Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), afirmó que ya es tiempo de que personas capaces y duchos en temas de seguridad trabajen un plan concreto, inteligente y certero para atajar el problema de la entrada de armas ilegales en los planteles escolares.
El caso más reciente ocurrió el pasado jueves en la escuela Jaime Collazo del Río en Morovis, cuando a un estudiante de 15 años se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros, la cual había sido hurtada en Manatí. Ese mismo día se radicaron faltas en su contra por violación a la Ley de Armas y fue ingresado en la Cárcel de Menores de Ponce.
“Otra crónica de una muerte anunciada. Desde hace muchos años, hemos estado alertando sobre los casos de estudiantes llevando armas de fuego ilegales a los planteles escolares”, manifestó.
Torres Meléndez lamentó que cada vez que ocurre un incidente con armas en las aulas “se brinden soluciones sin sentido”, en vez de desarrollar estrategias conducentes a que tanto los estudiantes, como los funcionarios docentes y no docentes en los planteles escolares conozcan sobre temas de seguridad y aprendan cómo defenderse ante cualquier incidente de tirador activo. “Si se mata la curiosidad de los jóvenes con las armas y se educa de la manera correcta, se minimizan las desgracias”, destacó.
El presidente de CODEPOLA expresó que la ocupación de armas de fuego ilegales en las escuelas públicas “ocurre constantemente”, pero debido a que los estudiantes son menores de edad, el trabajador social escolar tiene la responsabilidad de trabajar el asunto de manera discreta y no trasciende a los medios.
Torres Meléndez admitió que su conocimiento sobre el particular proviene de los mismos maestros del Departamento de Educación. “Nosotros estamos informados porque son muchos los maestros que pertenecen a CODEPOLA y nos llaman constantemente para indicarnos lo que está pasando y preguntar sobre qué medidas tomar porque nuestra organización está para eso, para orientarlos”.
Reveló que en diversas ocasiones se ha comunicado con César González, director de Seguridad del Departamento de Educación de Puerto Rico, “para ofrecerle nuestro expertiz y conocimiento de manera gratuita, pero nunca han tomado en consideración nuestro deseo de colaborar”. Los últimos acercamientos fueron durante la pandemia y cuando comenzaron a proliferar los casos de tirador activo a nivel nacional. El curso ofrecido por CODEPOLA es más completo, especializado y de manera presencial. En cambio, el departamento sólo ofrecía un curso virtual.
Irónicamente, la escuela con mayor incidencia criminal está ubicada en el municipio de Bayamón al lado de un cuartel de la policía.
Torres Meléndez aseguró que Puerto Rico podría estar a la vanguardia en el tema de la seguridad y las armas de fuego, pero “nos empeñamos en negarnos la oportunidad de educarnos sobre el tema y estar preparados para evitar una desgracia”. Como agraciadamente no hubo un incidente violento con el arma, algunos pretenden pensar que no pasó nada y no visualizan el riesgo al que estuvieron expuestos.
Consideró absurdo que a los maestros se les prohíbe portar sus armas legales para lo cual poseen una licencia otorgada por estado, pero no tienen un protocolo eficaz para evitar que los estudiantes puedan entrar con armas ilegales a los salones de clases por negligencia y mal manejo de un asunto de seguridad.
“Es increíble que sea el mismo sistema, el mismo gobierno, el mismo Departamento de Educación el que cohíbe y limita a los maestros, que son ciudadanos de bien, para poder defenderse en caso de que un menor se convierta en un tirador activo por ‘bullying’ o por la razón que sea, quien por un arrebato pueda privar de la vida, no tan sólo al maestro, sino a otro estudiante con un arma de fuego ilegal”, resumió.
Torres Meléndez advirtió que un asunto de seguridad tan serio no se resuelve con pestillos, ni detectores de metales. “Hicimos una fuerte crítica por la derogación de fondos públicos para la compra de pestillos para las puertas, los cuales no han sido inspeccionados y ya hay quejas de maestros que dicen que no están funcionando”. En cuanto a los detectores de metales, dijo que en la mayoría de las cárceles y los tribunales “siempre están dañados por falta de mantenimiento, ¿imagínense en las escuelas a la intemperie?”.
El presidente de CODEPOLA recordó que, en el 2016 bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla, el Secretario de Educación firmó una orden ejecutiva autorizando a los maestros y otros funcionarios a portar sus armas de fuego siempre que tuvieran una licencia vigente del Estado.
No obstante, en el 2024, tanto la Federación de Maestros como la Asociación de Maestros “pegaron el grito en el cielo, cuando esa orden estuvo vigente por 9 años y nadie la cuestionó. Demostraron que estaban desenfocados y enajenados de las decisiones que se toman en el Departamento de Educación con relación a sus propios miembros”. La realidad es que, durante todo ese período, no ocurrió ningún incidente con los maestros que portaban armas en las escuelas.
El presidente de CODEPOLA concluyó que continuará en la mejor disposición de brindarle alternativas reales de cómo trabajar con el problema de armas en las escuelas públicas.
