La senadora del Distrito Mayagüez-Aguadilla, Karen Román Rodríguez, presentó la Resolución del Senado 298 para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor y a la Comisión de Agricultura investigar las crecientes denuncias de sobreprecio, prácticas abusivas y engaños en los mercados familiares, donde miles de familias y envejecientes acuden a comprar alimentos utilizando fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
La senadora denunció que han llegado múltiples querellas de ciudadanos que aseguran que algunos vendedores cobran cantidades excesivas e injustificadas, apropiándose en ocasiones del balance completo que el beneficiario tiene disponible en su tarjeta de asistencia.
“Es inaceptable que un envejeciente llegue con 80 dólares en su tarjeta y le despachen unas cuantas frutas o viandas a sobreprecio, apropiándose del total del dinero. No se puede permitir que comerciantes inescrupulosos abusen de quienes más lo necesitan, entregándoles incluso productos en mal estado, sin derecho a devolución y con actitudes de engaño. Eso es un fraude contra nuestro pueblo y contra los fondos federales”, manifestó con indignación la senadora Román Rodríguez.
La legisladora recalcó que este tipo de práctica no solo afecta el bolsillo de las familias más vulnerables, sino que pone en riesgo los fondos federales destinados para estos programas, ya que podrían ser cuestionados si no se garantiza transparencia y cumplimiento con las normas.
La Resolución ordena a las Comisiones legislativas a:
1. Examinar los mecanismos de fiscalización sobre precios en los mercados familiares.
2. Evaluar si los comerciantes cumplen con los parámetros establecidos por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Agricultura.
3. Requerir explicaciones y revisión de libros a los funcionarios y comerciantes envueltos.
4. Determinar si se han emitido advertencias, sanciones o correctivos ante prácticas abusivas.
5. Identificar medidas legislativas o administrativas que fortalezcan la supervisión y protejan al consumidor.
“Voy de frente contra esta situación. No voy a permitir que se siga estafando a nuestros envejecientes. Si hay que hacer señalamientos públicos, se harán, porque aquí tiene que brillar la verdad y tiene que haber justicia para nuestra gente. Exijo a DACO, al Departamento de Agricultura y a todas las agencias concernidas que actúen con transparencia y expliquen qué medidas están tomando para detener estas irregularidades”, añadió la senadora.
Las Comisiones tendrán un plazo de 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
“A los comerciantes que trabajan con honradez y cumplen con la ley, los reconozco. Pero a quienes se aprovechan de la necesidad del pueblo, quiero dejarles claro que se les acabó el abuso. Aquí se fiscalizará, se expondrá la verdad y se hará justicia”, concluyó Román Rodríguez.
