En medio de las denuncias continuas sobre las condiciones precarias en la Casa del Veterano, la Oficina del Procurador del Veterano (OPV) notificó este jueves en una vista pública cameral que el gobierno de Puerto Rico demandó al operador privado Ambassador Veteran Services (AVS) para iniciar la cancelación del contrato vigente y exigir la devolución de más de $9.4 millones en daños que incluyen fondos públicos mal utilizados.
La información fue compartida por el procurador Agustín Montañez en su citación ante la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos -presidida por el representante José Aponte Hernández- como parte de una investigación legislativa sobre la crisis operacional en este centro que presta servicios de cuidado prolongado a soldados retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
“El operador actual de la instalación ha incurrido en serios incumplimientos del contrato de operación vigente con el gobierno de Puerto Rico, con los cuales ha comprometido la calidad de los servicios y la seguridad de sus residentes”, manifestó Montañez en un memorial explicativo.
El titular advirtió el riesgo de continuidad de las operaciones luego de que AVS inició un proceso de quiebra el pasado mes de junio y las cuantiosas deudas acumuladas con diversas agencias estatales han resultado en embargos de fondos federales por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) que son destinados al funcionamiento de la instalación ubicada en Juana Díaz.
Según la OPV, la empresa adeuda más de $1.7 millones a LUMA Energy por servicios eléctricos impagos; sobre $650,000 al Departamento de Hacienda por impuestos y retenciones no remitidas; más de $225,000 a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado por pólizas patronales; y cerca de $125,000 al Departamento del Trabajo por pagos del seguro de desempleo.
Montañez detalló que hace escasos días el operador alegó no tener los fondos suficientes para sufragar la nómina, situación que hubiera repetido el impago de salarios a finales del 2024 y que suscitó una huelga de empleados el pasado 1 de enero. Sin embargo, el procurador dijo que AVS logró efectuar el pago.
Añadió que, pese a la crítica situación financiera, el único dueño de AVS, de nombre Timothy Sadler, se paga a sí mismo beneficios mensuales por la operación en sumas que fluctúan entre los $40,000 y $50,000. El procurador afirmó que este dinero es producto de las rentas que pagan los residentes de la Casa del Veterano a la empresa.
“Esta conducta se considera particularmente reprochable y posiblemente ilegal cuando la empresa ha alegado no tener fondos suficientes para pagar salarios, servicios básicos o cumplir con sus obligaciones fiscales”, puntualizó Montañez, quien aseguró que la OPV ha tomado medidas urgentes para exigir a la compañía el cumplimiento de sus compromisos contractuales.
Entre las acciones inmediatas se encuentra la declaración de un estado de emergencia operacional por parte de la OPV y el proceso legal que para conducir la resolución del contrato de AVS por conducto del Departamento de Justicia. Montañez agregó que su agencia fiscaliza el plan correctivo sometido por el operador y que fue aprobado por el Departamento de Asuntos del Veterano de los Estados Unidos (DVA, en inglés) para poder continuar las operaciones.
Además, subrayó que encamina otros planes de trabajo junto a La Fortaleza para garantizar la continuidad de los servicios tanto de salud, como de cuidado domiciliario, en caso de futuros incumplimientos de la compañía en el transcurso del proceso de quiebra.
El representante Aponte Hernández expresó que la comisión cameral asumirá “la acción legal que tengamos que tomar en apoyo a la Oficina del Procurador del Veterano para el cumplimiento con el plan correctivo”.
“Que Justicia también sepa que la Cámara de Representantes tiene un interés apremiante en que esto se dé en una forma apropiada, porque si nosotros le cumplimos a los que se han puesto a disposición de la libertad y la democracia, seremos responsables”, declaró el legislador.
Licencias en riesgo
El procurador del Veterano detalló durante la vista pública que la AVS aún espera por la renovación de la licencia que otorga el Departamento de la Familia para la operación de los servicios domiciliarios de la Casa del Veterano luego de que la empresa no entregó la documentación requerida en el plazo adecuado y dejó vencer el permiso.
En un memorial explicativo que fue entregado a la comisión cameral, AVS informó que el pasado 25 de junio solicitó a la Oficina de Licenciamiento las instrucciones para proceder con la renovación en medio del proceso de quiebra. El licenciado Javier Vilariño, representante legal autorizado por el Tribunal Federal de Quiebras, explicó en la ponencia escrita que el asunto fue referido a nivel central para la determinación de la agencia.
Por otro lado, comunicó que la licencia del Departamento de Salud para operar el área de “Nursing Home”, que incluye servicios médicos, está vigente hasta el 19 de julio de 2025 y la renovación ya fue aprobada. La Casa del Veterano alberga un total de 110 residentes, de los cuales 104 están en el área de cuidado prolongado de enfermería y otros seis en el área domiciliaria.
A pesar de que AVS había confirmado su asistencia a la audiencia pública, ningún portavoz de la empresa compareció hoy a la citación. El representante Aponte Hernández alertó que la comisión recurrirá al tribunal para citar a los administradores bajo apercibimiento de desacato en caso de que continúen las ausencias.
De la vista pública también participaron los legisladores Luis “Junior” Pérez Ortiz, Lisie Burgos Muñiz y Ramón Torres Cruz.
