El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, junto a la portavoz alterna, Marially González Huertas, celebraron una conferencia de prensa hoy lunes para presentar varias propuestas en beneficio de los estudiantes con diversidad funcional. El senador Luis Javier Hernández Ortiz señaló que “este miércoles comienzan las clases en el sistema público de enseñanza y nosotros iniciamos la semana presentando propuestas para mejorar nuestro sistema educativo. Como ustedes ya conocen, uno de los temas que hemos atendido es el de la diversidad funcional mediante la presentación de distintas propuestas legislativas”.
En concreto, en el mes de marzo presentamos la iniciativa ‘Escuelas Públicas de Inclusión’, por medio del Proyecto del Senado 439, con la intención de crear espacios donde todos los estudiantes de educación especial y con diversidad funcional pudieran desempeñarse por grados académicos junto con estudiantes de la corriente regular y recibir en su mismo plantel escolar, todos los servicios necesarios.
“Dicha medida, (el PS 439) lamentablemente recibió un informe negativo en el Senado, en el último día de sesión legislativa, sin tan siquiera evaluarla en vistas públicas. Lo justo hubiera sido permitir la participación de distintos sectores interesados, para que pudieran expresarse”, añadió Hernández Ortiz. González Huertas expuso que “tanto el Departamento de Educación (DE) como la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) reconocieron el fin y los objetivos loables de la medida, pero sugirieron unas modificaciones para poder implementar la idea, de haberse convertido en Ley”.
Entre los comentarios de las dos entidades estaba la preocupación de que los Municipios pudieran asumir la administración de este tipo de escuela. Además plantearon que el término de cinco (5) años para lograr las escuelas inclusión en Puerto Rico, era un término muy limitado. La también senadora por el distrito de Ponce, añadió que “pesar de que esta las objeciones de estas entidades podían trabajarse a nivel de la Comisión de Educación e informar la pieza legislativa positivamente con enmiendas, ese no fue el caso. Ante ello, hemos trabajado una nueva medida que será presentada de cara a la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa que acoge las recomendaciones tanto del Departamento de Educación, como de la Asociación de Maestros de Puerto Rico”.
La primera de las tres propuestas presentadas crea el concepto ‘Escuelas Públicas de Inclusión’ como espacios donde todos los estudiantes de educación especial y/o con diversidad funcional puedan desempeñarse por grados académicos junto con estudiantes de la corriente regular y recibir en el mismo plantel escolar, todos los servicios necesarios. El Hernández Ortiz explicó que “lo que buscamos es fomentar ambientes inclusivos dentro del sistema público de enseñanza, de la siguiente manera: establecer que el Departamento de Educación deberá formalizar en un periodo de diez (10) años Escuelas Públicas de Inclusión. Nosotros no buscamos inventar la rueda, ya el Departamento tiene escuelas suficientes, lo que necesitan hacer es adaptarlas para que cumplan con el propósito que queremos establecer mediante Ley, para lograr esa inclusión”.
Las características o requisitos para estas escuelas son diez (10). Primero (1), proporcionar una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes, que les permita desarrollar las capacidades y talentos necesarios para ser ciudadanos productivos y capaces de contribuir al bienestar común, teniendo como norte el óptimo desarrollo de todos los estudiantes de educación especial y con diversidad funcional. Segundo (2), asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional en los salones de clases de corriente regular, fomentando la interacción con sus pares en el ambiente menos restrictivo. Tercero (3), promover la creación de espacios apropiados en los salones de clases para estudiantes de cualquier corriente y con cualquier diversidad. Cuatro (4), establecer servicios directos en el plantel escolar, promoviendo que estos se puedan ofrecer directamente en las escuelas disminuyendo así que los padres tengan que visitar distintos centros de terapias para proveerles los servicios.
El Quinto (5) requisito, asegurarse que la población de educación especial y/o con diversidad funcional pueda participar del deporte adaptado, mediante la educación física adaptada, fomentando la actividad deportiva como una disciplina que atienda las necesidades específicas de cada estudiante y llevándolos a su máximo potencial de desarrollo. Sexto (6): garantizar que la población de educación especial y/o con diversidad funcional tenga mayores opciones para su futuro profesional. Para ello se deberá impulsar oportunidades de empleo para esta población, utilizando los fondos federales de ‘Workforce Innovation and Opportunity’ (WIOA) realizando los cambios que sean necesarios al Plan de la Junta Estatal, para priorizar a este sector en las oportunidades de empleo creadas. Séptimo (7): contar con espacios para proveer los servicios de terapia del habla, ocupacional, psicológica, física, educativa, entre otras, de manera que se fomente que los servicios educativos se integren con los servicios terapéuticos en un mismo ambiente. Octavo (8): garantizar que cualquier persona no vidente que sea parte de la Escuela Pública de Inclusión cuente con las mayores oportunidades y herramientas, tales como el sistema de lectura y escritura Braille, letra agrandada, lectores y anotadores o cualquier otra asistencia tecnológica que le ofrezca igualdad de oportunidades. Noveno (9): realizar un análisis de las destrezas vocacionales en aquellos estudiantes que su diploma tenga que ser modificado y canalizarán el proceso junto a la Administración de Rehabilitación Vocacional. Y décimo (10), contar con una planta física que permita incorporar estudiantes de diversidad funcional dentro de un ambiente seguro, eliminando barreras arquitectónicas y viabilizando nuevas alternativas de ubicación y de acomodos razonables para los estudiantes.
La segunda propuesta es decretar la ‘Ley de transición laboral y a la vida independiente para estudiantes de educación especial y/o con diversidad funcional’. El portavoz popular detalló que “esta pieza legislativa es que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fomente la transición de los estudiantes de educación especial o con diversidad funcional hacia el mundo laboral y a la vida independiente. Para eso, proponemos que se establezca un Programa adscrito al Departamento del Trabajo (DT), pero con la participación del Departamento de Educación (DE), la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como instituciones post secundarias debidamente acreditadas y cualquier otro grupo o sector para que recopilen una guía de servicios, de oportunidades laborales y ofertas académicas para las personas de educación especial o con diversidad funcional”. Dicho programa, podrá además sugerir cambios en la legislación vigente, en aras de viabilizar mayores oportunidades para esta población”.
Finalmente, los senadores populares hicieron un llamado a la totalidad de los senadores, a que las propuestas legislativas puedan ser consideradas con todo el rigor en la Comisión de Educación, como parte de los trabajos de la segunda sesión ordinaria. “Con la presentación de dichas piezas legislativas, reafirmamos nuestro compromiso con las personas con la educación, las personas con diversidad funcional y las oportunidades hacia una vida independiente para estos. Cuando el país reclama una mejor calidad de vida, un desarrollo económico sostenible, es un reclamo muy válido y es viable por medio de la educación a todos los niveles. Cada sector de la población escolar tiene unas necesidades particulares y nosotros en la delegación del Partido Popular Democrático estamos haciendo nuestra parte. Esperamos que se abra la discusión ante este tema tan importante”, finalizó Hernández Ortiz.
