Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo
El Gobierno de Puerto Rico ha pagado más de $50 millones a S2 Services Puerto Rico LLC, la compañía que está a cargo de inspeccionar furgones en el puerto de San Juan, a pesar de que su contrato con la Autoridad de Puertos venció en septiembre de 2021, según el Registro del Contralor.
Las normas de contratación gubernamental impiden el desembolso de fondos públicos si no hay un acuerdo escrito vigente.
Pero a principios de agosto, el director de Puertos, Norberto Negrón, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que esa agencia interpretó en 2020 que el contrato estaba vigente porque su término —de 11 años y 9 meses— no comenzó a transcurrir cuando se firmó en 2009, sino a partir del verano de 2021, más de una década después de que la empresa comenzó a dar los servicios.
Este cambio, sin embargo, no está registrado en el Contralor.
Durante la entrevista, Negrón admitió que las inspecciones que realizó S2, a un costo de $11 millones anuales, nunca tuvieron hallazgos significativos en casi 15 años.
Este lunes, seis semanas después de los cuestionamientos del CPI, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la cancelación del contrato de Puertos con S2 Services, que desde 2009 ha recibido $168 millones por sus servicios de escaneo.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
Desde 2010, S2 ha estado a cargo de las inspecciones de furgones, después de asumir el contrato que primero firmó su compañía hermana, Rapiscan Systems, con Puertos.
Bajo el contrato, el puerto de San Juan, que recibe más de 340,000 furgones cada año, cuenta con al menos ocho máquinas Rapiscan Eagle X-ray, un truck, que tiene un brazo de metal en forma de arco cuadrado, que escanea el interior de un furgón. Produce una imagen similar a una placa médica, que muestra lo que hay dentro, en busca de drogas, armas y cualquier objeto de contrabando.
En el 2009, Puertos contrató primero a Rapiscan, y luego a S2, para inspeccionar con estas máquinas de rayos X el 100% de los furgones que llegan al principal puerto de carga en Puerto Rico en San Juan. Fue una promesa de campaña del exgobernador Luis Fortuño y la contratación fue promovida como una alianza público privada, donde la empresa se haría cargo de toda la operación.
Para cubrir su costo, el Gobierno luego impuso un cargo especial de seguridad que hoy es de $57 por cada contenedor, pagadero por las compañías de transporte marítimo y que, al final del día, pasa al consumidor.
Foto suministrada por La Fortaleza
Al anunciar la cancelación del contrato, la Gobernadora dijo que los consumidores verán un alivio inmediato en los precios de productos a raíz de la eliminación de este cargo especial. A preguntas del CPI, Manuel Reyes, vice presidente de MIDA y quien acompañó a la Gobernadora como parte de un grupo del sector privado y organizaciones portuarias, no pudo precisar cuál exactamente sería su impacto en el precio de los productos.
Desde 2010, políticos, distribuidores y la industria de transporte marítimo han cuestionado la efectividad del programa de inspección de furgones que opera S2. El pasado mes de mayo, la Junta de Control Fiscal requirió información a Puertos sobre el acuerdo y exigió un análisis de costo efectividad.
El pasado 20 de junio, en su contestación al requerimiento de la Junta, la agencia dijo que hubo “más de 3,400 incongruencias entre los manifiestos de envío y la carga escaneada” entre 2011 y 2024, pero reconoció que “no han habido confiscaciones significativas de contrabando atribuidas directamente al programa de escaneo”.
Aún así, quince años después, S2 Services continúa escaneando furgones a un costo de $1.1 millones mensuales. La cancelación del contrato será efectiva en noventa días, según la Gobernadora.
En declaraciones escritas al CPI antes del anuncio de la cancelación, la empresa S2 dijo estar orgullosa del programa de escaneo que opera en Puerto Rico y aseguró que cumple con las leyes y regulaciones aplicables. La compañía rechazó compartir datos sobre cuántas máquinas están en funcionamiento y qué hallazgos significativos, si alguno, han tenido, citando razones de seguridad.
Más de $50 millones en pagos sin contrato registrado en Contralor
Desde hace más de tres años, el contratista recibe pagos sin tener un contrato vigente registrado en la Oficina del Contralor, encontró la investigación del CPI.
Una enmienda al contrato hecha en diciembre de 2020, durante la administración de Wanda Vázquez, extendió su vigencia original de 10 años a 1 año y nueve meses adicionales. El acuerdo, según registrado en el Contralor, venció en septiembre de 2021.
No obstante, el supuesto acuerdo entre Puertos y S2 Services, que hasta la fecha no ha sido registrado en la OCPR, cambió la “fecha de inicio de operaciones” de diciembre de 2009 a junio de 2021 por un alegado incumplimiento del Gobierno a principios del contrato, según dijo la agencia a la Junta Fiscal cuando le preguntó sobre el vencimiento. Según Puertos, se corrió la vigencia del acuerdo hasta septiembre de 2031. Pero ese acuerdo no fue avalado por la Junta ni fue registrado en la OCPR como requiere la Ley.
En aquel momento, para el verano del 2021, S2 Services ya llevaba más de 10 años inspeccionando furgones y había recibido alrededor de $80 millones en fondos públicos, según datos de la agencia compartidos al CPI.
“Si ese contrato no se enmendó a tiempo, o no se hizo de nuevo, todos los desembolsos a esta compañía desde ese momento [que venció en 2021] serían ilegales”, advirtió en julio al CPI la Contralora Yesmín Valdivieso, quien enfatizó que es norma reconocida que todo contrato gubernamental, y sus enmiendas, tienen que registrarse de manera oportuna para que sean válidos. Tampoco está permitido en la contratación gubernamental el pago por servicios retroactivos.
En respuesta a las preguntas del CPI, la OCPR indicó que realizaría un análisis legal sobre la vigencia del contrato, pero más de un mes después, la entidad seguía sin informar el resultado de su examen. La Oficina tampoco contestó por qué no detectó este problema ni hizo señalamientos durante casi dos años.
Foto tomada de la página de Facebook de la agencia.
Por su parte, S2 había dicho al CPI que el contrato para la inspección de furgones “sigue siendo válido y está en pleno vigor, de acuerdo con las enmiendas debidamente realizadas”, y que cumple con los requisitos de procesos competitivos y las directrices de Puertos. Además, la facturación y cobro por sus servicios, según los términos del arreglo, pasan por la aprobación de funcionarios del Gobierno, sostuvo la compañía.
“Durante la vigencia del acuerdo, que está actualmente vigente, hemos cumplido cabalmente con nuestros deberes y responsabilidades”, agregó la compañía.
Desde septiembre de 2021, fecha en que el contrato venció según el Registro de Contratos del Contralor, Puertos ha desembolsado unos $52 millones a favor de S2 Services.
Lejos de recuperar este dinero y en vez de realizar un nuevo proceso competitivo, el director de Puertos dijo, en una entrevista con el CPI a principios de agosto, que desconocía aún qué pasaría con el contrato.
En febrero, la Junta rechazó una solicitud hecha durante la administración anterior para extender el acuerdo con S2 Services hasta 2031, a razón de $1.16 millones mensuales.
El director de Puertos dijo que, al llegar al puesto, no pidió una reconsideración a la Junta.
Negrón describió a S2 Services como un “contratista importante” de la agencia, que ha recibido más de $130 millones durante casi quince años. Al hablar sobre el contrato y las cinco enmiendas que ha tenido, el funcionario indicó que ha sido como tallar una escultura “a su manera”, pero evitó comentar sobre las acciones que tomó cada uno de los directores de Puertos que intervinieron en el arreglo y sus enmiendas.
Luego de anunciarse la cancelación del contrato, Negrón adelantó que realizará una “reconciliación” con las facturas de S2 para determinar si la empresa recibió fondos públicos de manera indebida, para entonces iniciar el proceso de recobro.
Sin embargo, el director de Puertos insistió en que el contrato con S2 continúa vigente a pesar de los cuestionamientos de la Junta y de que el Registro del Contralor refleja lo contrario.
Empresarios, políticos y cabilderos
¿Cómo se obtiene un negocio así de lucrativo?
Una demanda estatal en el estado de Florida entre antiguos socios de negocios muestra lo que ocurrió hace unos 15 años, cuando la administración de Luis Fortuño otorgó el contrato de inspeccionar los furgones.
La firma del contrato no ocurrió en un vacío. La plataforma política de Fortuño incluyó una alianza público privada para la inspección de furgones en el muelle. Un año antes de entrar a La Fortaleza, se había firmado la Ley 12 de 2008, para establecer política pública en “seguridad portuaria con la encomienda de equiparar las leyes locales a las exigencias de las leyes federales que exigen un elevado nivel de seguridad en los puertos”.
El proyecto de ley fue presentado por la ahora Gobernadora, cuando era miembro de la Cámara de Representantes.
Siguieron las reuniones entre funcionarios de Puertos y empresarios interesados en el negocio, coordinadas por cabilderos, para impulsar “las soluciones” de seguridad que ofrecían al Gobierno desde vender las máquinas de rayos X, hasta correr la operación de inspección de principio a fin.
En el 2009, Puertos inició un proceso competitivo de solicitud de propuesta (RFP en inglés) para formalizar el negocio, que terminó en la firma de un contrato a 10 años con la compañía Rapiscan, con opción de extenderlo hasta 20 años.
Unos meses después, S2 y Rapiscan demandaron en Florida a Tactical Operational Support Services (TOSS) para que dejara de reclamar dinero por el contrato que recién habían obtenido con Puertos. TOSS, una compañía de seguridad, alegó que quedaron fuera del negocio con el Gobierno de Puerto Rico, a pesar de ayudar a conseguirlo, como socio de Rapiscan y S2.
El caso fue transigido en abril de 2021, once años después de su inicio. En el camino dejó documentos judiciales que revelan cómo Rapiscan y S2 ganaron el negocio.
En una deposición como parte del pleito, el vicepresidente de Rapiscan Jonathan Fleming, quien firma el contrato con Puertos a nombre de S2 Services, dijo que logró contactar con el Gobierno por medio de “otro socio”: Globalize, la compañía de cabildeo de Alfredo Escalera Maldonado.
Fleming dijo que a través de Globalize, conoció a “un montón de gente” en el Gobierno, incluído “el liderato de la Autoridad de Puertos”, lo que los llevó a ganar el contrato. En su deposición relató que Globalize coordinó reuniones con el entonces director de Puertos, Álvaro Pilar, y otros funcionarios de la agencia, como parte de los esfuerzos de S2 y Rapiscan para conseguir el negocio.
Luego de varias reuniones con personal de Puertos, Fleming recordó que recibieron una solicitud de información de parte de la agencia, que luego pasó a ser un RFP. Del proceso habrían participado otros “cuatro a cinco” competidores, que tienen este tipo de negocio a nivel mundial, agregó.
“Logramos un contrato”, dijo Fleming, quien firma el acuerdo con Puertos en representación, primero de Rapiscan, y luego de S2 Services Puerto Rico LLC, cuando esta entidad local asumió el contrato a partir de 2011.
La llegada de Globalize habría iniciado una disputa legal entre S2 y Rapiscan, y TOSS, una compañía de seguridad de Florida que buscaba oportunidades de negocio con el Gobierno de Puerto Rico.
En el 2010, S2 y Rapiscan demandaron a TOSS en Florida para que dejara de pedirles dinero tras haber obtenido el negocio de inspección de furgones en Puerto Rico. TOSS, por su parte, reclamó que la dejaron fuera del negocio de manera fraudulenta, a pesar de que ayudó a conseguir el contrato.
En una deposición en el pleito, el dueño de TOSS, John Haynes, contó que advirtió a Fleming, de S2 Services, sobre traer a Globalize al equipo, luego de que Fleming le dijera que la compañía de cabildeo “podía conseguir el contrato” con Puertos.
“Dije: ‘No sé si quiero que me asocien con [Globalize], investiga los antecedentes de este tipo [Alfredo Escalera]’. A eso me refería, basándome en todo ese grupo que estaban trayendo y con el que estaban bregando. No confiaba en ellos”, lee el testimonio.
El contrato entre Rapiscan y Puertos se firmó en diciembre de 2009, por Fleming y el entonces director de Puertos, Álvaro Pilar.
Además, TOSS también alegó que Globalize recibiría parte del fee que se cobra por cada furgón inspeccionado.
El CPI preguntó a Escalera si Globalize conectó al Gobierno y Rapiscan, y si la compañía de cabildeo recibe dinero por las inspecciones que se realizan. Escalera envió una declaración jurada pero no autorizó al CPI a publicar sus expresiones.
Al ser confrontado específicamente con la deposición bajo juramento de Fleming, quien ubica a Globalize en las conversaciones iniciales con Puertos, Escalera expresó que la relación entre S2 Services, Rapiscan y Globalize LLC comenzó en el 2017, siete años después de que se otorgara el contrato.
“No obra en nuestros registros evidencia de vínculo contractual, colaborativo, ni de representación alguna entre Globalize, LLC y el referido cliente con anterioridad a esa fecha”, dijo Escalera.
“La presentación de propuestas y soluciones ante entidades gubernamentales, orientadas a atender retos operacionales y administrativos, constituye una práctica legítima, una gestión válida y plenamente alineada con el marco normativo vigente”, añadió Escalera en su respuesta. Rechazó hacer expresiones para récord sobre si Globalize recibe ingresos por cada furgón que se inspecciona.
Hoy, Rapiscan, S2 Services y OSI Systems, la compañía matriz, aparecen registrados como clientes de Globalize, según el Registro de Cabilderos del Departamento de Justicia.
El conglomerado tiene a su cargo la operación completa: desde la instalación y mantenimiento de las máquinas hasta la contratación de empleados y su entrenamiento. Tiene negocios similares con los gobiernos de Albania, Guatemala y, más reciente, Uruguay, según anunció a sus accionistas en su informe anual.
Durante el anuncio de la cancelación del contrato, la Gobernadora rechazó contestar por qué el Gobierno mantuvo a esta compañía por casi 15 años, y afirmó que no tiene sospechas de que hubo corrupción relacionada al programa de inspección de furgones. Dijo que su decisión responde a la poca efectividad del sistema y al costo que ha tenido para el Gobierno y los consumidores, a quienes el sector privado traspasa la carga que tiene la tarifa especial de seguridad para los importadores.
Puertos asegura que el contrato está vigente
El Gobierno, durante las administraciones de Fortuño y Wanda Vázquez, enmendó el contrato en cinco ocasiones, aumentando las tarifas y extendiendo la vigencia original de 10 años a 11 años y nueve meses, hasta septiembre de 2021.
En septiembre de 2024, la Junta cuestionó a Puertos por qué el contrato con S2 Services no terminó en septiembre de 2021, cuando debía vencer. Fue en aquel momento que la agencia sostuvo que el término del contrato nunca comenzó a transcurrir, a pesar de que Rapiscan rindió el servicio. Puertos explicó que un supuesto incumplimiento suyo con los términos del arreglo durante la fase inicial ocasionó que la empresa nunca certificara una fecha de inicio de operaciones.
Puertos entonces acordó con S2 Services establecer el 1 de junio de 2021 como fecha de inicio.
Es decir, el arreglo vencería en 2033, casi 25 años después de firmado y sin pasar por un nuevo proceso competitivo.
En su entrevista con el CPI, la Contralora admitió que es inusual que el término de un contrato gubernamental comience a transcurrir más de 10 años después de haberse firmado.
“Por más que quieras darle la vuelta… Puedo entender uno o dos años de prueba, pero 10 años [desde su firma] y que ahora el término comienza en el 2021, eso no se lo compra nadie”, sostuvo Valdivieso.
En el 2024, bajo la administración de Pedro Pierluisi, Puertos sometió para la aprobación de la Junta una nueva enmienda al acuerdo con S2 Services, para extender la vigencia del arreglo hasta 2031 y cambiar a un pago fijo de $1.16 millones mensuales. Bajo el arreglo actual, el Gobierno paga un fee de $57 por cada furgón.
En una carta enviada el pasado 22 de febrero, la Junta autorizó una extensión del contrato pero solo hasta diciembre de 2025 y condicionado a la celebración de un nuevo proceso competitivo para proveer los servicios de inspección de furgones.
El 28 de mayo, en una nueva misiva, la Junta dejó saber que el contratista se opuso a los cambios que pidió el ente rector y aseguró que Puertos “no ha tomado medidas concretas” para atender el asunto.
Además, la Junta requirió a la agencia información sobre los casi $43 millones que, según Puertos, se le deben a S2 Services por supuestas facturas, recargos e intereses sin pagar. También preguntó cómo el cambio a un pago fijo mensual beneficia al Gobierno, y qué hallazgos de contrabando significativos se han realizado gracias a las inspecciones.
Hasta entonces, no existía un dato oficial que muestre la efectividad del programa, como la cantidad de material ilegal detectado y confiscado gracias a las máquinas de escaneo.
El pasado 20 de junio, Puertos contestó a la Junta que la deuda de $43 millones con S2 Services surgió de “un patrón de pagos atrasados y parciales”, a pesar del dinero ingresado a través del cargo especial de seguridad. Sobre hallazgos significativos de contrabando, dijo que, “entre mayo de 2011 y diciembre de 2024, el programa detectó más de 3,400 incongruencias entre los manifiestos de envío y la carga escaneada”, pero que “no han habido confiscaciones significativas de contrabando atribuidas directamente al programa de escaneo”.
Otro requerimiento de la Junta fue identificar cuánto se le ha pagado a S2 Services por furgones que no fueron inspeccionados, pero aún así la empresa facturó por ellos. El arreglo entre Puertos y la empresa permite que esta reciba pago por furgones que no inspecciona, cuando ocurre, por ejemplo, alguna falla en el sistema eléctrico que afecta el funcionamiento de las máquinas de escanear o cuando se alarga la fila de espera.
En su contestación, Puertos dijo que, entre diciembre de 2015 y mayo de 2024, S2 Services facturó por 4,510 contenedores que nunca inspeccionó. La agencia sostuvo que la propuesta de cambiar a una tarifa fija mensual limitaría el riesgo de pagar por furgones que nunca fueron inspeccionados.
En el 2019, un informe especial de la Oficina del Contralor concluyó que esta parte del contrato de S2 Services era leonino, contraria “al orden público y a las normas que rigen el uso de los fondos públicos en nuestro País”. Además, ordenó a Puertos recuperar más de $200,000 que había pagado a S2 Services por 3,768 furgones que nunca fueron inspeccionados entre 2013 y 2015.
En cuanto a los señalamientos de cláusulas leoninas, S2 sostuvo que el contrato fue mayormente redactado por la Autoridad de Puertos, con excepción de los aspectos técnicos del programa.
En su requerimiento a Puertos, la Junta pidió detalles de las acciones tomadas por la agencia para atender los señalamientos de ese informe. Según Puertos, los cambios propuestos al contrato que rechazó el ente fiscal en febrero, buscaban eliminar el pago de furgones sin inspeccionar, y contemplaban la condonación de la deuda que tenía la agencia con S2 Services. También informó que implementará cambios para mejorar la recopilación de datos así como el manejo de los ingresos del cargo de seguridad.
Al ser cuestionado si algún cabildero ha intervenido a favor de S2 Services, Negrón había dicho al CPI: “de mi parte no he recibido ningún tipo de presión de cabilderos ni nada. Y como te dije, esto estoy trabajando, créame, esto es algo que estoy trabajando de la mano con la gobernadora”.
Desde la Legislatura, la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, radicó en mayo una resolución para investigar la extensión sin subasta propuesta para S2 Services. La medida fue referida a la Comisión de Asuntos Internos y no ha tenido ninguna otra actividad. En la Cámara, el representante del PNP, José Aponte, radicó una medida similar para investigar el negocio de inspección de furgones.
S2 dio la bienvenida al escrutinio legislativo, y aseguró que es una “herramienta valiosa” para evaluar y mejorar el programa.
