Cuatro organizaciones de derechos humanos y justicia social anunciaron este martes el lanzamiento oficial de la campaña Migrar no es un crimen, un esfuerzo conjunto para denunciar la violencia institucional contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico y promover una cultura de solidaridad, dignidad y resistencia.
Esta campaña se produce en colaboración entre Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, en respuesta al alarmante incremento de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las redadas federales en el archipiélago desde enero de este año, que ha resultado en más de 900 detenciones, en su mayoría de personas sin récord criminal.
“Las políticas migratorias actuales, impulsadas desde Washington con la complicidad del gobierno de Puerto Rico, son actos de extrema violencia institucional. En un país marcado por el colonialismo, no podemos ser cómplices del abuso contra pueblos hermanos que comparten historia, geografía, cultura. Migrar es un derecho, no es un crimen. No aceptamos el encarcelamiento masivo, el abuso y las violaciones de derechos a personas inmigrantes a lo largo de todo Estados Unidos y de nuestro archipiélago. Resistir esta criminalización es un deber ético y político”, expresó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.
Las organizaciones hicieron el anuncio durante una conferencia de prensa convocada frente al edificio que alberga las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y la Corte de Inmigración en Puerto Rico, ubicado en la zona de San Patricio en Guaynabo, como un acto de protesta y denuncia en contra de las violaciones de derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes, ejecutadas por estas entidades dentro del edificio y en las calles del país.
La campaña tendrá presencia en redes sociales, vallas publicitarias, radio, carteles en la calle, espacios educativos, voceteo comunitario, y en el sacalacarapr.com donde las personas podrán encontrar recursos de apoyo, herramientas legales y formas de activarse en solidaridad con sus comunidades.
Entre los reclamos principales, las organizaciones exigen:
- Una política de santuario y no-cooperación con agencias migratorias federales.
- Protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes, que incluya el acceso igualitario a la salud, educación, vivienda y defensa legal sin importar su estatus migratorio.
- Que los ya limitados recursos públicos municipales y estatales estén al servicio del pueblo, no de las agencias federales.
- La descriminalización de la migración y el cese del encarcelamiento de personas migrantes.
La campaña #MigrarNoEsUnCrimen también incluye actividades educativas y artísticas en distintas comunidades, talleres de defensa migratoria y jornadas de acompañamiento legal. Las organizaciones hicieron una invitación al público a endosar los reclamos de la campaña en el sitio web Sacalacarapr.com, así como a conversar en colectivo, difundir los mensajes, sumarse a las actividades y apoyar la divulgación de este esfuerzo.
«Migrar es un derecho humano reconocido por el derecho internacional, no un crimen. Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, este derecho está protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Estados Unidos es parte de estos convenios y no está exento de cumplir con las obligaciones allí expresadas», afirmó Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU de Puerto Rico.
«La propia legislación federal reconoce que las personas migrantes deben tener la oportunidad de ser escuchadas, de solicitar asilo u otras medidas de protección. Estados Unidos tiene que proveer alternativas adecuadas y justas, que no pongan en peligro la vida y la dignidad humana de las personas migrantes que se encuentran en su territorio”, sostuvo la abogada.
La iniciativa busca visibilizar y denunciar el autoritarismo en la política federal contra las personas migrantes y la colaboración violenta del gobierno estatal. También persigue reivindicar la historia migratoria de Puerto Rico, promoviendo un deber ético de resistencia y solidaridad con quienes buscan refugio. Además de exigir cambios estructurales en las políticas migratorias a nivel estatal y federal, el movimiento ofrece guías y recursos para la defensa comunitaria, impulsando la acción política y legislativa desde una perspectiva de solidaridad.
“Puerto Rico tiene una historia migratoria que nos obliga a ser solidarios. En vez de alentar la persecución y el racismo, tenemos que abrazar el compromiso con los derechos humanos”, señaló Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico.
“Esta campaña no solo denuncia, también construye. Invitamos a las comunidades a organizarse, cuidarse, acompañarse y a resistir juntas. Estamos sembrando redes de apoyo para defender la vida”, subrayó Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe.
