos de la naturaleza en Panamá. Mi vinculación llegó por las tortugas y donde anidaban, algo que me preocupaba. Me asesoré con libros como “The Rights of Nature” de David Boud, que propone una revolución legal para cambiar el mundo. En Panamá en dos años se logró. Me reuní con el congresista Juan Diego Vásquez, que radicó la legislación en 2022. Ya cualquier ciudadano puede llevar un caso en defensa de la naturaleza”, indicó en el conversatorio Veelenturf, quien destacó los logros de las zonas protegidas de anidaje de tortugas y un refugio de vida silvestre en Panamá en 2024.
Participaron en el conversatorio del Junte Monique Johnson, geocientífica (Trinidad y Tobago/Bahamas); Dimaris Acosta, ecóloga microbiana (Puerto Rico); Machel Donegan, geógrafo (Jamaica); Eladio Fernández, fotógrafo de conservación (República Dominicana); Juan Pablo Álvarez, ficólogo (Puerto Rico); Carlos Torres, ecólogo (Puerto Rico); Callie Veelenturf, bióloga marina de conservación (USA/Panamá); Andrea Terán, bióloga (Ecuador); Steve Maldonado Silvestrini, artista y botánico (Puerto Rico); y Jaime Suárez Berrocal, artista (Puerto Rico). Facilitaron el diálogo Alexandra Hertell, de Fundación Segarra Boerman, y Camila Marambio, de Para la Naturaleza.
Juan Pablo Álvarez-Rosario, ficólogo y científico ambiental puertorriqueño, planteó que “podemos proteger los derechos de la naturaleza. Desde un movimiento comunitario, a nivel de municipio o de región de cuenca hidrográfica, o desde el estado algo que puede suceder es promover una unión caribeña para llevar la lucha por los derechos de la naturaleza a otro nivel”. Explicó que en Puerto Rico han tenido la experiencia de organizaciones ambientales como ISER Caribe y Cirom-PR que en diálogo con una comunidad de pescadores apoyan la restauración ecológica de arrecifes de coral en Isla Magueyes, en Lajas, con corales cultivados en viveros, así como todo el ecosistema alrededor de los arrecifes, lo que hacen reintroduciendo especies como erizos, cangrejos y microalgas. Esto mejora el hábitat marino y reduce la erosión costera.
En el conversatorio hubo participación de profesionales de otras disciplinas como el fotógrafo dominicano Eladio Fernández, quien documenta con sus fotos historias de denuncias de delitos ambientales que han impactado y provocado cambios en políticas públicas. Entre estas mencionó fotos sobre la pesca de anguilas que es un lucrativo negocio en República Dominicana al punto de que podrían ponerlas en peligro de extinción. Otra gesta fotográfica fue denunciar el maltrato de flamencos a los que les cortaban las alas para exhibirlos en hoteles y centros turísticos. Tras la denuncia, los flamencos ya fueron removidos de todos los hoteles y están en un área protegida.
La Coalición proyecta continuar con educación pública sobre este tema en Puerto Rico y eventualmente promover legislación. Los compromisos de la Coalición están recogidos en la Declaración de Reconocimiento y Defensa de los Derechos Inherentes de la Naturaleza. Las portavoces indicaron que quienes estén en sintonía con esta declaratoria pueden unirse a la Coalición. Más información sobre el Junte Científico y la coalición en linktr.ee/derechosdelanaturaleza
