Casa Pueblo de Adjuntas participó en una productiva jornada que definió las propuestas que los países latinoamericanos y caribeños presentarán en la convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el cambio climático en noviembre próximo.
El director ejecutivo de la organización, Arturo Massol Deyá, compartió con otros líderes y lideresas de estos países en representación de la sociedad civil, y estuvo presente en reuniones que sostuvieron una veintena de ministros regionales de medioambiente, desarrollo sostenible y energía.
Asimismo, conoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y le obsequió la bandera de la insurrección energética originada en Adjuntas. También conversó con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra, y con el presidente designado de la 30ma Conferencia de las Partes (COP30), André Correa do Lago.
Aunque Puerto Rico no participa de estos foros por no ser un país independiente y Estados Unidos se retiró de las deliberaciones que buscan atajar el cambio climático, Casa Pueblo fue invitada por el Gobierno de México a la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de la Acción Climática Regional efectuada este lunes y martes en su capital.
Massol Deyá participó en el panel “Abordar las desigualdades en el contexto del derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible”, en el cual expuso el trabajo de Casa Pueblo para avanzar la transición energética de Adjuntas.
“La carga adicional que se impone sobre nuestra gente para la adaptación climática, en lugar de cerrar las brechas de desigualdad, las expande a niveles que cuestan vidas. Por ejemplo, tras el huracán María en 2017, en Puerto Rico se registró un excedente de muertes esperadas para ese periodo de 3,000 personas, y estas muertes no pueden atribuirse al huracán como tal, sino al desastre estructural de un país, como en muchos de nuestros países latinoamericanos y del Caribe, construidos en la colonialidad”, expuso Massol Deyá.
“Entonces, la agenda climática tiene que ser liberadora. Nuestra práctica comunitaria en Puerto Rico demuestra que es posible articular un modelo alternativo, justo y democrático. Además de proteger los bosques y el territorio para garantizar el paisaje de todos y todas, la biodiversidad, el potencial agrícola y la seguridad hídrica, es fundamental que, más que una transición energética, construyamos una transición ecosocial justa ahora que desafíe las relaciones de poder”, agregó.
Al momento, Casa Pueblo ha realizado más de 400 instalaciones solares en residencias, comercios e infraestructura crítica, como tres hogares de ancianos, una escuela y la sede de los bomberos y emergencias médicas. También opera cinco innovadoras microrredes y está en proceso de crear el Laboratorio Comunitario para la Transición Energética para investigar sobre las redes de microrredes y expandir la huella solar.
“Un nuevo modelo energético es posible y debe ser coherente con la protección del territorio, los bosques y los bienes comunes, respetuoso a la cultura y a los sistemas de conocimientos ancestrales para días buenos y para estar mejor preparados para la crisis climática. Es decir, hay que ver la producción de energía como un recurso para redistribuir riqueza y atender la pobreza material”, señaló.
Esta reunión produjo dos documentos: uno elaborado por los y las ministras, y otro concebido por la sociedad civil. En esencia, estos constituyen la narrativa latinoamericana y caribeña para hacerle frente al cambio climático, tomando en cuenta las particularidades de estos países, que pagan una cuota desigual por los efectos del calentamiento global, y escuchando las voces de sus comunidades para conseguir una verdadera justicia climática.
Este frente común coincidió en la necesidad de procurar la justicia climática, étnico-racial y de género; la transición energética justa, decolonial, libre de combustibles fósiles y transparente; la protección de las personas y organizaciones defensoras del territorio; y la consolidación de un presente y un futuro equitativo, resiliente y sostenible.
Algunas de las peticiones fueron que los gobiernos implementen mecanismos de participación inclusiva que integren a las comunidades locales, que incorporen las propuestas de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y que se le exija a los países e industrias más contaminantes financiar las soluciones climáticas para resarcir sus daños.
La 30ma Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en la ciudad de Belém, Brasil.