La Junta de Retiro expresó su oposición al Proyecto de la Cámara 673, cuyo fin es permitir que el seguro de incapacidad de los empleados públicos sea provisto por múltiples compañías autorizadas a operar en Puerto Rico, ofreciendo así libertad de selección a los empleados públicos.
Durante una vista pública de la Comisión de los Sistemas de Retiro, presidida por la representante María de Lourdes Ramos Rivera, la agencia reconoció las buenas intenciones de la medida, pero advirtió que dividir las pólizas entre varias aseguradoras podría encarecer los costos y reducir la calidad de las coberturas, especialmente para los empleados clasificados como de alto riesgo.
La propuesta legislativa es impulsada por la vicepresidenta de la Cámara, Yashira Lebrón Rodríguez, quien resaltó que utilizar solo una compañía aseguradora para ofrecer el seguro por incapacidad resulta en que los servidores públicos no reciban necesariamente la póliza de seguro más competitiva.
“Mantener una sola póliza colectiva resulta no solo eficiente, sino técnicamente necesaria para la sostenibilidad del programa, ya que permitir equilibrar los riesgos entre ocupaciones con distintos niveles de exposición”, explicó el licenciado Arnaldo Ortiz, director ejecutivo de la Junta de Retiro.
Ortiz aseguró que la póliza grupal que rige el Sistema de Retiro de los empleados del gobierno y la Judicatura posibilita maximizar la capacidad de aseguramiento y garantizar estabilidad en las primas gracias a la composición diversificada del grupo.
En este tipo de póliza, según detalló, la composición del grupo incide en el costo de la prima dado que a menor número de miembros, mayor es el costo. Actualmente, el grupo asegurado está compuesto por 85,000 servidores públicos cubiertos bajo la póliza de incapacidad a largo plazo.
El titular añadió que este tipo de estructura ha propiciado que el grupo cubierto acceda a beneficios “que de otra manera serían inviable”. Entre estos destacó la inclusión de empleados de alto riesgo, como policías y bomberos, en coberturas por muerte accidental y rehabilitación laboral, entre otros.
Ortiz añadió que la competencia entre múltiples aseguradoras se vería limitada debido a que la ley orgánica del Sistema de Retiro (Ley 447-1951) establece un tope máximo en el costo del seguro por incapacidad equivalente a 0.25 % de la retribución del participante.
También señaló como incorrecta la comparación que hace el proyecto de ley entre el seguro obligatorio de accidentes de vehículos y el seguro por incapacidad a largo plazo, ya que el primero cubre eventos de corto plazo y pagos limitados.
Mientras, el segundo requiere reservas actuariales complejas, proyecciones de morbilidad, duraciones promedio de incapacidad y modelos predictivos de largo plazo. “Son productos distintos en naturaleza, regulación y estructura de riesgo, por lo que no se pueden equiparar con un seguro de auto ni de salud”, dijo Ortiz.
El director ejecutivo aclaró que la información presentada en la exposición de motivos, que utiliza como ejemplo la Policía de Puerto Rico, no refleja la situación actual del seguro por incapacidad a largo plazo.
Afirmó que los uniformados cuentan con “una cobertura robusta” que incluye la póliza básica de incapacidad a largo plazo y un seguro suplementario (buy-up) que otorga un beneficio adicional de 20 % de los primeros $25,000 durante los primeros 120 meses. Con las pólizas combinadas, un policía obtendría hasta 65 % del ingreso previo con cobertura extendida hasta 15 años, informó.
La representante Ramos Rivera acogió la solicitud de Ortiz de enmendar la medida para incluir a los maestros del sistema público en el grupo de asegurados cubiertos bajo la póliza de incapacidad.
“Yo cito a los gremios y, si me dicen que están a favor, se me hace más fácil hacer el proyecto ya obviando un posible conflicto obrero-patronal. He trabajado varios proyectos de esa manera y hemos tenido éxito”, indicó la legisladora.
Por su parte, la comisionada de Seguros, Suzette Del Valle, comunicó que su respaldo al proyecto de ley estará condicionado a que se realice un estudio actuarial y que la implementación de la medida proteja los intereses de los participantes del Sistema de Retiro.
