La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ricardo Rey «Chino» Ocasio Ramos, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 942, que busca enmendar la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 2000, conocida como la “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico”.
El proyecto de la autoría de la representante Odalys González González, tiene como objetivo principal ordenar a la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) la revisión y actualización de las tablas de subsidio de transportación para los estudiantes y participantes de sus programas, así como establecer un mecanismo de revisión periódica que responda a las necesidades reales del costo de vida y movilidad Puerto Rico y otros fines relacionados.
El representante Ocasio Ramos destacó la importancia de garantizar los servicios de apoyo a los participantes de ARV, subrayando que muchas de estas personas enfrentan dificultades de movilidad o altos costos de transportación, lo que limita su acceso a la educación y al empleo.
“Nuestra Comisión reconoce que el acceso a los servicios de Rehabilitación Vocacional es un derecho que debe adaptarse a los tiempos, a los cambios y a los altos costos que sin duda, nos ha afectado a todos. Es esencial que las tablas de subsidio reflejen las condiciones económicas actuales y que los programas continúen fortaleciendo la independencia y calidad de vida de nuestros participantes ya que la misión es que estos participantes se inserten en el mundo laboral, una vez adiestrados y acompañados por la dependencia en ese proceso”, expresó el legislador.
A la vista pública comparecieron representantes de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), quienes reconocieron la importancia de la medida, aunque expresaron preocupación por los posibles gastos operacionales adicionales que podría implicar su implementación, lo que representaría un reto para su cumplimiento.
Durante la vista pública, se informó que ARV cuenta con 39,601 participantes activos. La administradora de la agencia, doctora Rosa Lugo Cabán, reconoció los cambios en los costos de transportación, pero destacó la importancia de cumplir con las disposiciones y normativas federales, ya que la ARV depende en gran medida de fondos federales para ofrecer sus servicios.
“Nuestros fondos, al ser restrictivos, únicamente pueden ser utilizados para prestar servicios a la población de solicitantes o consumidores, de acuerdo con lo que permite la ley. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ya estamos inmersos en el análisis de una posible enmienda a la política pública con el propósito de aumentar, de manera razonable, las tarifas de transportación, reconociendo la necesidad de ajustar este componente esencial para garantizar el acceso a los servicios de rehabilitación, dentro de los parámetros establecidos por ley”, sostuvo Lugo Cabán, quien mencionó que esa gestión y ese análisis se contemplaron en el informe del año fiscal del 2026, de aprobarse por las agencias federales y estatales.
Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos mediante ponencia, manifestó que el Proyecto de la Cámara 942 promueve la transparencia y uniformidad en la determinación de los subsidios de transportación que se conceden a los participantes de los programas de la ARV.
“El establecimiento de nuevas guías o tablas permitirá considerar los costos y gastos reales que enfrentan los consumidores o participantes de los programas de la ARV. Esto es cónsono con una sana administración y con la transparencia en los servicios que brinda la entidad gubernamental, además de eliminar una barrera que impide que los participantes puedan desplazarse a sus centros de estudio o adiestramiento”, expresó Rivera Berríos.
Entretanto, la representante de la AMA, Arlene Martínez Nieves, destacó que la agencia cuenta con diversas iniciativas para promover el bienestar de los adultos mayores y de las personas con impedimentos, garantizándoles servicios de calidad y atención a sus necesidades particulares. Mencionó como ejemplo el programa “Llame y Viaja”, del cual participan usuarios referidos por la ARV. No obstante, reconoció que la medida podría representar un reto económico, aunque podría atenderse mediante convenios y colaboraciones interagenciales.
Finalmente, el representante de la DPI, licenciado José A. Montalvo Vera, catalogó la propuesta como una medida loable y expresó su respaldo a través de su ponencia.
