Por Carlos F. Ramos Hernández
«Como Gobernadora, tengo clara mi responsabilidad: servir con transparencia, empatía y acción», dijo en sus redes sociales Jenniffer González Colón al referirse a la asignación de fondos a municipios. «La transparencia que tenemos ahora mismo es la mayor que hemos tenido en nuestra historia”, exclamaba el exgobernador Pedro Pierluisi al hablar de la información relacionada con los apagones en Puerto Rico. “Una mayor transparencia es esencial para exponer prácticas ilegales y, en última instancia, para librar a la sociedad de jerarquías raciales vergonzosas y peligrosas”, afirma un memorando ejecutivo del Presidente de Estados Unidos Donald Trump exigiendo la recopilación de estadísticas sobre el perfil racial de estudiantes universitarios, como condición para recibir fondos federales.
La transparencia se ha convertido en una frase trillada que se vocifera para crear una ilusión de apertura y rendición de cuentas. O peor aún, en un arma para atacar el valor de la diversidad en una distorsionada versión de la realidad, como en el caso del régimen trumpista. En la práctica, los políticos y funcionarios dicen una cosa y hacen otra, o informan “logros” pero ocultan el cómo y el por qué para evitar ser fiscalizados. Pero, y si me interesa conocer cuál fue ese proceso tras bastidores para tomar decisiones de política pública, ¿tengo derecho a saberlo? La respuesta es que sí.
El acceso a la información pública es un derecho humano que tiene toda persona a solicitar y recibir documentación en poder del gobierno. En Puerto Rico, se trata de un derecho de rango constitucional desde la decisión del Tribunal Supremo en Soto v. Secretario Justicia (1982), una de las múltiples secuelas de los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla a manos de la policía. Hablamos de un derecho ciudadano, que no le pertenece exclusivamente a la prensa, y que nos permite obtener información para opinar, analizar y participar efectiva y oportunamente en la toma de decisiones en nuestro país.
El 28 de septiembre y durante toda la semana se conmemora el Día Internacional para el Acceso Universal a la Información, una jornada proclamada por la UNESCO en 2015 y por las Naciones Unidas en el 2019, en la que se busca crear conciencia sobre la transparencia y el buen gobierno, como antídotos contra la corrupción, y promocionar este derecho como un vehículo indispensable para construir sociedades mejor informadas para la vida y la participación cívica.
La primera ley de acceso a la información en el mundo se firmó en el 1766 en Suecia. Pero los orígenes más tangibles en favor de la transparencia gubernamental se encuentran en los años previos al estallido de la Revolución francesa de 1798. Es una historia que merece recuperarse. Para finales del siglo 18, Francia se encontraba en serios problemas financieros por haber apoyado a la naciente nación estadounidense en su guerra contra Gran Bretaña. En un intento por ganar la confianza de su clase burguesa, en 1781 el director de finanzas del Rey Luis XVI, Jacques Necker, reveló mediante un informe presupuestario todas las finanzas reales para demostrar que Francia podía continuar subsidiando sus guerras. Para la ciudadanía, este acto de “publicidad” y apertura permitió, por primera vez, que la sociedad francesa tuviese un debate informado sobre la finanzas de la nación. La nobleza se opuso a revelar este “secreto de estado” y criticó que se le engañara y ocultara parte de la deuda pública. Pero nadie pudo evitar que el abrir las arcas al escrutinio público sirviera de punta de lanza para una revolución popular. Este recuento pone en perspectiva que la verdadera transparencia, como principio democrárico, no se trata solo de mostrar los “resultados” sino de difundir cómo, para qué y por qué se utilizan los recursos públicos.
En materia de acceso a la información, la mayoría de los gobiernos continuaron operando con opacidad para evitar ser fiscalizados hasta entrado el siglo 20, tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. En 1966, se dio un avance cuando en Estados Unidos se aprobó la Freedom of Information Act (FOIA) que establecía, por primera vez, un derecho vía legislación para solicitar documentos en poder de las agencias federales.
Pese a su impacto e influencia en la redacción de leyes de transparencia en otros países, la FOIA no debe seguir siendo un referente para Puerto Rico. Su diseño legislativo responde a una inmensa burocracia federal, se ha convertido en una ley que no es efectiva para muchos solicitantes y protege más intereses comerciales que públicos. Sobre todo, no se debe emular porque en Estados Unidos este derecho existe en virtud del Congreso y no goza de protección constitucional como en nuestro país. Recordemos que los derechos constitucionales no pueden abolirse por la Legislatura, pero sí se pueden reglamentar por la vía legislativa.
En Puerto Rico, nuestro derecho constitucional “a saber” está regulado desde el 2019 por la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley 141 de 2019. A más de cinco años desde su aprobación a oscuras por el exgobernador Ricardo Rosselló, la situación de acceso, al menos para periodistas, ha permanecido igual o empeorado. Un informe preparado por el CPI a finales de 2022 reveló que la implementación y ejecución de esta política pública ha sido deficiente e inconsistente.
Esfuerzos legislativos recientes buscan restringir e imponer barreras adicionales al acceso a documentación pública. Hace unas semanas, se convirtió en ley el proyecto del Senado 331, sin la celebración de vistas, que ahora clasifica como “confidencial” toda la información que genera y custodia el Registro Demográfico. Ante la crisis demográfica y los problemas de salud pública que enfrenta Puerto Rico, es un sinsentido que se impida el acceso a estas estadísticas vitales. Por el contrario, deberían estar disponibles para el análisis científico, por parte de entidades independientes desde la sociedad civil, académicos y la prensa. Si nos arropara otro Huracán María en el 2025, no podríamos saber el número real de personas afectadas o fallecidas, pues nadie, con excepción del propio gobierno, tendría acceso a las estadísticas que permitieron al CPI, junto otras organizaciones periodísticas, investigar el impacto de esta catástrofe.
También está ante la consideración de la Legislatura el proyecto del Senado 63 que aumentaría a casi dos meses el tiempo que tiene una agencia para responder a una solicitud de información y dejaría en manos exclusivas del gobierno decidir en qué formato tiene que entregar los datos que custodia. La aprobación de esta medida representaría un retroceso para la posición de Puerto Rico en el Índice Global del Derecho a la Información, un análisis realizado por el Centre for Law and Democracy. El CPI, junto al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, celebró vistas públicas ciudadanas y preparó un informe oponiéndose a estas medidas tras recibir el insumo de 12 organizaciones de la sociedad civil. La semana pasada, la Comisión de Gobierno del Senado rindió un informe positivo de la medida, a pesar de que sólo una agencia envió un memorial explicativo y las seis organizaciones, incluyendo al CPI, que comparecieron por escrito a falta de una vista pública,expresaron su rechazo absoluto a la aprobación del proyecto de ley.
En el marco del Día Internacional para el Acceso Universal a la Información, debemos de denunciar estos retrocesos y aprender de otras partes en el mundo, en donde la transparencia se fortalece y se adapta a los retos y avances tecnológicos.
Hay lecciones positivas que se pueden adoptar de otros países.
La organización protransparencia MuckRock lanzó una guía informativa exhortando a las personas en Estados Unidos a que soliciten los mensajes de texto enviados y recibidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Hoy día, las decisiones de política pública se toman no sólo por correos electrónicos, sino en “chats” entre funcionarios. Así quedó evidenciado tanto en el infame “chat” de Telegram del exgobernador Rosselló y sus “brothers”, como en una investigación reciente del CPI sobre un “chat” de Whatsapp en donde empleados de confianza que laboran en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico, entre vacilón y chistes, recibían órdenes de trabajo sobre actividades oficiales de la entonces Secretaria Auxiliar del Negociado.
En otro caso novel, recientemente periodistas de PBS y NPR en el estado de Washington obtuvieron miles de páginas de registros de conversaciones de funcionarios municipales con ChatGPT. Una investigación reveló el uso amplio y generalizado de inteligencia artificial (IA) en gestiones oficiales, desde la redacción de cartas, informes sobre auditorías, comunicados de prensa y hasta respuestas a solicitudes de subvenciones públicas. No dudo que el uso de IA pueda ser una herramienta de “eficiencia” en el gobierno. Por ejemplo, en Puerto Rico se está utilizando la IA para reclutar empleados en agencias. Ahora bien, deben adoptarse guías que permitan a la ciudadanía saber cómo y cuáles documentos públicos están siendo generados por IA y qué procesos humanos se usan para atender sus imperfecciones y sesgos.
En España, por su parte, la organización periodística CIVIO logró que el Tribunal Supremo ordenara la entrega del algoritmo de Bosco, una aplicación informática del gobierno español que decide quién recibe o no asistencia económica para ciertos programas sociales, como ayuda para pagar la luz. La sentencia resuelve que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo funcionan los algoritmos que les afectan y que la seguridad nacional ni la propiedad intelectual constituyen excepciones válidas para restringir su divulgación.
En Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha desde su fundación en 2007, presentado 50 demandas, a nivel estatal y federal, exigiendo acceso a datos. Ya, en lo que va de año, la organización ha tenido que demandar en seis ocasiones a la administración González Colón para obtener información pública, igualando así el número de acciones legales presentadas en el primer año de la administración del exgobernador Pedro Pierluisi. De nada sirven los “resultados” que se tratan de proyectar si desconocemos cuáles son los intereses que se esconden detrás de ellos.
El futuro del acceso a la información en Puerto Rico tiene que enfocarse en mayor apertura y adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas, no en levantar barreras ni limitar quién o qué se puede solicitar. La transparencia no es un eslogan de publicidad sino una condición esencial para quienes aspiran a una vida democrática.
